Por el bien de la república y en congruencia con los principios morales que el partido en el gobierno ofreció al electorado para llegar al poder, deben investigarse y transparentarse sin dejar lugar a dudas los señalamientos de vínculos delincuenciales de los hijos de AMLO y sus presuntas conductas de corrupción y tráfico de influencias.
La urgencia de hacerlo se multiplicó tras conocerse la noche del pasado jueves 13 de agosto la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán, anunciada por él mismo en una áspera carta que remitió a Donald Trump y dio lugar a reacciones por igual críticas que de respaldo y a una encriptada amenaza estadounidense que en nada ayuda a la complicada gestión de la presidenta Sheinbaum con Washington y golpea además el prestigio del proyecto político de la 4T y Morena.
Sin cerrar los ojos a la urgente necesidad de transparentar las conductas de Andy, no está de más escarbar en la interpretación que hizo el segundo hijo de AMLO sobre las razones de la cancelación de su visa y también rescatar lo que entre líneas dijo un vocero de la embajada de Estados Unidos en México en un video posteado la noche del pasado viernes 14 de agosto.
En su carta a Trump, López Beltrán acusa al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario, Christopher Landau, de retirarle el permiso de entrada a Estados Unidos sin tener prueba de algún acto inmoral o delictivo por él cometido, razón por la cual exige presentar evidencia en respuesta a su carta o si no pedir la renuncia a sus funcionarios.
A juicio de Andy, se trata de una “decisión de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”.
La respuesta de la embajada estadounidense que en México encabeza el exagente de la CIA, Ronald Johnson, reiteró lo dicho desde que hace poco más de un año, el 10 de mayo de 2025, cuando les fue revocada la visa a la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su exesposo Carlos Torres Torres: “Una visa es un privilegio, no un derecho, cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio… y puede ser cancelada en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense”. Suponemos que Washington entiende que esto aplica también para México, quien tiene la prerrogativa de decidir -como lo ha hecho- a cuántos agentes antidrogas o de inteligencia les permite ingresar a nuestro territorio y rechazar el ingreso a nuestro territorio de fuerzas armadas extranjeras.
El mensaje de la embajada a través de su vocero explicó, asimismo, que la cancelación de visas se lleva a cabo cuando existen señales de que sus titulares ya no cumplen con los requisitos para mantenerlas.
¿Cuáles son esos requisitos? 1. No quedarse en el país más tiempo del permitido; 2. Participar en actividades delictivas; 3. Representar un riesgo para la seguridad pública; y 4. Involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas. No creo que el requisito uno esté considerado en el caso de López Beltrán. Los otros tres sí.
Y en medio del mensaje que aparece entre líneas un punto nodal: “No es necesario que exista una condena penal, basta con que haya información suficiente (¿cuánto es suficiente y qué tan verídica es?) para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.
La argumentación es razonable en sentido estricto, pero también lleva a inferir que hay intención política, sobre todo cuando tan pronto como en noviembre próximo habrá elecciones legislativas en las que Trump podría perder la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que prácticamente paralizaría la segunda parte de su gobierno.
Proceder contra migrantes, los cárteles y los llamados “narcos políticos” mexicanos (que podrían serlo o no) son temas que reditúan electoralmente al mandatario estadounidense. La revocación de visas es, en suma, una herramienta de presión política y diplomática.
Tan es así que, hasta el pasado viernes 14 de agosto, al menos doce casos (incluido el de Andy) cuentan con confirmación pública, reconocimiento de los afectados o constancia de una notificación en la frontera de la cancelación de sus visas. Más habrá, de seguro, entre las 175 mil visas revocadas por Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.
En la cuenta X de su subsecretario Christopher Landau apareció en medio de todo esto un gráfico con el siguiente mensaje entre irónico y críptico: “¿Estás disfrutando el espectáculo? Recarga tus palomitas… amarás la siguiente parte”.
