Por Eurídice María Velázquez Maccise y Janette Carrillo Díaz
Desde la década de los años 90, miles de personas en México han tenido que abandonar sus hogares para sobrevivir. Huir de casa no es un hecho aislado: es una realidad persistente que sigue expandiéndose en distintas regiones del país, marcada por contextos de violencia que continúan afectando a comunidades enteras.
Para ponerlo en contexto: en 2025 documentamos que al menos 15,795 personas tuvieron que desplazarse en 11 estados del país a causa de la violencia, en el 83% de los casos vinculada con grupos del crimen organizado. Esta cifra debe entenderse como un mínimo registrado, ya que actualmente no contamos con ningún registro que contabilice cuántas personas se desplazan diariamente en este país.
Todavía más preocupante es que el uso de drones con explosivos, minas antipersona y ataques dirigidos contra comunidades civiles se ha incrementado exponencialmente. Estas prácticas no solo obligan a las personas a huir; también destruyen viviendas, medios de vida, redes comunitarias y el patrimonio biocultural de las regiones afectadas.
Hace unos días, en la zona de la Montaña de Guerrero, ataques con drones y armas de alto calibre perpetrados por el grupo criminal “Los Ardillos” en contra de las comunidades indígenas pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) obligaron a más de 2,200 personas a desplazarse. Este tipo de violencia también se ha documentado en otros estados del país, por ejemplo, entre 2022 y 2025, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán registró al menos 26 eventos con explosivos con víctimas humanas, que resultaron en 34 personas asesinadas y 47 lesionadas en el estado de Michoacán.
A pesar de la magnitud y gravedad del fenómeno, México continúa sin contar con una Ley General en materia de desplazamiento interno. La ausencia de un marco federal ha contribuido a mantener respuestas fragmentadas, mayoritariamente reactivas y desiguales entre entidades federativas.
Si bien es importante reconocer los esfuerzos institucionales que se han desarrollado en distintos estados, como leyes locales, protocolos emergentes de atención y apoyos asistenciales, estos continúan siendo insuficientes frente a una crisis prolongada y compleja que ha obligado a miles de familias a abandonar sus raíces y formas de vida a causa de la violencia.
Nombrar el desplazamiento interno importa, contabilizarlo también, porque lo que no se nombra, no existe. Lo que no se contabiliza, no se puede atender. Lo que no se atiende, se hereda y complejiza.
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
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