Margarita Núñez
Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana
Hace cuatro décadas, América Latina vivía dictaduras, guerras y persecución. Frente a ese éxodo, los países de la región firmaron la Declaración de Cartagena para proteger a quienes huían, y México dio el ejemplo: no sólo impulsó el proceso de la Declaración, sino que abrió sus puertas a miles de personas refugiadas centroamericanas y sudamericanas. Esa hospitalidad fue, durante años, parte de nuestra identidad y orgullo como nación.
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas, conviene preguntarnos qué queda de aquella tradición. La respuesta es desalentadora. Mientras el discurso oficial sigue presumiendo a México como tierra de asilo, en los hechos asistimos al desmantelamiento de la institución encargada de hacerlo realidad: la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR.
Somos uno de los principales destinos de solicitantes de asilo en el mundo. Las peticiones pasaron de unos 2 mil casos al año hace una década a más de 140 mil en su punto más alto en 2023. Sin embargo, la COMAR que debe dichas peticiones opera con un presupuesto raquítico, cada año menor, sostenido en buena medida por fondos internacionales que también se han recortado drásticamente. El resultado es previsible: oficinas cerradas, personal despedido, decenas de miles de personas que esperan más de un año por una respuesta que la ley promete en cuarenta y cinco días.
Pero el obstáculo no es sólo administrativo. Quien intenta solicitar refugio en México se topa con un muro construido a propósito: citas imposibles de conseguir, filtros para desalentar las peticiones, documentos que por ley corresponden y que simplemente no se entregan. Y a esa traba se suma la persecución. En la propia capital del país hemos presenciado operativos de detención migratoria encabezados por el Instituto Nacional de Migración, acompañados por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones policiales, en escenas que evocan las políticas de Trump. Familias enteras son subidas por la fuerza a autobuses y trasladadas a estados del sur, lejos de los lugares donde buscaban rehacer su vida. Así, es el propio Estado el que primero niega el acceso al refugio y después castiga a quienes carecen de documentos que las mismas autoridades se rehúsan a otorgar. Obstaculizar el refugio se ha vuelto, de facto, una política de Estado.
A este abandono se suma algo más grave. Documentos oficiales obtenidos por organizaciones civiles y periodistas revelan que, mientras el gobierno negaba públicamente cualquier acuerdo, México viene recibiendo desde la frontera norte a personas deportadas por Estados Unidos que no son mexicanas. Más de seis mil cubanos —muchos mayores, enfermos, con décadas de vida construida del otro lado— han sido trasladados en autobús hasta el sureste del país y liberados, de madrugada, sin documentos, sin vivienda, sin atención médica ni vía legal alguna para regularizarse. El traslado costó al erario millones de pesos; a las personas, su dignidad.
Recibir a alguien en un lugar donde no se le garantiza protección y donde queda expuesto a la indigencia o al crimen organizado viola un principio elemental del derecho internacional: nadie debe ser devuelto al peligro. México, que abanderó en el ámbito internacional por décadas ese principio, hoy lo incumple en colaboración con Estados Unidos.
Conmemorar a las personas refugiadas no puede reducirse a un acto protocolario. Una política que celebra a las personas refugiadas en el papel mientras las expulsa, las abandona o las invisibiliza en los hechos no es hospitalidad: es un espejismo. México todavía puede elegir el otro camino, el que ya transitó alguna vez. Pero hospitalidad que no se traduce en recursos, en instituciones que funcionen y en derechos garantizados, no es más que una palabra vacía.
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