Primera parte
La reforma electoral de 1996, calificada por el entonces presidente Zedillo como “definitiva”, cumple 30 años en 2026. Fue, sin duda, un punto de inflexión en la llamada transición democrática mexicana. Presentamos esta entrevista con uno de sus principales artífices, el entonces subsecretario de gobernación, licenciado Arturo Núñez Jiménez.
1.- ¿Cómo inició su acercamiento con los temas electorales?
Tuve un amigo, Jacinto Faya Viesca, coahuilense, que escribió mucho de derecho editado por Porrúa, dueño de una formidable biblioteca. Él, en el año 1980, me regaló un libro de Dieter Nohlen traducido del alemán por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ahí, Dieter revisa país por país el sistema electoral. Fue mi primer acercamiento metódico al tema. No obstante, en esa época yo estaba concentrado en cuestiones de reforma administrativa y desarrollo regional. Como economista de formación que soy, dos sexenios (LEA y JLP) me dediqué al desarrollo regional en Tabasco y a nivel nacional.
Al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid, el Licenciado Jorge de la Vega, mi jefe, y Patricio Chirinos, me habían hecho invitaciones a trabajar con ellos en el gabinete del presidente Salinas. Pero un día pasa por mi oficina en el PRI mi amigo Manlio Fabio Beltrones, por entonces electo senador por Sonora junto con Luis Donaldo Colosio. Manlio me dijo “pasé a verte porque don Fernando Gutiérrez Barrios se viene al gabinete, no sabemos si a SEGOB o al Departamento del Distrito Federal. Yo tengo interés de acercarle tres personas. Tú eres el primero. ¿Te interesaría trabajar con don Fernando?”. Le contesté que me sentiría honrado, pues don Fernando era un paradigma de la política nacional. “Pero me siento obligado a informarle a don Jorge de la Vega y a Patricio Chirinos de esta invitación” le comenté. Me pidió que nada más no fuera a decirles a qué posiciones podía ir don Fernando. La respuesta de don Jorge de la Vega fue muy amable. “Arturo usted es político. Le va a ser muy útil a don Fernando. Lo más seguro es que yo en cambio vaya a un área técnica.” Finalmente fue Secretario de Agricultura don Jorge de la Vega; en cambio a Chirinos no le gustó la idea, pues no tenía buena química con don Fernando… veracruzanos los dos. No me dijo que no, pero tampoco que sí.
Así que llegó el 30 de noviembre de 1988, el día anterior a la toma de posesión del presidente Salinas. Don Fernando se destapa en Veracruz como futuro Secretario de Gobernación del presidente Salinas; don Jorge de la Vega organiza un brindis en su casa. Prácticamente todos los integrantes del comité nacional del PRI se iban al gabinete, pasaban a ser gobierno. En la puerta de la casa de don Jorge, me topé a Beltrones, quien me informa “don Fernando te espera a las doce de la noche, que va a tomar posesión en la Secretaría de Gobernación.” Ahí estuve y alcancé a ver cómo don Fernando acompañaba a salir a Bartlett, el titular de Gobernación saliente. Acto seguido, don Fernando presentó a sus tres subsecretarios: Manlio Fabio, Subsecretario de Gobierno, Desarrollo Político y Derechos Humanos; Miguel Limón, Subsecretario de Población y Servicios Migratorios; Emilio Rabasa, Subsecretario de Prevención y Readaptación Social; Oficial Mayor, Alfonso Ponce Coronado. Una vez presentado su equipo, don Fernando leyó su decálogo de prioridades en Gobernación, y a las doce diez recibió a su antiguo jefe Mario Moya Palencia. A las doce y veinte me recibió a mí, generosísimo. Yo traía las mejores y más generosas referencias de mis jefes. Me invitó a ser Director General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, adscrito a la subsecretaría del licenciado Beltrones. Me preguntó si tenía yo invitación para la toma de posesión del presidente Salinas, “vaya y esté muy atento al discurso. Lo espero hoy a las 6 de la tarde.” Fui, escuché el discurso de Salinas, el acuerdo político, el acuerdo económico, el acuerdo social. A las seis de la tarde regresé con don Fernando y me preguntó “¿escuchó usted atentamente el discurso presidencial?”. Respondí que sí, me indicó que la tarea de mi Dirección sería el acuerdo político.
