La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre desaparición de personas en México. El peso de la evidencia diluye la narrativa del gobierno federal. Las más de 130 mil desapariciones configuran una crisis de derechos que es perpetrada por la delincuencia organizada, pero también por la complicidad del Estado. En suma, la desaparición de personas es una realidad innegable en el país.
Ningún país en democracia y sin un conflicto armado asemeja la magnitud de la desaparición en México. En Gaza, desde el inicio de la invasión armada se registran 11,000 personas desaparecidas, mientras que en Ucrania se reportan alrededor de 90,000 personas desaparecidas. En nuestro país, al día de hoy se registran 133,970 personas desaparecidas y no localizadas.
Mientras la 4T se ha empeñado en construir un escenario de un antes y después en el que la desaparición forzada es atribuible a los gobiernos neoliberales, la Comisión Interamericana logra caracterizar la complejidad del fenómeno presente en el país: por una parte, la desaparición forzada, aquellas que es cometida por autoridades, sigue siendo una realidad vigente que no ha sido desterrada. Aunque una parte importante de las desapariciones son cometidas por los grupos de la delincuencia organizada, se registra que en algunos casos existe complicidad o colusión. Es por esto que desde el Derecho Internacional se afirma que la desaparición en México es generalizada, porque acontece en múltiples niveles territoriales, sociales e institucionales.
Por último, el informe consigna que la falta de respuesta es también una fuente de responsabilidad que actualiza lo que el Comité contra la Tortura define como aquiescencia, en el que la incapacidad para investigar, sancionar y revertir la desaparición de personas genera un nivel de responsabilidad al Estado.
El informe da cuenta de la impunidad como una problemática estructural que también ha sido señalada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su reciente visita al país. Preocupa las fiscalías en México carezcan de capacidades institucionales y voluntad para para investigar con la debida diligencia y judicializar los casos. En 99.5% de los casos de desaparición forzada no habrá ninguna consecuencia, nadie será presentado a la justicia, ni habrá respuestas para las familias que buscan a sus familiares.
Dada la condición tan singular y privativa del contexto mexicano negar la crisis, cuestionar la metodología de los organismos internacionales o atribuir toda la responsabilidad a la delincuencia organizada es una respuesta no solo insuficiente sino una renuncia del Estado a su más elemental función que es la de garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Esta realidad tan específica requiere de voluntad, recursos y capacidades técnicas para construir respuestas que atiendan a esta condición tan singular en el mundo. El informe de la CIDH, sumado al proceso en curso ante la Asamblea General de la ONU impulsado por el Comité contra la Desaparición Forzada, permiten dar luz de un fenómeno que amalgama la criminalidad organizada, la tolerancia e incapacidad del Estado y las expresiones de macrocriminalidad en el que la frontera entre autoridad y delincuencia se diluyen.
La presencia de autoridades del gobierno federal junto a familias y colectivos, así como a organizaciones de la sociedad civil es un gesto que no debe demeritarse. Pero esta aparente disposición de escucha debe traducirse en actos concretos y medidas sostenibles como la trasformación de las Fiscalías, la colaboración de los sistemas de búsqueda con las familias buscadoras y el impulso de acciones para la identificación genética y forense. El Estado mexicano tiene el deber ineludible de aceptar la asistencia técnica y construir de la mano de las familias buscadoras una respuesta sostenible a esta crisis.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla. @hele_simon