El 8 de enero, Twitter prohibió al entonces presidente de Estados Unidos , Donald Trump, el uso de su plataforma de manera permanente por violar sus políticas internas en torno a la glorificación y promoción de la violencia. Facebook, Instagram, YouTube y otras también tomaron acciones temporales, indefinidas o permanentes en contra de la presencia del presidente en sus plataformas. Diferentes usuarios de redes sociales y figuras políticas en todo el mundo, incluyendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresaron su confusión y enojo sobre la decisión de la empresa.
Sus preocupaciones apuntan a un dilema inherente en la política estadunidense del internet. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos tiene poco poder sobre las redes sociales que dominan el discurso público, esto dado que las leyes existentes proveen a las empresas amplios poderes y protección legal para administrar el contenido en sus plataformas de la manera que ellas quieran. Debido a que estas plataformas se han convertido en lugares clave para la discusión de ciudadanos de distintos países, las redes sociales en Estados Unidos pueden ser vistas como un árbitro global de la libertad de expresión cuando vigilan sus propias plataformas, un papel que muchos consideran problemático.
El entramado legal en Estados Unidos
Para entender mejor la coyuntura, se deben de analizar tres ideales legales que se intersecan en la política estadunidense del internet: la Primera Enmienda de la Constitución, una ley conocida como la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA, por sus siglas en inglés), y una ley contractual que permite a las empresas establecer los términos de sus servicios. Cambiar el actual marco legal requeriría modificar uno o más de estos tres elementos. Cambiar cualquiera de los tres implicaría priorizar una libertad por encima de otras.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso no debe de introducir alguna ley que acorte la libertad de expresión. Aplicado a la esfera del internet, esto significa que el Congreso de los Estados Unidos no puede legislar lo que los ciudadanos pueden y no pueden expresar en línea. Bajo la actual interpretación, la Primera Enmienda limita al gobierno, pero no a las empresas particulares. Esto significa que Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas pueden definir lo que es permisible y rechazar contenido en sus plataformas.
El Congreso les ha proporcionado a las plataformas la libertad para establecer sus propias reglas de libertad de expresión. Tras dos casos judiciales relevantes sobre la moderación de contenido en los noventas, el Congreso estadunidense aprobó la sección 230 de la CDA, una ley de 26 palabras que establece que los servicios computacionales interactivos, incluyendo servicios de redes sociales, no son responsables legalmente del contenido exhibido en sus plataformas. El Congreso le dio al joven internet esta protección para que pudiera prosperar y convertirse en un espacio realmente interactivo para la discusión política, el desarrollo cultural y la actividad intelectual. Sin embargo, el Congreso tampoco le otorgó inmunidad total. La ley no cubre contenido que infringe otras leyes federales, como lo son las violaciones a derechos de autor o la pornografía infantil, y las plataformas sí están obligadas a monitorear y vigilar este tipo de contenido.
La sección 230 también estipula que no se puede responsabilizar legalmente a las plataformas por sus decisiones de moderación de contenidos, resolviendo una pregunta abierta de los casos judiciales de moderación de contenido que la impulsaron. La sección les da a las plataformas la facultad de delimitar lo que ellas consideren contenido objetable en sus términos y condiciones. Por ejemplo, si una persona publica en Facebook un video en el cual quema una bandera, el gobierno no tiene poder para censurar el video. Sin embargo, Facebook sí podría eliminar el video, señalando una violación a sus políticas. El usuario de Facebook todavía estaría en libertad de grabar el video y distribuirlo de otras formas, ya sea por memorias USB o correo electrónico. Todo esto es parte de su derecho constitucional como ciudadano. Sin embargo, no tiene el mismo derecho constitucional de obligar a Facebook a subir y distribuir el video en su plataforma. En 2019, la red social Ravelry probó los límites de este concepto al prohibir con éxito la totalidad de los mensajes sobre Donald Trump sin repercusiones legales. Actualmente, las empresas estadunidenses ejercen más poder que el mismo gobierno en la regulación del discurso en el sitio donde ocurre la mayor parte del discurso: en el internet.