2.- Menuda tarea…
El país estaba ardiendo en términos políticos, Raudel. El ingeniero Cárdenas convocaba frecuentemente grandes concentraciones en el Zócalo. El ingeniero Clouthier organizaba reuniones de la Coparmex en los estados “México en libertad.” Hasta doña Rosario Ibarra andaba en giras. Manlio me contó después que, a su llegada, los partidos pequeños no le tomaban ya la llamada al anterior Secretario de Gobernación. Se rompió la comunicación con “la caída del sistema”. Manlio me acomodó oficina y me ubicó. Don Fernando pasó a presidir la entonces Comisión Federal Electoral, de la cual Manlio fue Secretario Técnico. A mí me nombraron Coordinador de la mesa de reforma electoral pluripartidista. Así entré de lleno al tema electoral. No paré hasta el 2007 siendo senador; estuve en la reforma de 1989-1990, creadora del IFE. En 1993 se decidió la desaparición de los colegios electorales de diputados y senadores; en 1994 se dio la renovación del Consejo General del IFE (salieron los consejeros magistrados y llegaron los consejeros ciudadanos). Se aceptaron las figuras de observadores nacionales y de visitantes internacionales. En 1996 volví a ser Subsecretario en Gobernación y me tocó coordinar la mesa de la Reforma Electoral con Muñoz Ledo del PRD, Santiago Oñate del PRI y Carlos Castillo Peraza del PAN. Fue la única reforma aprobada por unanimidad en el ámbito constitucional. Luego el COFIPE. En 2003 se me consultó para el voto en el extranjero; y cuando fui senador en 2007, participé en la reforma del modelo de comunicación política. La única reforma electoral en la cual no participé fue en la del sexenio del presidente Peña Nieto, porque ya era yo Gobernador de Tabasco.
3.- No se contenga. Cuéntenos todas desde 1989…
La de 89-90 fue donde tuvimos la negociación más larga. Yo había hecho un diagnóstico a detalle de cuál era el sistema electoral que recibíamos, que era el derivado de la renovación política-electoral promovida por iniciativa del presidente Miguel de la Madrid e instrumentadas por el Secretario Manuel Bartlett. Ése fue el punto de partida con un ambiente muy tenso. Recuerdo que al PAN lo representaba Diego Fernández de Cevallos y lo acompañaba a veces otro panista, Fernando Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Felipe Calderón. Estaban el PPS, el PARM, PFCRN de Águilar Talamantes, “el ferrocarril” le decía la gente. Empezamos a reunirnos y yo llevaba un proyecto de orden del día que se modificaba o no y levantaba una minuta de lo que todo el mundo decía. Esos archivos los conservo. Muñoz Ledo me decía “Arturo usted tiene los archivos más completos de la transición. Publíquelos”.
Ahora que estoy escribiendo mi testimonio sobre la transición democrática de México (y la restauración autoritaria), estoy consultando mi archivo. En aquel tiempo trabajamos, dialogamos y dimos puntos de vista. Yo luego conté a detalle la reforma de 89-90 en un libro que me pidió el presidente Salinas como parte del esfuerzo de modernización de México en una colección editada por el FCE. Esa colección hablaba de todas las reformas de aquel sexenio: agraria, religiosa, de autonomía del Banco de México, así como de la reforma política. Ese último libro yo lo escribí con un testimonio detallado de las negociaciones. Avanzamos hasta que nos atoramos en un punto: la conformación del órgano electoral que fungiría como autoridad de mayor nivel en la materia, la hasta entonces Comisión Federal Electoral.
