Doctorados sin plaza: 4 mil 335 aspirantes para 200 empleos

Daniela Aguirre Guerrero – daguirre@cua.uam.mx

Miembro de la RIIE

El primer Programa de Inserción Laboral de la Secihti confirma lo que la comunidad científica denuncia desde hace años: México forma a más investigadoras e investigadores de los que está dispuesto a contratar.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) publicó los resultados de su Programa de Inserción Laboral 2026: 200 plazas de docencia-investigación e ingeniería tecnológica en Centros Públicos de Investigación, repartidas en 15 líneas estratégicas que van de los semiconductores a las lenguas indígenas.

Según datos de la propia secretaría, para ocuparlas se registraron 4 mil 335 personas con doctorado, que enviaron 6 mil 110 postulaciones: poco más de 30 por plaza. Con este programa, la Secihti contrata directamente a personas con doctorado en sus centros de investigación y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y les ofrece algo inusual en la comunidad científica del país: plazas definitivas, con salario y prestaciones de ley. El diseño del programa parte de reconocer que las plazas existentes no alcanzan para absorber a quienes terminan un doctorado o una estancia posdoctoral. Con él, la Secihti responde a las demandas laborales de la comunidad científica mexicana, como las que planteó el Colectivo de Investigadoras e Investigadores por la Justicia Académica y Laboral (CIJAL), formado por unos 150 posdoctorantes que en 2025 pidieron a la secretaria Rosaura Ruiz atender la crisis de empleo académico.

¿Qué es una estancia posdoctoral? Según el Anuario Estadístico de Educación Superior de la ANUIES, en 2025 egresaron 24 mil 500 doctoras y doctores en el país. Para muchas de estas personas, la opción inmediata para seguir en la investigación es un posdoctorado: un periodo en el que, ya con el doctorado concluido, investigan, dan clases y dirigen tesis. A diferencia de muchos países europeos, donde el posdoctorado suele ser un contrato laboral, en México se sostiene con una beca temporal y no con un salario. Así lo establecen las convocatorias anuales de Estancias Posdoctorales por México de la Secihti, que precisan que la beca no genera relación laboral. Quien la recibe hace el trabajo de un académico, pero no acumula antigüedad ni cotiza para una pensión.

La puerta que debería abrirse está casi cerrada. El programa Investigadoras e Investigadores por México contrata a doctoras y doctores como personal de la Secihti

y los comisiona a universidades, centros de investigación y dependencias públicas, para compensar la falta de plazas en esas instituciones. Según sus lineamientos y su convocatoria 2024, ofrece un contrato por tiempo indeterminado, con comisiones renovables de hasta diez años, un sueldo bruto de 30 mil 676 pesos mensuales y un estímulo de 34 mil 639 pesos, sujeto al cumplimiento de requisitos. En 2014, cuando aún se llamaba Cátedras Conacyt, abrió 574 plazas, de acuerdo con el programa institucional del Conacyt publicado en el Diario Oficial de la Federación. Al día de hoy el programa mantiene tiene alrededor de mil 500 plazas autorizadas: cerca de mil 200 ocupadas y unas 300. De acuerdo con el CIJAL, en 2024 el programa asignó apenas 20 lugares, y en 2025 no abrió convocatoria.

El informe Panorama de la educación 2025 de la OCDE documenta una paradoja mexicana: entre las personas de 25 a 34 años, el desempleo crece con la escolaridad. Es de 2.7% entre quienes no tienen bachillerato, de 3.6% entre quienes tienen educación media superior y de 4.3% entre quienes cuentan con educación superior, justo al revés de lo que ocurre en el promedio de los países miembros. No es que sobren los posgrados: apenas 2% de la juventud mexicana tiene maestría, frente a 16% en la OCDE.

México invierte 4 mil 430 dólares de recursos públicos por estudiante de educación superior, frente a un promedio de 15 mil 102 en el organismo. La inversión en conocimiento tampoco crece. Según un análisis publicado este año en la revista Ciencia Latina con datos de la OCDE, el país destina 0.32% del PIB a investigación y desarrollo, y el gobierno aporta 78% de ese gasto, frente a alrededor de 32% en el promedio de los países analizados. Casi no hay empresas que inviertan en investigación ni que contraten a personal con doctorado. Y el propio Estado ha reducido su planta: el número de investigadoras e investigadores del sector gobierno, es decir, quienes trabajan fuera de las universidades, en centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud o dependencias como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, pasó de 9 mil 279 en 2011 a 6 mil 662 en 2017. Las universidades públicas apenas abren plazas, la lentitud de las jubilaciones frena su renovación y el sector privado rechaza a quienes tienen doctorado por "sobrecalificación".

El costo de esta situación no recae solo en quienes esperan. Cada doctora o doctor que emigra o abandona la investigación representa una inversión pública perdida y una capacidad que el país necesitará en los sectores que la Secihti busca priorizar, como los semiconductores o la transición energética.

El Programa de Inserción Laboral es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente: sus 200 plazas equivalen a menos de 1% de una sola generación de doctoras y doctores. Para que se convierta en una solución real, la Secihti necesita una convocatoria anual con presupuesto asegurado. El Congreso y la Secretaría de Hacienda, por su parte, tendrían que reconocer el posdoctorado como lo que es, un trabajo académico que debe generar seguridad social y antigüedad, y establecer estímulos fiscales para las empresas que contraten personal con doctorado.

El Estado invirtió décadas y becas públicas en formar a estas personas; dejarlas fuera del mercado laboral es un costo que paga todo el país.

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