Por Angélica Camacho Cruz, Araceli Cortés García y Aída del Rosario Malpica
UAM- Xochimilco
Para resolver la crisis ambiental por la que atraviesa nuestro país, no bastan los decretos; se necesita un enfoque socioecosistémico que articule la ciencia con los saberes tradicionales, y que convierta a las comunidades en los actores centrales de la gestión de sus recursos.
Durante medio siglo, el progreso en nuestro país, México, se midió en árboles caídos. Entre 1920 y 1970, la visión oficial del "desmonte" sentenció a los ecosistemas del país bajo la premisa de que una selva, manglar o bosque eran tierra "ociosa". Hacia finales de los años 80, el costo de esa política pasó factura: la deforestación masiva y el cambio de uso de suelo encendieron las alarmas ante desastres de origen humano, crisis económicas, riesgos sanitarios y la evidente sobreexplotación de recursos terrestres y acuáticos.
El gran hito para frenar esta inercia llegó en 1988 con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), acompañada en los años siguientes por la creación de instituciones clave como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Sin embargo, este andamiaje institucional del siglo XX y principios del XXI chocó de frente con un modelo económico extractivista. A pesar de las leyes, nuestro territorio se ha caracterizado por una profunda desigualdad en la distribución y el acceso a los servicios ambientales de provisión (p. ej. agua, madera), regulación (p. e. control de plagas, inundaciones), culturales (p. ej. recreación, ceremonial) y de soporte (p. ej. ciclo de nutrientes) que la naturaleza proporciona.
Frente a la emergencia del cambio climático, la prioridad actual es garantizar el derecho a un ambiente sano. La brújula del Plan México 2030 apunta en dos direcciones clave: conquistar la soberanía energética y ejecutar una restauración ambiental profunda que sane los errores del pasado. La meta central se enfoca a atender aspecto como: a) la conservación de la biodiversidad mediante una gobernanza real, es decir, gestionar los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas de manera integral con la participación académica, interinstitucional y comunitaria. b) promover una economía circular que permita hacer un uso sustentable de territorios privados, ejidales y públicos. De esta manera, los discursos oficiales apuntan a una vigilancia y participación ciudadana efectiva en el territorio.
Aquí es donde la universidad sale a la calle. El quehacer académico cobra sentido al formar jóvenes críticos que no se queden encerrados en el aula. Hoy, la investigación se traduce en proyectos donde las comunidades de Chiapas, Oaxaca y el Estado de México son las protagonistas y exigen defender su entorno. En la práctica, estudiantes e investigadores trasladan la teoría y las técnicas científicas directamente al suelo comunitario: realizan inventarios de flora y fauna, y activan talleres participativos para que sea la propia gente del territorio quien diagnostique sus necesidades y participe en soluciones.
Un ejemplo de esta labor ocurre en las escuelas primarias y secundarias de Chiapas, a través de dinámicas lúdicas, los niños comparten sus conocimientos heredados de sus abuelos y padres sobre la flora y fauna local. Este puente de saberes nos ha permitido incidir en la conservación por ejemplo: del "dragoncito de labios rojos" (Abronia lythrochila), un lagarto inofensivo que suele ser sacrificado por la falsa creencia de que es venenoso. Mediante dibujos, cantos, leyendas y recorridos por el bosque, la educación ambiental transforma el miedo en conservación, demostrando que el futuro sustentable de México se construye escuchando a sus comunidades y respetando los conocimientos que se han transmitido de generación en generación. Bajo la grave situación ambiental que atraviesa todo el territorio nacional se hace imperante integrar los conocimientos técnicos, académicos y comunitarios con la finalidad de dar respuesta integral a la gestión de los recursos naturales y culturales
Es así, que el trabajo colaborativo y de territorio constituyen una herramienta para contribuir a la conservación del patrimonio vivo de diferentes comunidades indígenas, rurales y urbanas. En donde, el quehacer de las universidades sobre el tema ambiental no debe centrarse en el aula ni sólo en las ciencias naturales, menos aún, creer que la academia es la única que dará soluciones a las múltiples problemáticas ambientales. Sin duda, el conocimiento adquirido y transmitido en diferentes comunidades debe ser integrado con la investigación profunda de campo y enriquecida con visiones interinstitucionales. La propuesta se enfoca a acompañar procesos, diagnosticar problemáticas e implementar acciones multidimensionales (documentar, aprender, reorganizar) en conjunto con diferentes comunidades.
El verdadero coste de aferrarse al individualismo, la disciplina aislada y la teoría pura es quedar rebasados por la realidad. De ignorar la crisis a intentar frenarla, el mundo ha dejado atrás la discusión sobre si el daño ambiental existe; hoy la urgencia es aprender a sobrevivir a él. Ante este escenario, las universidades no podemos ser espectadoras: nuestro deber es impulsar una formación integral que coloque la transversalidad ambiental en el centro de todo nuestro quehacer. El futuro ya no se debate en las aulas, se defiende desde ellas.
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