Una de las herencias de 86-87 fue la configuración de una Comisión Federal Electoral sumamente controvertida. Al presidente de la Madrid le habían preocupado las votaciones en el seno de dicha Comisión. Los partidos tradicionalmente alineados con el PRI, el PPS y el PARM, se distanciaron gradualmente. Ese distanciamiento fue observable hasta llegar la elección presidencial de 1988, cuando formaron parte del Frente Democrático Nacional, junto con el PMS, heredero del PSUM. Ahí convergían varias corrientes de la izquierda mexicana que no pasaron por el PRI. Preocupado por eso, el licenciado Bartlett incluyó la vuelta a la integración original de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral de 1946 con Ávila Camacho. Es cuando se federalizan las elecciones. En aquel primer momento se estableció que solamente los dos partidos con mayor votación, desde entonces el PRI y el PAN, serían parte de la Comisión con voz y voto. Después se agregó el PPS en 1960, primero Partido Popular de Lombardo en 1950 y ya Popular Socialista en 1960. En 1954 también se creó el PARM durante el gobierno del presidente Ruiz Cortines. Esos dos partidos que después votaron generalmente con el PRI en la Comisión, dejarían de votar por la Renovación Política Electoral de 1986-1987. Entonces se empezaron a tensionar para el gobierno las votaciones. Por eso Bartlett prefigura una reforma para que solamente los tres partidos con mayor votación tuvieran voz y voto en la Comisión. El resto tendrían voz, pero no voto. Cuando la iniciativa del Presidente de la Madrid llega a la Cámara de Diputados, se genera una insurrección, y los legisladores plantean que se adopte absurdamente un mecanismo de integración de la autoridad electoral por representación proporcional. Se establece una regla que por cada 3% de la votación nacional se tiene derecho a un comisionado ante la Comisión Federal Electoral. Nadie puede tener más de 16. Eso no fue iniciativa de Gobernación, pero la dejó pasar, aprobada por la Cámara de Diputados.
Cuando ya estaba en vigor el Código Federal Electoral nuevo para la elección de 1988, se integra la Comisión con esa regla. La Comisión tenía 31 integrantes, de los cuales 16 eran comisionados del PRI, el tope máximo; 12 de la oposición en su conjunto; y 3 eran el Secretario de Gobernación, un Diputado y un Senador, todos priístas. Aún en la hipótesis falsa de que se aliaran el gobierno y la oposición, daban 15 votos; el PRI tenía 16. Las votaciones estaban definidas de antemano. La oposición ya denunciaba el “mayoriteo”. Se dijera lo que se dijera, el PRI tenía mayoría. El ambiente se había enrarecido en parte por eso, por una Comisión Federal atípica. El debate en 1989 consistía en encontrar una forma de integrar la Comisión Federal Electoral que no mayoriteara. La oposición se quejaba de que no quería “mayoriteo” del PRI, mientras el PRI se quejaba del “minoriteo” de las oposiciones, en el sentido de que minorías electorales de México se volvieran mayorías políticas en la mesa. Ni mayoriteo, ni minoriteo. Tengo registradas en mi bitácora 600 horas dedicadas al tema de la autoridad electoral en el nivel constitucional. 400 horas con el COFIPE. Era el tema más importante planteado por las oposiciones. Jorge Alcocer, quien representaba junto con Muñoz Ledo al PRD, llegó a plantear un acuerdo de todas las oposiciones. Que en la nueva autoridad electoral no hubiese mayoría de un solo partido ni de un partido aliado con el gobierno. Nada de mayorías preconstituidas. Entonces fueron muchísimas horas sin avance. Debo confesar que la oposición traía la iniciativa y nosotros en el gobierno y el PRI estábamos a la defensiva.
