México cuenta con uno de los marcos normativos más amplios de la región para la protección de niñas, niños y adolescentes. Instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen a la niñez como sujeto pleno de derechos y establecen la obligación de las autoridades de actuar bajo el principio del interés superior de la niñez. No obstante, en la práctica persiste una brecha significativa entre lo establecido en la ley y su aplicación efectiva.
Datos recientes difundidos por la Red por los Derechos de la Infancia en México evidencian que continúan altos niveles de violencia que afectan directamente a este sector. Entre los delitos más frecuentes se encuentran la violencia sexual, la desaparición, la violencia familiar, la trata de personas y diversas formas de agresión física y psicológica. Estas cifras reflejan que la infancia sigue enfrentando contextos de riesgo estructural en distintas regiones del país.
La violencia contra niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno aislado. Está profundamente vinculada con factores como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la impunidad, la falta de acceso a servicios públicos y la debilidad institucional. A ello se suman condiciones que agravan la vulnerabilidad en ciertos grupos, como el género, la discapacidad, el origen indígena, la condición migrante o la situación de calle.
En materia de salud y educación, también persisten retos importantes. Tras la pandemia, se han documentado afectaciones emocionales como ansiedad y depresión, así como rezago escolar, especialmente entre adolescentes. Asimismo, continúan los riesgos de abandono escolar relacionados con la violencia comunitaria, el trabajo infantil y las necesidades económicas familiares. Esto evidencia que la garantía de derechos requiere políticas públicas integrales y coordinadas.
En este contexto, resulta fundamental fortalecer los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en todos los niveles de gobierno. Estos mecanismos permiten articular acciones institucionales, prevenir riesgos, atender violencias y, de manera clave, incorporar la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les afectan.
Un ejemplo de ello se observó en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se llevó a cabo la primera sesión del sistema local de protección con la participación de autoridades locales y representantes de instancias nacionales y de la Ciudad de México. Esta coordinación interinstitucional es esencial para compartir responsabilidades y generar respuestas más eficaces frente a los desafíos que enfrenta la infancia.
Destacó particularmente la participación activa de niñas, niños y adolescentes, quienes expresaron preocupaciones relacionadas con la seguridad, los espacios públicos, la escuela y su bienestar emocional. Escuchar sus voces permite identificar necesidades reales y diseñar soluciones más cercanas a su vida cotidiana. Además, se propuso realizar una consulta para elaborar un programa integral de derechos y avanzar en la creación de un consejo consultivo infantil.
Este tipo de ejercicios constituye una buena práctica, ya que reconoce a la niñez no solo como sujeto de protección, sino también como actor con derecho a participar. Cuando se combina la coordinación institucional con la escucha activa, es más factible responder de manera efectiva a sus necesidades.
México enfrenta el reto urgente de convertir los derechos reconocidos en realidades tangibles. Reducir la violencia, mejorar los entornos escolares, garantizar la salud mental y fortalecer los espacios de participación no son acciones accesorias, sino condiciones esenciales para una sociedad democrática. Atender a niñas, niños y adolescentes no solo implica invertir en el futuro, sino asumir con responsabilidad el presente.