La defensa de la soberanía no solo tiene que ver con defender al país de amenazas externas, sino también con la capacidad real del Estado para mantener el control de su territorio y hacer que se cumplan las leyes, porque es el poder que la ciudadanía le cede para su protección. Sin embargo, en México muchas veces la conversación pública se enfoca únicamente en lo que viene de fuera, mientras se deja en segundo plano un problema que afecta todos los días a millones de personas: el crecimiento del crimen organizado dentro del país y el desamparo en que vivimos.
La soberanía no es, únicamente, un tema político o diplomático frente a otras naciones. También se refleja en la vida diaria de la ciudadanía. Un país verdaderamente soberano es aquel donde las personas pueden vivir con seguridad, tranquilidad y acceso a la justicia. Cuando hay comunidades enteras viviendo entre amenazas, extorsiones y violencia constante, es válido preguntarse qué tanto control tiene realmente el Estado en ciertas regiones.
Desde hace años, México vive una crisis de seguridad complicada, relacionada no solo con el crimen organizado, sino también con problemas como la corrupción, la violencia feminicida, la impunidad, la desigualdad y la falta de oportunidades. Este tema no puede reducirse únicamente a una estrategia de enfrentamiento armado, pero tampoco debería minimizarse ni verse como algo “normal” en la vida cotidiana.
La Constitución mexicana deja claro que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública, proteger los derechos humanos y mantener la paz social. Por eso, la seguridad debe entenderse como un derecho de todas las personas y no como un privilegio. Los hombres y mujeres mexicanas tienen derecho a vivir sin miedo, moverse libremente y desarrollarse en entornos seguros.
Por lo mismo, defender la soberanía nacional implica mucho más que rechazar cualquier intervención extranjera. También significa fortalecer las instituciones, recuperar la confianza de la ciudadanía, combatir la corrupción y evitar que grupos criminales estén por encima de la ley. La fuerza de un Estado no se demuestra solo con discursos nacionalistas, sino con resultados reales que protejan a la población y hagan valer el Estado de derecho.
También es importante reconocer que la seguridad no se construye únicamente con el uso de la fuerza o medidas reactivas. Hace falta impulsar políticas públicas más completas que atiendan las causas de la violencia, como la falta de educación, empleo, oportunidades y acceso a la justicia. Pero al mismo tiempo, esas estrategias deben ir acompañadas de acciones firmes y coordinadas contra quienes generan violencia y afectan a la población.
México necesita una conversación seria y responsable sobre la relación entre seguridad y soberanía, pero sin caer en la polarización política o ideológica. Al final, garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía no debería ser tema sólo de partidos, sino una obligación básica del Estado.
La defensa de la soberanía empieza cuando todas las personas pueden vivir con libertad, seguridad y dignidad dentro de su propio país.
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