Un gran mexicano que participaba por el PRI entonces era el senador José Luis Lamadrid Sauza, muy cercano a don Jesús Reyes Heroles, con quien participó como Oficial Mayor y como Subsecretario en SEGOB durante la reforma de 1977. Se conocieron en la cuadragésima quinta legislatura, allá en la época de López Mateos. Reyes Heroles presidió la Comisión de Puntos Constitucionales y José Luis Lamadrid fue Secretario. Les tocó dictaminar la iniciativa de “diputados de partido”. Lamadrid solía decir “voy a dedicar esta tarde a pensar”. Muy pocos políticos lo hacen, pensamos sobre la marcha. Decidimos sobre la marcha. Lamadrid leía, analizaba el derecho comparado, pensaba. Un día en un grupo pequeño estaban Lamadrid por el PRI del Senado, Fernando Franco que venía del jurídico de la Presidencia de la República y yo Director de Desarrollo Político de Gobernación. Éramos el núcleo de arranque. Obviamente participaron miles de mexicanos en aquella reforma, pero el núcleo disparador era ese. La división del trabajo fue Lamadrid el estratega, Franco el redactor de la legislación constitucional y yo el negociador político. Obviamente participaban don Fernando Gutiérrez Barrios, Manlio Fabio Beltrones, Amador Rodríguez Lozano, César Augusto Santiago. Y Lamadrid nos dice “me voy a dedicar a pensar.” Se ausenta unos días y regresa. Quería que a base de interrogatorios, fuéramos nosotros quienes llegáramos a la verdad. Entonces nos dijo “a ver maestros, ¿en qué ámbito del servicio público se ha establecido un diseño para la imparcialidad?”. Franco contestó inmediatamente “en la magistratura”. Claro, había que garantizar por encima de todo imparcialidad. Fernando Franco añadió que la imparcialidad requiere cualidades de personalidad, de carácter, de temperamento. Hay gente más dispuesta al acuerdo que otros… y luego, ya tanto Franco como yo, empezamos a enumerar otras cualidades. “Ser profesional del derecho es indispensable para ser juez, no la popularidad en votos. Segundo, la forma de reclutamiento, concurso, propuesta, combinación de poderes, Ejecutivo-Legislativo. Que el Presidente proponga y el Senado elija.” ¿Qué más? Nos preguntaba Lamadrid. “Alto salario para que no se vayan a vender a ninguna de las partes en litigio. Carrera judicial, capacitación permanente.” Todos los ingredientes de la magistratura, eso lo tenemos que “importar” para la autoridad electoral, nos explicó Lamadrid. Es la única manera de tener una autoridad imparcial y salir de la trampa del mayoriteo y el minoriteo. Ahí fue el germen del Instituto Nacional Electoral. Lamadrid tuvo la brillantez de meditar el tema y concebirlo. Recuperamos la iniciativa y a mí me tocó transmitirlo a los representantes partidistas. Recuerdo que se lo informé al licenciado Muñoz Ledo y me dijo “¡Ah Arturo! Nos quieren recomendar una CONASUPO electoral”. Se hablaba de un organismo público descentralizado, todavía no dotado de autonomía constitucional. En ese tiempo aún no proliferaban los organismos autónomos, como después ocurrió.
4.- Solo existía la autonomía universitaria, la UNAM.
Sí. La idea fue cuajando. Fuimos diseñando el IFE, primero en la Constitución, luego en el COFIPE. Hubo aportaciones de todas las fuerzas políticas para diseñar cuántas direcciones iba a tener y en qué materias. Educación y capacitación política, prerrogativas y partidos, registro de electores, administración y finanzas, cosas así.
