Claudia la dura y censora

En vísperas de la toma de posesión de la doctora Sheinbaum, cuando aún era presidenta electa, un actual funcionario de su gobierno me dijo, en una plática informal, que lo que se venía con ella era un gobierno mucho más duro y autoritario. “Si López Obrador les parecía duro, aún no han visto nada; espérense a ver a la señora, ella sí que es radical. Vienen cosas fuertes y todavía no han visto nada de lo que es un gobierno autoritario”.

Su comentario me rondó desde entonces, y conforme han transcurrido estos dos años de gobierno, que se cumplen ya la próxima semana, se confirma lo que en su momento me pareció un comentario exagerado, a la luz de la imagen conciliadora y hasta algo moderada que había vendido la entonces presidenta electa, de quién muchos mexicanos esperaban un gobierno más moderado y basado más en la ciencia, los datos y en la técnica, que en la ideología y el fanatismo que predominaron en el sexenio de su antecesor.

En efecto, una vez que se puso la banda presidencial, el estilo de la doctora dejó ver que lo de científica era sí una descripción curricular, pero a la hora de ejercer el poder ella no sólo continuó por la línea ideológica y autoritaria que había trazado López Obrador, sino que se dedicó a ahondarla y a consumar muchos de los planes para aumentar la concentración de poder en el régimen de la 4T, violentando y desapareciendo todos los equilibrios y contrapesos constitucionales que se habían logrado construir en los últimos 30 años de alternancia democrática en México.

Con la consumación de la atroz y manipulada Reforma Judicial, que se aprobó en los primeros meses de su gobierno y las reformas a la Ley de Amparo, Sheinbaum abrió la puerta para una elección ilegal, manipulada y dirigida completamente por Morena, con la complacencia de un INE también colonizado por la 4T, y con las reformas a la Ley de Amparo, limitó y acotó los efectos del único instrumento real con el que contaban los ciudadanos mexicanos para frenar abusos y excesos del gobierno.

El resultado hoy evidente fue la politización y la improvisación en un Poder Judicial de la Federación conformado ya en su mayor parte por jueces, magistrados y ministros “del bienestar” que hoy están siendo utilizados abierta y cínicamente para favorecer en todo a los intereses del gobierno, en contra de la justicia imparcial e independiente para los ciudadanos y de la incertidumbre y el temor que eso causó a los inversionistas nacionales y extranjeros, que han congelado y frenado nuevas inversiones en la economía nacional.

Fue también la doctora la que ordenó y consumó, con su sumisa y borrega mayoría morenista, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, como el INAI, el IFT, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Todas las funciones de esas instituciones, cuya creación fue impulsada en su mayoría por grupos civiles y ciudadanos, fueron absorbidas por el Gobierno Federal con la promesa de que se seguirían garantizando los derechos, trámites y vigilancia que realizaban.

Pero en los hechos, si bien crearon nuevos organismos burocráticos para sustituirlos, derechos como la transparencia y el acceso a la información se han entorpecido y dificultado a través de la Secretaría Anticorrupción, que difícilmente otorga solicitudes de información que afecten al mismo gobierno al que pertenece; y en otros casos, como en el tema de la competencia económica o la regulación energética, las nuevas decisiones que se toman ahora desde el aparato gubernamental son sesgadas, casi siempre en favor del gobierno y difícilmente para darle la razón a particulares.

Lo mismo pasa en materia educativa y en política social, donde la desaparición del Coneval y la Mejoredu ha cambiado y manipulado los diagnósticos e informes en cuanto a calidad de la educación o el impacto de políticas sociales, con evaluaciones que buscan siempre favorecer la actuación del gobierno, más que dar indicadores reales para eficientar o corregir ambas políticas públicas. Un buen ejemplo de esto último son los resultados de la prueba PISA, con el retroceso que sufrió la educación mexicana en matemáticas y comprensión lectora, un dato que nunca reportaron ninguna de las instancias gubernamentales.

Pero si se pensaba que la Presidenta sólo se concretaría a consumar los planes alfabéticos que le heredó su antecesor, claramente también se estaba en un error. Al desequilibrio de poderes, por el dominio que ya tiene el Ejecutivo del Poder Judicial y el sometimiento que practica en el Legislativo, y a la extinción de los órganos autónomos y de sus derechos y funciones, se suman ahora una serie de reformas constitucionales ideadas por la Presidenta y sus asesores que van incrementando cada vez más los controles y el poder del gobierno, ya no sólo sobre derechos ciudadanos, actividades económicas o políticas públicas, sino ahora también sobre libertades y derechos constitucionales.

