Lamentablemente, con la pandemia de Covid-19 nos estamos acostumbrando a escuchar grandes números y podemos insensibilizarnos ante la tragedia. Eso, a pesar de que las cifras que se dan a conocer pudieran referir solamente a una parte menor del fenómeno, porque el número de casos efectivos es en todos lados mayor que la cantidad de casos confirmados mediante prueba, no sólo por la existencia de personas asintomáticas o con síntomas menores no visibilizados, sino por prácticas que provocan sesgos sistemáticos en los datos que reporta cada nación, territorio o estado, pues cada cual está evaluando y clasificando casos y fallecimientos de manera distinta. Los países difieren en sus reglas sobre quién se hace pruebas y qué pruebas se utilizan, con resultados que pueden diferir enormemente. Esto da lugar a situaciones extremas, como la exclusión de muertes fuera de hospitales que realizaba Francia y que obligó a corregir datos; o la enorme distancia entre números y evidencia en Ecuador.
Cualquier regresión que se haga para intentar prever el comportamiento de la pandemia partirá entonces de información de baja calidad y tendrá que asumir supuestos que serían en cualquier otra circunstancia científicamente insostenibles, puesto que quien sabe qué significan realmente los agregados disponibles. Desconocemos con precisión las curvas de evolución de contagios; los perfiles de la población afectada; el impacto de las diferentes estructuras demográficas, políticas de salud y patrones culturales de las naciones; las tasas reales de infección y de letalidad. Lo erróneo de los datos puede repercutir en políticas públicas equivocadas y por consecuencia dañar la salud de las personas y poner en peligro sus vidas.
México no está exento de crítica. Sus autoridades han sostenido de forma categórica puntos de vista que luego han sido cuestionados o incluso abandonados por la comunidad internacional: que si la recepción de viajeros internacionales no tiene impacto en la propagación de contagios, que si el empleo de mascarillas no sólo no es requerido sino que puede ser contraproducente. A esto se anexa la defensa de decisiones de la máxima autoridad contra argumentos previamente esgrimidos, al afirmar que el líder no puede ser fuerza de contagio o que la ventana de riesgo por proximidad no se inicia hasta que aparecen los síntomas.
En el manejo de números, las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias mexicanas han llevado a reportar números que reflejan muy por debajo la cantidad de personas realmente afectadas. Primero fue la adopción de un protocolo de detección que asumía que para haber adquirido la infección debía existir una estancia previa o un contacto con el exterior, excluyendo como sospechoso todo caso doméstico, lo que llevó a prolongar sin evidencia sólida la afirmación de que no existían contagios comunitarios. A ello se sumó la decisión de practicar pruebas sólo a casos graves y a una décima de la población considerada como sospechosa, mediante la operación de un “modelo centinela” que por definición estaría excluyendo personas contagiadas pero asintomáticas o a quienes por la escasa gravedad de su padecimiento no recurren a servicios médicos. Existe evidencia de que estas exclusiones repercuten además en que haya fallecimientos que terminan registrados simplemente como “neumonías atípicas”, sin especificarse el agente patógeno que las generó.
Ante esto, y como bien dijera en un artículo reciente Alejandro Hope, podría uno pensar que son más exactas las cifras de hospitalizaciones, saturación de unidades de terapia intensiva o de defunciones. Pero hay escasos datos al respecto, por lo que el problema no se puede resolver así. Enfrentamos entonces un grave vacío de información confiable, lo que crea incertidumbre y genera serias reservas sobre las decisiones públicas frente a la pandemia.
Presidente Ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas.
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