En un país donde se registran más de 18 mil menores desaparecidos, muchos de ellos a manos del crimen organizado, no se debe proteger, por ningún motivo, a autoridades impresentables acusadas de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho últimamente en reiteradas ocasiones desde Palacio Nacional.
“Voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hasta ahora”, contesta la primera mandataria cuando le cuestionan sobre el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más, investigados en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
La jefa del Ejecutivo ya sabe la respuesta. No se sale de la narrativa de que se requieren pruebas irrefutables ante la solicitud urgente de detención y extradición de sus compañeros de partido.
“Así de sencillo, es un asunto jurídico. Y tiene que ver también con la soberanía de México. Entonces, hasta ahí”, ataja la presidenta Sheinbaum como si quisiera con ello detener las preguntas de los reporteros en las conferencias de prensa y abordar los temas más cómodos para ella, como la visita del grupo surcoreano BTS en Palacio Nacional.
Sin embargo, la gravedad de la situación persiste. Mientras hay una solicitud de detención y extradición en el vecino país del norte, la jefa del Ejecutivo no ha pedido, o no lo ha hecho de manera pública, una investigación a la Fiscalía General de la República en contra de los funcionarios.
Las pruebas existen: candidatos de oposición denunciaron que el día de la elección, grupos armados operaron para que Rocha Moya ganara la contienda. Incluso, se registraron secuestros de familiares de candidatos para que declinaran por Morena.
Por ejemplo, su compañero de partido, Luis Guillermo Benítez, “El Químico”, prometió entregar detalles a la presidenta de su red de complicidades. Aseguró que Rocha Moya le pidió que declinara en la contienda.
Los números en el estado gobernado por Rocha Moya no mienten. Durante 2021, a su llegada, se registraban 556 homicidios dolosos anualmente, y en los siguientes años de administración estos aumentaron hasta llegar a mil 355 en 2025. Las cifras crecientes de violencia disminuyeron también los indicadores económicos y han afectado las inversiones.
Pese a las pruebas, las autoridades prefieren voltear a otro lado y al mismo tiempo abandonan a las víctimas. Ante las acusaciones en Estados Unidos, la presidenta ha optado por seguir con la cantaleta de defender la soberanía y autonomía de nuestro país. Sin embargo, lo he dicho y lo reitero, no hay peor pérdida de soberanía que la que se vive bajo el yugo del crimen organizado. Esto desafortunadamente ya se vive en varias regiones del país, lamentablemente, ante la mirada de un gobierno indolente.
Comentario final
Nos queda claro, el manto protector del Ejecutivo no solo cubre a las autoridades de Sinaloa, también protege a compañeros del Senado de la República, provenientes de Tabasco. Semana treinta y dos: ¿Cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?
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