Cuando llegó la reforma constitucional, aún no tenía nombre, se hablaba de un organismo descentralizado. Después fue órgano constitucional autónomo y se llamó Instituto Federal Electoral. Ya con la reforma del sexenio del presidente Peña Nieto cambió su nombre a Instituto Nacional Electoral, pues se le dio responsabilidad en las elecciones locales. Ése fue el tema número uno de la reforma de 89-90, la creación del IFE. El siguiente tema fue el padrón. La oposición amenazó con retirarse de la negociación si no había nuevo padrón. Ernesto Ruffo en Baja California, con Ricardo García Cervantes, Subsecretario de Gobierno, hicieron un nuevo padrón en Baja California, con una credencial anaranjada. Querían demostrar que sí se podía partir de cero al hacer un nuevo padrón. Trajimos a Juan Manuel Herrero, el actuario que había coordinado el Censo de Población de 1990 junto con Jaime Serra, para hacerse cargo con el ingeniero Roberto Wong, como Director del Registro Federal de Electores. Luego con Carlos Almada, se empezó a hacer la credencial de elector con fotografía. Esa me tocó culminarla como director del IFE. Se avanzó en muchas áreas. Se fijó en la Constitución “la autoridad electoral tendrá como principios rectores certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad.” Esos eran los principios rectores de la función electoral.
Se estableció que la función electoral era estatal, es decir que podía estar a cargo de órganos del Estado o de organismos descentralizados. Pero se mantuvo la posibilidad de que si el gobierno recuperaba la confianza popular, retomara la organización de las elecciones, como sucede en casi todo el mundo democrático liberal, donde una oficina del ministerio del interior organiza las elecciones. Pero aquí, por la desconfianza, había que crear una institución diferente.
Otro tema esencial de esa reforma fue corregir el error en que incurrieron con la Renovación Política-Electoral de 1986-1987. La representación proporcional la había traído a México la reforma de López Portillo, instrumentada por Reyes Heroles y José Luis Lamadrid. Debo comentarte un descubrimiento que hice. Cuando en 1963, el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Reyes Heroles, presenta al Pleno el dictamen de reforma de diputados de partido, dice “exploramos la posibilidad de introducir la representación proporcional en México. Llegamos a la conclusión que no era procedente porque la representación proporcional solo sirve en países con minorías étnicas o minorías religiosas.” Y cerraron el expediente. En 1977, 14 años después, como Secretario de Gobernación de López Portillo, a Reyes Heroles le toca presentar la iniciativa de reforma política y dice “hace algunos años me equivoqué con la representación proporcional. Creí que solamente valía para minorías étnicas y religiosas. También vale para minorías ideológicas y políticas.” Se autocorrigió. En 1977 se introdujo un sistema mixto para la Cámara de Diputados. El Senado no se tocó. Hubo muchas resistencias de la CTM y del propio Senado para que no se modificara su integración. Pero la Cámara de Diputados, que se venía integrando por mayoría relativa desde la primera vez que votamos para las Cortes de Cádiz en 1812, o bien desde nuestra primera elección ya como país independiente en 1824, hasta 1979 que entró la representación proporcional. En 1977 se introducen 100 diputados de representación proporcional. Había como 180 diputados, pero cada diez años se tenía que modificar dicho número con el censo de población. Conforme la población crecía, el número de diputados iba creciendo. Para la reforma de 1977 se establece un número fijo de diputados de mayoría (300) y 100 de representación proporcional. Para ser muy conciso, se le denomina sistema mixto con dominante mayoritario. ¿Por qué dominante mayoritario? Porque eran más los de mayoría que los de representación proporcional. Hay sistemas, como el alemán, donde es el mismo número de diputados de mayoría que los de representación proporcional y hay otras combinaciones posibles. Se introdujo una salvedad, el partido que obtuviera más de 60 triunfos de mayoría, no tenía derecho a participar en la representación proporcional. De esta manera, el PRI no participaba de la RP. De todos modos el PRI postulaba candidatos de representación proporcional, que en la jerga popular los llamaron “los nacidos para perder”. Ya posteriormente, en la reforma de 1986-1987 se aumentó de 100 a 200 los de representación proporcional y se quitó el candado para que el partido mayoritario pudiera participar. López Portillo de manera didáctica llegó a decir “vamos a tener una pista para las mayorías y otra pista para las minorías.” Desde entonces, en la cultura popular se quedó la idea de que la representación proporcional es un subsidio a las minorías. Desde 1986-1987 participa también la mayoría en la representación proporcional, pero la Cámara se integró como si los 500 fueran de representación proporcional. La proporcionalidad se aplica no a 200 sino a 500. Se encuentran en un callejón sin salida porque con 50% de los votos, el PRI tendría 50% de los diputados. De 500, 250. Necesitaba 1 para tener mayoría absoluta. Incluyeron entonces la “cláusula de gobernabilidad”, que por cierto surgió en la Italia fascista de Benito Mussolini.