Para Andy López Beltrán lo que sigue es una embestida estadounidense a nuestro país. Hay muchos indicios de que ocurrirá. Aún así y por el bien de la república, deben investigarse y transparentarse las conductas del segundo hijo de AMLO y de otras figuras morenistas como los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Instantáneas:
1. LITIGIO MILLONARIO EN CASINO. Desde el pasado mes de abril, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SEGOB tiene sobre el escritorio un asunto relacionado con la operación del casino Joy de Ciudad Obregón, Sonora, que lejos de resolverse crece como bola de nieve. La inmobiliaria Infebo denunció a la empresa JUMAMEX, dueña del permiso federal expedido por la SEGOB, ya que permite que en la operación y ocupación de su inmueble intervenga la empresa Entretenimientos del Yaqui. Infebo también acusa a JUMAMEX de incumplir con el pago de la renta, adeudo que supera los 60 millones de pesos. Ambas empresas comparten a Samuel Letjik Vargas como representante legal, lo que impide clarificar la forma en que la referida unidad de negocio está estructurada, bajo qué figura jurídica lo hace y qué control efectivo conserva la empresa titular del permiso. Posteriormente la inmobiliaria Infebo llevó el asunto un paso más adelante y presentó ante Juegos y Sorteos una queja con la finalidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. La queja no se limita a reclamar una deuda. Plantea, entre otros puntos, posibles inconsistencias en la información financiera y contable reportada por JUMAMEX que, según la denunciante, pueden contrastarse con información disponible en el propio portal público de Juegos y Sorteos. Mientras tanto, el casino continúa operando. La Dirección General de Juegos y Sorteos tiene frente a sí una queja que plantea, al menos, tres asuntos que requieren una determinación de la autoridad: primero, posibles inconsistencias en la información financiera y contable reportada por JUMAMEX; segundo, cuestionamientos sobre la situación jurídica y la legítima posesión del inmueble en el que continúa operando el casino; y tercero, la posible intervención de una sociedad distinta a la permisionaria en la explotación material del establecimiento. No son señalamientos menores. El artículo 29 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece obligaciones específicas para los permisionarios y el artículo 151, fracción II, califica como infracción grave el incumplimiento de esas obligaciones; mientras que la fracción I del mismo artículo contempla el incumplimiento del objeto, términos o condiciones del permiso, la fracción III se refiere a información falsa proporcionada a la Secretaría para obtenerlo y la fracción VI a la cesión, pignoración o transferencia del permiso o de los derechos que éste confiere. El propio artículo 151 establece que las infracciones graves son sancionables con revocación del permiso y, en su caso, clausura del establecimiento. Así que la pregunta para Gobernación es bastante sencilla: si la autoridad ya tiene estos elementos sobre la mesa, ¿por qué después de meses el casino sigue operando sin que exista una resolución conocida sobre si JUMAMEX está cumpliendo o no las condiciones de su permiso federal?
2. MOVILIDAD ALTERNATIVA. La transformación de ECOBICI iniciada en 2022 ofrece la oportunidad de analizar cómo la combinación de mayor capacidad y mejor tecnología puede detonar la demanda de un sistema de transporte ya existente. La renovación llevó al sistema a pasar de 6,000 a 9,308 bicicletas, un incremento cercano a 43 por ciento, además de sustituir bicicletas y estaciones, incorporar nuevos sistemas de anclaje, aplicación móvil, liberación mediante QR y una plataforma tecnológica. El cambio en la utilización fue mucho mayor que el crecimiento de la flota: frente a los aproximadamente 4.3 millones de viajes registrados en 2021, ECOBICI actualmente supera los 20 millones de viajes anuales, es decir, cerca de cinco veces más. Parte del crecimiento debe analizarse considerando la recuperación posterior a la pandemia, pero incluso frente a los niveles previos a 2020 el incremento es extraordinario.
3. EL DATO DE ISLA MUJERES. No todo son malas noticias en la seguridad municipal. En Isla Mujeres, Quintana Roo, la policía pasó de operar en instalaciones precarias a tener videovigilancia, drones y unidad canina. La clave, según su Mesa Ciudadana de Seguridad, fue dignificarla. La presidenta Atenea Gómez entregó 500 uniformes y constancias de capacitación. El dato duro: un 753% más presupuesto en seguridad que en 2021 y, en consecuencia, más equipamiento: cuatro Scooter, 18 uniformes turísticos y dos Taser donados por la iniciativa privada por resultados. Un total de 201 agentes policiacos para cuidar a la isla más visitada del Caribe mexicano.
4. PROYECCIÓN DEPORTIVA. Con el objetivo de proyectar a Zacatecas como potencia deportiva, el diputado Ulises Mejía Haro destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a las y los atletas mexicanos y planteó aprovechar la altitud, ubicación estratégica y talento de esa entidad para proyectarla como referente nacional e internacional del deporte. Desde el municipio de Pinos, Mejía Haro señaló que el anuncio de aumentar 10 por ciento las becas para atletas a partir de 2027 y fortalecer los estímulos para quienes representan al país en competencias internacionales, confirman que el deporte ocupa un lugar relevante dentro de la política de bienestar y desarrollo de las nuevas generaciones.
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