Mientras millones de personas celebraban la inauguración del Mundial de Futbol, en México hubo quienes acudieron a ese momento histórico con una pregunta mucho más urgente que cualquier marcador: ¿dónde están?
Madres y padres buscadores llegaron a la Ciudad de México para recordar que, detrás de la fiesta, existe una de las mayores tragedias humanitarias que enfrenta nuestro país. Más de 130 mil personas permanecen desaparecidas y, detrás de cada una de ellas, hay una familia atrapada entre la incertidumbre, el dolor y la esperanza de volver a encontrarlas.
No acudieron a arruinar ninguna celebración. Fueron a hacer visible una realidad que demasiadas veces se intenta relegar al silencio. Querían que el mundo supiera que México no sólo es sede de un Mundial; también es un país donde miles de familias buscan a sus seres queridos con sus propios recursos, recorriendo caminos, desiertos, fosas clandestinas y oficinas gubernamentales que con frecuencia les ofrecen más burocracia que respuestas.
La imagen de Doña Viky Ponce, madre buscadora de Jalisco, arrodillada frente a una valla policial mientras suplicaba que la dejaran pasar, resume con crudeza esa realidad. Frente a ella había jóvenes policías que parecían incómodos, incluso conmovidos. Detrás de ellos, un aparato institucional incapaz de mostrar la misma empatía.
La respuesta posterior del Gobierno federal agravó aún más la indignación. En lugar de centrar la atención en las más de 130 mil personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que investigarían quién financió el traslado de algunas madres buscadoras desde Jalisco para participar en la manifestación.
La pregunta resultó ofensiva porque invirtió las prioridades.
La propia Doña Viky respondió con una claridad imposible de ignorar: llegaron como llegan a cada búsqueda, con los pesos contados, con cansancio, con hambre y con la determinación de no rendirse. Esa respuesta exhibió la distancia entre quienes viven la tragedia y quienes la observan desde el poder.
A esta exigencia se sumó Gustavo Hernández, padre buscador, quien aprovechó el escaparate mundialista para dirigir un mensaje a la Selección Mexicana antes del partido contra Corea. Su petición fue sencilla y profundamente humana: recordar que representan a un país con más de 130 mil sillas vacías en las mesas de familias que siguen esperando a sus seres queridos. Su mensaje logró poner en palabras lo que sienten miles de familias mexicanas: la ausencia nunca deja de doler.
Paradójicamente, mientras las madres y padres buscadores continúan esperando ser escuchados y recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, la conversación pública se volcó sobre Merlín, el pato que conquistó las redes sociales durante el Mundial. La propia presidenta manifestó interés en recibirlo. Sin embargo, quien dio una lección de sensibilidad fue Carla Gómez, madre y dueña de Merlín, quien señaló que su pato no necesita reflectores políticos y que quienes verdaderamente merecen atención son las madres buscadoras que llevan años recorriendo el país en busca de sus hijos e hijas.
Sus palabras recordaron algo esencial: los reflectores pueden esperar, pero las familias que buscan a sus desaparecidos no.
La gravedad de esta crisis ya no sólo preocupa dentro de México. La activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas refleja la preocupación internacional por la magnitud del problema y la necesidad de respuestas efectivas por parte del Estado mexicano.
Cuando una tragedia alcanza ese nivel de atención internacional, el debate ya no debería centrarse en quién financió una protesta. La discusión tendría que enfocarse en cómo encontrar a las personas desaparecidas, cómo combatir la impunidad y cómo acompañar a las familias que han tenido que asumir tareas que corresponden al Estado.
Porque mientras el mundo celebra goles, ceremonias y victorias deportivas, hay miles de madres y padres mexicanos que siguen esperando una llamada, una pista o una respuesta.
Y mientras las autoridades se preguntan quién pagó un autobús, más de 130 mil familias siguen preguntando quién se llevó a sus hijos.
Esa es la pregunta que México debería estar respondiendo a los padres y madres buscadoras: “¿Dónde están? ¿Nuestros hijas e hijos, dónde están?”.
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