México vuelve a enfrentarse a una de las imágenes más dolorosas de su realidad: una madre buscando desesperadamente a su hija desaparecida.
La escena de Rubicelia Ramírez acercándose a la presidenta de la República para pedir ayuda en la localización de su hija, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, no debería formar parte de la vida pública de una democracia. Sin embargo, hoy resume con crudeza una de las mayores tragedias nacionales: la violencia, la impunidad y la vulnerabilidad en la que viven miles de personas en nuestro país.
El pasado 2 de junio, Roxana fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados que irrumpieron violentamente en su domicilio en Nanchital, Veracruz. El hecho quedó registrado en video. Las imágenes muestran cómo la puerta de su vivienda es derribada y cómo la periodista es arrancada de su entorno familiar. Días después, su paradero continúa siendo desconocido.
Mientras las autoridades informan sobre operativos, líneas de investigación y recorridos de búsqueda, una madre sigue contando las horas de ausencia de su hija. Porque detrás de cada expediente existe una familia que vive la incertidumbre más cruel: no saber dónde está un ser querido ni cuál es su destino.
El caso de Roxana trasciende la desaparición de una mujer. Se trata también de la desaparición de una periodista en un país que desde hace años figura entre los más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión.
De acuerdo con Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 176 periodistas en México en posible relación con su labor informativa y 32 permanecen desaparecidos. Tan sólo durante 2025 se registraron 451 agresiones contra la prensa, siete asesinatos y una desaparición. Organismos internacionales coinciden en señalar que México continúa siendo el país más peligroso de América Latina para quienes ejercen el periodismo.
Veracruz representa uno de los capítulos más dolorosos de esta historia. Con al menos 32 periodistas asesinados desde el año 2000, la entidad se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrentan quienes informan desde lo local, muchas veces sin protección suficiente y en contextos marcados por la presencia de grupos criminales, corrupción e impunidad.
Por ello, la desaparición de Roxana no puede verse como un hecho aislado. Constituye una agresión contra la libertad de expresión y contra el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando una periodista desaparece, no solamente se pierde una voz; se debilita una de las herramientas fundamentales de toda democracia.
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen el periodismo. La búsqueda de Roxana debe mantenerse como una prioridad absoluta hasta lograr su localización y el esclarecimiento de los hechos.
Pero también es indispensable reconocer una realidad que no admite más evasivas: ninguna estrategia de protección será suficiente mientras la impunidad continúe siendo la regla y no la excepción.
Hoy, por encima de diferencias ideológicas, intereses partidistas o discursos políticos, existe una exigencia elemental de humanidad y de justicia: que Roxana Guzmán regrese con vida a su hogar.
Porque una sociedad que permite que sus periodistas desaparezcan es una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse al silencio. Y cuando el miedo logra silenciar a quienes informan, la democracia entera comienza a perder la voz.