El próximo 4 de noviembre los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) deberán elegir de entre ellos a quien la presida los próximos cuatro años (2020 a 2024). Tocará al que resulte electo encabezar el proceso de calificación de las cruciales elecciones que renovarán el año próximo la Cámara de Diputados y las presidenciales de 2024. De manera que el proceso sucesorio en el TEPJF ha desatado en su interior una soterrada guerra entre quienes aspiran a encabezarlo.
El actual presidente, Felipe Fuentes Barrera, tiene la prerrogativa de reelegirse y fuentes de su ponencia aseguran que lo buscará. Otros aspirantes, a saber, son los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, muy identificado con el PAN; José Luis Vargas Valdés, quien se asegura tiene amarres con la 4T y simpatías con algunos priistas; y Reyes Rodríguez Mondragón, de quien se hizo pública recientemente su cercana relación con Felipe Calderón, Margarita Zavala y Roberto Gil Zurth.
Es entre Vargas Valdés y Rodríguez Mondragón donde las patadas bajo la mesa se observan más intensas, a grado tal que han sacado a relucir polémicos asuntos ocurridos en el TEPJF en el pasado reciente. Uno de ellos es el de dos contratos por casi diez millones de pesos entregados por el tribunal mediante adjudicación directa al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). El asunto se volvió a ventilar justo en el momento en que ese centro de enseñanza superior estuvo en el centro del huracán, por ser uno de los más beneficiados por los fideicomisos que acaba de extinguir el Congreso a iniciativa del gobierno de AMLO.
En 2017 y 2018, el tribunal electoral adjudicó en forma directa dos contratos al CIDE: Uno por cuatro millones 295 mil pesos para realizar un “Diagnóstico integral para el Desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020”; y el otro por cinco millones 379 mil 310 pesos para realizar un “Diagnóstico a profundidad y propuesta para el fortalecimiento del Centro de Capacitación Electoral”.
Para tomar esa decisión, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del TEPJF, presidido por su secretario administrativo, Jorge Enrique Mata Gómez, ordenó sendos estudios de mercado que incluyeron propuestas de Impacto Social Consultores S.C., el Instituto Politécnico Nacional, el Tec de Monterrey y el CIDE. La de este último fue la que dicho comité consideró la mejor en cuanto a calidad y precio.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación en su informe sobre la Cuenta Pública 2018 hizo observaciones al tribunal electoral que cuestionaron la calidad y suficiencia de los productos entregados por el CIDE y las razones por las que se optó por la adjudicación directa.
Si bien estos contratos fueron otorgados cuando el TEPJF era presidido por la magistrada Janine Otálora, fuentes consultadas en el propio tribunal aseguran que fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón el principal promotor de que se entregaran al CIDE, institución en la que cursó estudios de maestría y con la que tiene fuertes relaciones.
Consultada al respecto, la magistrada Otálora compartió la documentación con la que se justificó la adjudicación directa. Se sustenta en estas normas:
1. Las fracciones dos y tres del artículo 62 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que autorizan ese tipo de contratación a quienes no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, y a la condición de que sus servicios sean indispensables para el cumplimiento de programas autorizados.
Y 2. Al Acuerdo General que regula los Procedimientos de Adquisición, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios del TEPJF, que exentan de la licitación pública cuando no se exceda determinado monto, que el contrato se otorgue a dependencias de la administración pública federal o de instituciones educativas de carácter público y que sea urgente su realización.
La magistrada Otálora argumentó que no toca a la Sala Superior avalar este tipo de contrataciones y que es responsabilidad directa del Comité de Adquisiciones. Aseguró además que —aunque tiene la prerrogativa de reelegirse en la presidencia del tribunal— no está en su radar hacerlo. De manera que es ajena, al parecer, de la lucha soterrada por la sucesión en el TEPJF. Esperemos al 4 de noviembre.
Instantáneas:
1. ¿RELEVOS? Si como dijo ayer AMLO en la mañanera está “más que contento” con el trabajo que ha venido desempeñando Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, parece poco probable que sea él quien sustituya a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. El espaldarazo del Presidente fue tal que aseveró que con Marcelo “la política exterior ha vuelto a ser ejemplo mundial” y al canciller le viene bien sobre todo después de la andanada de ataques, incluidos los de Porfirio Muñoz Ledo, de que ha sido blanco durante los últimos días. AMLO, además, se refirió también al buen desempeño del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, favorito de Durazo para sucederlo en el cargo. No se olvide, sin embargo, que en estos asuntos el Presidente es impredecible.
2. PROMESAS. Se consumó la extinción de 109 fideicomisos. Se ha dicho que se realizarán minuciosas auditorías para evidenciar sus corruptos manejos. La lógica sugiere que el procedimiento era al revés: primero se audita y después se corta lo podrido. AMLO usa esta lógica en relación con la detención del general Salvador Cienfuegos: Que el exsecretario de la Defensa sea acusado de vínculos con el narcotráfico, no significa que todas las fuerzas armadas los tengan. ¿No aplicaría igual en el caso de los fideicomisos? Que uno, dos o más estén podridos no significa que todos lo estén. En fin. Ya los extinguieron y quedan dos promesas hechas a las comunidades científicas y artísticas afectadas: Que no faltarán los recursos y que éstos serán entregados vía presupuestal de manera trasparente. Hay que vigilar y exigir su cumplimiento.
3. CRUZ AZUL. A propósito de lo escrito aquí en la entrega pasada, el grupo de cooperativistas de la Cruz Azul que apoya a José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel hizo llegar a esta columna lo que llama sentencia definitiva de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que declara la legalidad de la asamblea de socios celebrada el 29 de septiembre de 2018, que los designó presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, respectivamente. Quienes se oponen a estos dos personajes, aseguran que el fallo judicial aun no es definitivo y que falta al menos una instancia. Explican, además, que esos dos cargos, por estatutos, no pueden durar más de dos años. Si Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel fueron designados en 29 de septiembre de 2018, el pasado 29 de septiembre se cumplieron esos dos años y, por lo tanto, ya no estarían al frente de esos cargos.
4. ATROPELLADO. Por cierto, el cooperativista Oliverio Guerrero, atropellado por una camioneta durante el zafarrancho ocurrido en la planta de la Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, falleció ayer. Cooperativistas y trabajadores de esas instalaciones han mostrado fotografías que evidencian que Marín Gutiérrez iba en esa camioneta, aunque no manejándola. Eso podría convertirlo en copartícipe de un homicidio imprudencial.
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