Los estadunidenses suelen pensar en la Constitución cuando discuten sobre la libertad de expresión, sin embargo, es la ley contractual la que gobierna el internet. El contrato que un usuario acepta cuando se suscribe a los servicios de una empresa delinea lo que puede y no puede decir en la plataforma. Si un usuario viola las reglas, su contenido puede ser eliminado y puede ser sancionado de acuerdo al contrato, incluyendo su remoción total de la plataforma.
Twitter eliminó al presidente Trump porque consideró que su contenido violaba las reglas contractuales que prohibían la ‘glorificación de la violencia’. Diversas personas han señalado que algunos gobiernos y ciertos líderes políticos alrededor del mundo han expresado cosas similares o incluso peores en años recientes pero que continúan activos en las plataformas. Esta aplicación desordenada e inconsistente de las reglas no es ilegal, pero ha avivado las preocupaciones sobre la censura y la hipocresía promovida por motivos políticos.
¿Qué es lo que Estados Unidos puede hacer?
La libertad de expresión de las personas y la libertad de actuar de las empresas han chocado. A partir de este punto, ¿hacia dónde puede avanzar el gobierno de Estados Unidos? Muy poco probable sería una enmienda constitucional que permita al Congreso limitar la libertad de expresión. Las enmiendas constitucionales raramente suelen ser aprobadas y el derecho a la libre expresión es un principio básico de la vida estadunidense.
Otra opción es que el gobierno revoque o cambie la sección 230. El actual presidente Joe Biden apoya revocar la sección 230, lo que expondría a Facebook y otras empresas similares a demandas legales y sanciones en torno al contenido de sus plataformas. Aunque actualmente existe algo de apoyo bipartidista para esta medida, esto podría generar incentivos para que las redes sociales eliminen cualquier tipo de discurso que pudiera ser preocupante, lo que resultaría en menos libertad de expresión en línea.
Por otro lado, el Congreso también podría aprobar una ley que preserve la libertad de expresión al dificultar o imposibilitar que las empresas eliminen contenido de sus plataformas. Tal camino seguiría los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos establecidos en las decisiones sobre los casos de Marsh contra Alabama (1946) y Manhattan Community Access Corp. contra Halleck (2019), que establecieron que existen momentos y circunstancias específicas en las que las empresas privadas deben defender la Primera Enmienda. Sin embargo, esta obligación podría resultar en una situación en la que la incitación a la violencia, el discurso de odio, el acoso y otros contenidos potencialmente objetables estén protegidos legalmente contra su eliminación. (Los esfuerzos de pornografía infantil y tráfico sexual seguirían siendo ilegales debido a leyes separadas). Este camino limitaría la libertad de las plataformas para brindar la experiencia que desean a fin de preservar el espacio más abierto posible para la libertad de expresión de sus usuarios.
Las implicaciones globales
No hay duda que la mayoría de estas plataformas estadunidenses tienen un alcance mundial y las preocupaciones globales en torno a su posición dominante como árbitros de facto en el discurso son legítimas. En los países donde se permiten, las plataformas estadunidenses a menudo tienen el poder de eliminar el discurso de cualquier persona que deseen, a menos que y hasta que los países aprueben leyes contra estas acciones. Por lo tanto, algunos países y regiones están haciendo cumplir las leyes existentes y considerando nuevas regulaciones con respecto a la libertad de expresión, como es el caso de México.
Una alternativa en curso es la Junta de Supervisión (Oversight Board) de Facebook. Fundada en octubre de 2020, la Junta revisa las decisiones internas de Facebook con el objetivo de que sean consistentes en todo el mundo. Actualmente está considerando la posibilidad de mantener la prohibición indefinida de Trump. La decisión en este caso podría sentar un precedente para casos similares dentro de Facebook y un ejemplo para casos en otras plataformas.
Las empresas estadounidenses de redes sociales tienen actualmente un enorme poder para moldear el discurso público estadounidense y mundial. Queda por ver cómo cambiará el equilibrio de poder a medida que las empresas y los gobiernos desarrollen nuevos enfoques para gobernar las complejidades de la libertad de expresión en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Stephen Carradini es profesor asistente en el programa de Comunicación Técnica en Arizona State University (ASU). También es miembro de la facultad de posgrado de Hugh Downs School of Human Communication en ASU.