5.- Qué duro lo que dice…
Imagínate hablar de un “premio a la mayoría” en un partido que llevaba 57 años en la presidencia de la República y que tenía 64 senadores de 64 que integraban el senado. Alguna vez hubo uno de Oaxaca, del PPS. Entonces había mayoría hegemónica en la acepción sartoriana. Evidentemente se pusieron un candado y eso recibimos nosotros. No supieron manejar bien la representación proporcional en la reforma de 1986-1987. Errores graves. Representación proporcional en la autoridad electoral y proporcionalidad de la totalidad de la Cámara, en lugar de solamente los 200. El principio de mayoría para cargos uninominales es correcto. Pero los órganos colegiados, como la Cámara de Diputados, la de Senadores y los ayuntamientos, es injusto que la mayoría se lleve todo por un voto. Imagínate que hay 100 electores y 2 candidatos. El que tiene 51 votos representa a los 100 como presidente y el que tiene 49, pierde todos sus votos. Se tiran a la basura. Esto es comprensible en un cargo uninominal. No se puede tener un presidente 10% de un partido y 90% de otro. Como dice la Constitución, la titularidad del Ejecutivo Federal se deposita en un individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es válido el principio de mayoría porque se trata de un solo cargo. Pero en los órganos colegiados es injusto que quien tenga 51% de votos, represente al 100% del electorado.
En cambio la representación proporcional, le tiende a dar a cada quien la proporción de legisladores que le corresponde conforme con su proporción de votos. No es una correspondencia exacta, puede haber pequeños sesgos derivados de los elementos técnicos, pero no demasiado grande. En general se aproxima la proporción de curules a la de votos. La representación proporcional hace pleno el principio de igualdad del voto. Vale lo mismo mayoría que minoría. Imagínate nuevamente 100 electores y cuatro candidatos. Uno obtiene 25% de los votos, otro empata con 25%. Otro tiene 26% y otro 24%. El que tiene 26% en el principio de mayoría relativa representa al 100%. Obtiene 74% extra, digamos. La representación proporcional, a diferencia de lo que supone el imaginario popular, no es un subsidio para las minorías. Es el reconocimiento de la realidad de los correspondientes desempeños electorales. La proporcionalidad se establece por cocientes y a veces el costo de una pluri es mayor que el de una posición de mayoría. Cuesta más votos ganar una pluri que una de mayoría. No es uninominal, se vota por una lista. Entonces el problema de 1986-1987 es que eligen 300 y 200, pero integran 500 como si fueran todos de representación proporcional. La representación proporcional, como su nombre indica, atempera la desproporción. En 1986 se anuló la desproporción, no se atemperó y ese fue un error. Quien comprendió todo esto con claridad meridiana fue José Luis Lamadrid. Entonces buscamos un método que respetara la naturaleza de cada principio. Si son más los diputados de mayoría, que haya una sobrerrepresentación tolerable y atemperada para que hubiera gobernabilidad en la Cámara de Diputados.
