Covid-19: emergencias bioéticas

Samuel Ponce de León

“El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad.”
La Peste.
A. Camus.

Establecer un proceso de selección para identificar quién es mejor candidato para recibir tratamiento en cuidados intensivos y acceso a un ventilador pulmonar mecánico es, en esencia, una acción discriminatoria. Se trata de una decisión moralmente muy compleja y sensible al dolor humano. En el “Proyecto de guía para asignación de recursos en situación de contingencia” del Consejo de Salubridad General (CSG), se pretende a través de un análisis más o menos complejo decidir quién tendrá oportunidad de sobrevivir con cuidados médicos avanzados o invasivos.

Establecer cualquier sistema de calificación para seleccionar a uno en vez de otro implica necesariamente un ejercicio de discriminación. En este proceso de exclusión se pretende racionalizar las razones por las cuales un individuo es mejor que otro. Se aducen motivos que van de años de vida saludable, expectativas de vida y posibilidades de sobrevivir. Este ejercicio es en consecuencia la selección de los más fuertes y los más jóvenes, asumiendo que disfrutarán una mejor y más larga vida que el menos joven, menos fuerte y con una supervivencia menor. Se asume también que por ser menos los años por vivir tienen también un menor valor.

Al no considerarse que el individuo más viejo ha trabajado más tiempo y ha pagado más impuestos que el joven, el planteamiento es a todas luces inequitativo. Por ende, el Proyecto de guía, del Consejo de Salubridad General es un diseño de eugenesia social al realizar una selección artificial de supervivientes aptos para continuar productivos y, perdón la crudeza, pagar impuestos.

En la justificación se menciona que en condiciones de epidemia la práctica médica se subsume a la salud pública, enunciado equivocado y sin sustento académico. Se pretende con este sofisma justificar acciones profundamente injustas en la perspectiva de vida de los enfermos.

La medicina la practica el médico que atiende a los enfermos en la arena clínica y no hay ambigüedades. La salud pública establece las acciones sociales, que permiten el control de
los problemas en una dimensión poblacional con normas, y muy diversas acciones para el manejo de la pandemia. Es por completo improcedente establecer una jerarquía superior de la salud pública en la emergencia. El individuo no pierde su cualidad en la pandemia.

La práctica clínica del médico lo compromete al paciente individual y su obligación es proveerle del mejor consejo y opción terapéutica para su mejor bienestar personal.
En los próximos días se presentarán alternativas con diversas opciones de escalas, que en esencia justifican el mismo objetivo, seleccionar con criterios inequitativos quién podrá tener la opción a la posibilidad de sobrevivir al Covid-19. Todas requieren un ejercicio que difícilmente podrá completarse en las situaciones que afrontarán los médicos. No existen suficientes profesionales ni condiciones reales para realizar la calificación. En estas condiciones es claro que la opción de la temporalidad es la que ofrece mayor justicia y posibilidades de aplicarse regularmente. El primero en llegar es el primero en ser tratado.

El escenario que se plantea en el proyecto es además poco realista. El hospital se llenará conforme lleguen los enfermos y hasta el límite de la última cama. En estas circunstancias el conflicto será diferente, no menor, pero cualitativamente distinto. Se tendrá que decidir en qué paciente se ha realizado el máximo esfuerzo terapéutico para disminuir y retirar el apoyo invasivo. Los límites deberán establecerse individualmente, considerando que la mortalidad de Covid-19 en cuidados intensivos es al menos de 50%.

Es cierto que necesitamos un documento que permita a los equipos médicos reflexionar, analizar, y fundamentar la toma de decisiones complejas, pero no requerimos ecuaciones injustas.

 

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