Como ya concentra todo el poder y se asume y actúa no sólo como la Jefa del Estado mexicano, sino también como la Jefa Política de Morena y guardiana de su movimiento, la doctora encubre y protege casos de corrupción flagrante de morenistas, defiende a políticos vinculados al narco y cuida que no se toque a los hijos de su antecesor, con un discurso que un día sí y el otro también cuestiona y ataca cualquier tipo de disidencia u oposición a su gobierno, mientras ensalza y convierte el discurso presidencial en propaganda a favor de su movimiento.

Pero no conforme con eso, su nueva prioridad ahora es garantizar que Morena se mantenga en el poder y gane la mayoría constitucional en los comicios del 2027, cosa que no tendría nada de extraño, si no fuera porque en ese afán, la Presidenta violenta todos los equilibrios y las reglas de la contienda democrática para favorecer a su partido. No sólo permitió y favoreció la colonización del INE con la elección de consejeros militantes de Morena que hoy tienen la mayoría en el Consejo General, también, con la elección judicial se encargó de domesticar al Tribunal Electoral de la Federación, con lo que hoy ella y su movimiento político tienen el control total de las elecciones y de su calificación.

Para cerrar la pinza, la Presidenta también ahondó la censura y el chantaje a los medios de comunicación para que suavizaran su línea y se limitaran en la crítica. A través del presupuesto público, que está regulado por una ley federal, la mandataria determinó que sólo daría publicidad a medios dóciles mientras castigaba al periodismo crítico y ella misma confesó que, como lo hacían los presidentes priistas más rancios, ella tampoco “paga para que le peguen”. Detrás de su discurso de respeto a la libertad de expresión, se esconde no sólo el uso patrimonial e ilegal del presupuesto para medios y difusión del gobierno, sino también acosos, ataques, auditorías fiscales y un discurso que todos los días estigmatiza y ataca al periodismo que no se le somete.

Y como ya logró domesticar a la mayoría de los periódicos y televisoras que se plegaron a cambio de presupuesto o contratos públicos, ahora la Presidenta va por el único reducto que no puede controlar y que es fuente de la mayor crítica hacia su gobierno y su partido: el internet y las redes sociales. Sus dos iniciativas ya presentadas y aprobadas una de ellas en el Senado, que con argumentos pueriles de proteger “la propiedad intelectual, la imagen de funcionarios públicos y la identidad del gobierno” –todo eso ya regulado por leyes federales— buscan aumentar la censura y aplicarla ya no sólo a periodistas, moneros o creativos, sino a cualquier ciudadano que haga mofa, sátira política o hasta los memes, utilizando inteligencia artificial o cualquier otro medio para criticar, cuestionar o reírse de los personajes públicos y de los gobiernos.

Eso que intentó fallidamente en 2014 el PRI de Peña Nieto, y que por cierto criticaron duramente López Obrador y la propia Sheinbaum que publicaron mensajes en redes sociales condenando la “censura y la cancelación de la libre expresión", ahora lo propone la Presidenta y su mayoría de Morena lo aprueba en fast track, pero con reformas mucho más agresivas, censoras y represoras de las que intentó el peñismo, porque ahora se proponen penas de cárcel de hasta 10 años y multas por hasta 10 millones de pesos, para quien ose burlarse del gobierno, de los políticos y funcionarios o de cualquier imagen del oficialismo.

La tradición de la sátira y el humor político se remontan a hace 200 años cuando se publicaron en la prensa independentista las primeras caricaturas criticando y burlándose de la monarquía española. Y el humor político ha sobrevivido en México a dictaduras como la de Porfirio Díaz y a la dictadura priista de 75 años, a pesar de que hubo épocas negras de censura y persecución a quienes se atrevían a hacer chistes o burlas de los gobernantes y políticos. Hoy, cuando se cumplen dos siglos de esa tradición democrática que es parte inherente de la libertad de expresión y señal de una democracia sana, la presidenta Sheinbaum, al estilo de los dictadores y tiranos, quiere regresarnos a las épocas de cárcel y persecución a la libre expresión.

No cabe duda que aquel morenista que vaticinaba que no habíamos visto nada con López Obrador y que la doctora nos sorprendería, no precisamente con un mejor gobierno, se está confirmando con las reformas autoritarias y censoras que se dedica a imponer la presidenta Sheinbaum.

Los dados mandaron una Doble Serpiente. Caída para la libertad de prensa y expresión.

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