Si queríamos construir un acuerdo con la izquierda, teníamos que pactar con tres partidos para que sumaran los votos suficientes a fin de alcanzar la mayoría calificada. Si pactábamos solo con el PAN, nos bastaba con los votos de ese partido. El PRD, ofuscado por sentir que se le había robado la elección de 1988, no quería ningún acuerdo con el gobierno de Salinas. Los perredistas participaron en la negociación de la reforma de 1989-1990, pero no la votaron en la Cámara. En 1993 participaron en la negociación para suprimir los colegios electorales, pero no votaron la reforma. En 1994, por la emergencia del EZLN y el asesinato de Colosio, participaron en las negociaciones y se dividieron entre cámaras (diputados y senadores). Algunos la votaron y otros no. Por eso Zedillo cuando llega, habla de una “reforma definitiva”. En realidad, como diría Rubén Aguilar de Fox, lo que el Presidente quiso decir no era definitiva en el sentido de definitividad, sino de unanimidad. Que el PRD participara. Eso lo conseguimos hasta la constitucional de 1996, fue por unanimidad. El COFIPE no fue por unanimidad, sólo por mayoría del PRI. Cuando el PRD se retiraba de la mesa, se le tiraba a la yugular al PAN. “Vendidos, traidores a la democracia, ya pactaron con Salinas”. Eran terribles. Y los panistas nos decían en corto “ayúdennos, traemos muchos problemas con el panismo para votar con el PRI, y todavía se nos echa encima el PRD. Ténganlo en la mesa por lo menos”. Y hacíamos todo lo posible por tenerlos en la mesa. Gente como Muñoz Ledo y Alcocer apoyaban el acuerdo. Finalmente Alcocer salió del PRD. El miedo al acuerdo estaba presente en 1989-1990. No querían legitimar al enemigo histórico, especialmente en el PAN. En el panismo, dos gentes movieron al partido. Recuerda que estamos hablando de la primera vez que el PRI no podía reformar la constitución por sí solo, necesitaba de otra fuerza. En la izquierda hubiéramos requerido los votos del PRD, PPS y PARM. En la derecha eran suficientes los votos del PAN. El proyecto de modernización económica le simpatizó más al PAN que a la izquierda. La izquierda nos acusaba de traición a la Revolución Mexicana y al nacionalismo revolucionario. El acuerdo se construyó con el PAN. Dos gentes movieron al PAN: Diego Fernández de Cevallos, valiente, osado y audaz que llevó al PAN al acuerdo. Y también Castillo Peraza, más sofisticado, más elaborado políticamente, le dijo a los panistas “votemos esto. Es un triunfo cultural de Acción Nacional.” Luego vino el replanteamiento de las relaciones con la Iglesia y la cancelación del reparto agrario. El PAN votó porque Castillo Peraza les dijo “esto es lo que siempre hemos peleado. Ahora que lo conseguimos ¿no vamos a apoyar nosotros?”. Ellos movieron al PAN.
Dieter Nohlen nos dijo siempre “el sistema electoral debe dar por los resultados numéricos, no por barreras institucionales.” Se trataba de traducir votos en curules. Sistema electoral incluía toda la institucionalidad, órgano administrativo, órgano jurisdiccional, fiscalía de delitos electorales, medidas para la equidad, etc. Cuando ya el tema pasa a la Cámara de Diputados para formalizar el decreto, don Fernando Gutiérrez Barrios me ordena ir a la Cámara de Diputados para evitar que el acuerdo se deshiciera ahí. Y me encuentro con que al hablar con el PAN, el Coordinador de los Diputados del PAN, Abel Vicencio Tovar, me dice “¿y qué garantía tenemos los panistas de que les damos nuestros votos para la reforma constitucional, pero el PRI no hará trampa con su mayoría absoluta al hacer la ley secundaria? En la ley secundaria pueden interpretar de diferente manera lo que estamos pactando en la reforma constitucional”. Había mucha desconfianza. Yo, como economista, sugerí “¿por qué no pensamos que como en el caso de los ajustes cambiarios, que además de devaluar o revaluar una moneda, el país debe hacer una carta de ajuste económico y presentarla al Fondo Monetario Internacional para que le autorice la devaluación o revaluación?”. Cada país solo podía devaluar o revaluar el 1% de su moneda, pero si era más, había que presentar una Carta de Intención. Entonces les pareció bien y se preguntaron qué iban a exigir que se incluyera en la ley.
