La Ruta 7 enfrenta una realidad ancestral injusta: la pobreza extrema que golpea sobre todo a comunidades indígenas y rurales aisladas, concentradas en el sur-sureste de México. La propuesta: impulsar empresas comunitarias que se conviertan en alternativas económicas viables en territorios de alto rezago social. Esta ruta se inspira en la experiencia de decenas de pueblos indígenas y comunidades campesinas que se han organizado para romper con los mecanismos que los empobrecen. ¿Cómo? Creando sus propias empresas de comercialización, dando valor agregado a sus productos, estableciendo sistemas de ahorro y crédito. Así logran saltarse a "coyotes" e intermediarios abusivos.
La participación de productores rurales en empresas comunitarias —también llamadas empresas de la economía social— abre paso a mercados más justos para productos como café, miel, jamaica, amaranto y muchos más. Muchas de ellos como UCIRI, CEPCO y Ecotierra en Oaxaca, el grupo cooperativo Tosepan y la cooperativa Quali en Puebla, Yomol A Tel y Majomut en Chiapas, entre cientos más, ya no venden solo sus productos como materia prima agrícola, sino procesados y con mayor valor. Además, estas empresas ofrecen servicios financieros (cajas de ahorro, uniones de crédito), de transporte, de turismo sustentable, salud y más. Muchas de ellas exportan y certifican sus productos orgánicos.
Son una realidad económica incipiente, pero ya real y significativa. El INEGI señala que el "sector social de la economía" —ejidos, comunidades, cooperativas y las diversas formas de economía comunitaria— representa el 1.6% del PIB nacional. Mejor aún: aporta el 74% del PIB forestal, el 37% del agrícola, el 26% de la cría de animales, el 23% de los servicios agropecuarios y el 20% del sector pesquero (INEGI 2023. Estudio de la economía social).
Fomentar esta ruta económica es indispensable para superar un gran contraste. A pesar de los avances recientes, aún el 61% de la población indígena y casi la mitad de la población rural (46%) vive aún en pobreza. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la cifra alcanza el 59%.
La experiencia mexicana muestra que las empresas comunitarias logran un triple impacto: económico, social y ambiental. No solo generan riqueza, ingresos y empleo. Su raíz comunitaria tiene como consecuencia directa invertir en salud, educación y otros proyectos sociales, así como adoptar técnicas agroecológicas, y formas de manejo sustentable del agua, los bosques y la biodiversidad.
Su potencial es inmenso. La experiencia internacional lo demuestra: En España, la economía social aporta el 10% del PIB y el 12% del empleo (2.1 millones de puestos). En Francia, genera 2.3 millones de empleos, también el 10% de su fuerza laboral.
La Ruta 7 de las “10 Rutas para un México libre de pobreza” propone fomentar el desarrollo de estas empresas comunitarias, especialmente en las zonas más pobres del país. Para ello, tres acciones clave pueden marcar una gran diferencia:
1. Visibilidad y reconocimiento público.
2. Acceso a fondos de inversión y mecanismos financieros (no solo microcréditos, y muchos menos subsidios politizados).
3. Apertura de mercados y canales justos de comercialización.
Sin dádivas ni paternalismo, las empresas comunitarias tienen el derecho y la capacidad de ser parte de una economía competitiva, sustentable e incluyente.
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