Pero en un debate en la Cámara, los perredistas se lanzan a la yugular de los panistas. “Van a aprobar la reforma y ¿qué les dieron? Un registro ciudadano que nunca va a funcionar”. Un diputado del PAN, Juan Miguel Alcántara Soria, toma la tribuna para responder a los perredistas y dice “no solo obtuvimos la reforma, también esta carta de intención.” Esa carta no era sino la propuesta del PAN para carta de intención, aún no se negociaba. El PRI saltó y protestó en Gobernación “¿ya entregaron todo eso?”. En SEGOB no habíamos negociado la carta de intención, nada más estaba planteada la idea. La propuesta panista era la negación de toda la reforma constitucional. Don Fernando nos habló a a Manlio y a mí. Abel Vicencio exigió garantías al PRI de que no aprobaría una ley secundaria con interpretación distinta de la reforma constitucional. Pero no hemos negociado la carta de intención y el PRI se enojó. Dice don Fernando “estamos en un lío, licenciado, porque nuestro aliado es el PAN y si salimos a desmentirlo, lo vamos a perder y no habrá reforma. Yo le daré garantías al licenciado Colosio, entonces presidente del PRI, de que no hay tal carta de intención negociada todavía. ¿Qué hacemos?”. Y le dije yo Don Fernando en el constituyente del 17, al discutir el artículo de derecho agrario, el diputado Heriberto Jara preguntó “quién, -palabras más palabras menos- tenía la autoridad de disponer cuántos capítulos, cuántos renglones o cuántas palabras debería contener una Constitución. La Constitución debe reflejar los anhelos del pueblo y no importa cuántas palabras tenga”. Los muy ortodoxos decían que estábamos llevando a la Constitución temas que no eran de rango constitucional, sino reglamentarios de la ley. “Hagamos, le dije yo, lo que Jara propuso en el constituyente. Las cosas que le preocupan a Acción Nacional vamos a incluirlas en la Constitución.” Ahí empezaron otra vez los artículos largos de la Constitución, como en su momento los derechos sociales, el 3°, el 27 y el 123. El 41 se ha vuelto un artículo larguísimo. Yo siempre me felicité de que la primera reforma del sexenio haya sido instrumental-electoral. Si hubiera sido más ideológica, como la agraria o la de la Iglesia, imagínate cuánto nos hubiéramos tardado. La reforma constitucional nos llevó un año y el COFIPE el segundo año. En la constitucional usamos 600 horas para negociar la autoridad electoral y en el COFIPE 400. Algo que siempre me ha ayudado en la vida y en la política fue mi sentido del humor. Siempre fue útil en momentos tensos. En 93 ya soy Director del IFE, cargo al cual llegué a regañadientes. Ya una vez constituido el IFE, mi jefe inmediato, el Subsecretario Beltrones, me dice “oye Arturo, don Fernando Gutiérrez Barrios y yo ya tenemos candidato a director del IFE... Tú.” Me asombré “no Manlio, le dije. Yo tengo vocación de jugador, no de árbitro. Quiero ser gobernador de Tabasco y si me vuelvo autoridad electoral, voy a perder la oportunidad. No voy a poder voltear ni al PRI ni a Tabasco.” Tuvimos que pensar otros nombres y por diversas vías se llegó a que el primer director fuera el licenciado Emilio Chuayffet. Cuando Beltrones se va de candidato a gobernador de Sonora, Gutiérrez Barrios me propuso como Subsecretario sustituto. Me convertí entonces en Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político. Continuará…