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El Presidente no es tonto

Periodistas EL UNIVERSAL

Bajo Reserva

El Presidente no es tonto, tonto es el que cree que el Presidente es tonto, eso nos aseguran algunos miembros de la autollamada Cuarta Transformación. La cita modificada a una de las frases hechas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que repite hasta la saciedad, viene a cuento por el poder e influencia que ha logrado tener dentro del gobierno federal el encargado de la estrategia oficial para enfrentar la pandemia del coronavirus causante de la enfermedad de Covid-19. Nos dicen que hay poner mucha atención cuando el Presidente reparte los tramos de responsabilidad en las decisiones que se han tomado. Él, nos dicen,  siempre ha dejado claro que solo ha seguido las instrucciones y consejos del científico Hugo López-Gatell, a quien no le escatima halagos y apoyos. Así, nos explican, que cuando se escriba en los libros de historia la manera en que México enfrentó los oscuros tiempos de la pandemia, el héroe será el Presidente, quien puso el problema en manos de un científico al que le creyó todo, le compró que el cubrebocas no funciona contra el coronavirus, le hizo caso cuando le recomendó no hacer pruebas y puso en sus manos la estrategia para la vacunación. Y,  ya se imaginará quién será el villano de la historia, quizá hasta el grado de traidor, pues puso a la patria en riesgo. Desde luego, las decenas de miles de muertes que cobre la pandemia le serán cargadas a él, al científico que engañó al Presidente y al país. El Presidente no es tonto…

Alcalde de Tijuana ¿la historia se repite?

Hay familias que están cruzadas por la polémica y las sospechas. En 1996 el subdelegado de la Procuraduría General de la República en Baja California, Ernesto Ibarra Santés, fue asesinado en la Ciudad de México luego de que llegó a la capital en un vuelo procedente de Tijuana. El crimen le fue atribuido al  cártel de los hermanos Arellano Félix. Ibarra Santés se vanagloriaba de haber sido quien en 1993 arrestó a Francisco Rafael Arellano Félix. Días antes de su muerte el funcionario de la PGR dio una entrevista a la corresponsal de EL UNIVERSAL, Dora Elena Cortés, en la que le confió algunos nombres de personajes políticos ligados al narcotráfico. En aquellos días se publicó que el entonces senador panista Ricardo González Cruz rentaba un edificio a uno de los operadores del cártel de los Arellano. Hoy, Luis Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana y hermano de don Ricardo, es investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, probable lavado de dinero, y su relación con el asesinato de un periodista. Inmerso en esta situación don Luis Arturo busca ser candidato de Morena al gobierno de Baja California. ¿Podrá llegar a las boletas?

Morena sigue los pasos de García Luna

Nos comentan que la próxima semana se pretende aprobar en la Cámara de Diputados una iniciativa para revivir el famoso Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil). Famoso porque no solo no cumplió el objetivo de reducir la delincuencia, sino que incentivó la comisión de nuevos delitos y puso en peligro la privacidad de millones de usuarios con la venta de dicha base de datos en el mercado negro. Así, Juanita Guerra, diputada de Morena busca que se apruebe esta iniciativa que es esencialmente igual a la que impulsó  el hoy preso Genaro García Luna y que fue eliminada por el Congreso en 2011 por haberse incrementado en ese periodo el delito de extorsión. ¿Por qué regresar el Renaut que puso a la venta los datos de los usuarios? Se preguntan algunos en el sector telecomunicaciones.

Romo ¿a la banca por 10 años?

Para acallar las voces de que Alfonso Romo renunció al gobierno federal por diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario pidió no hacer conjeturas ni especulaciones y dijo que don Alfonso no estará en el organigrama gubernamental, pero seguirá trabajando a su lado como su principal enlace con el sector privado. Sin embargo, nos hacen ver que el empresario regio será uno de los primeros afectados por el candado que Morena aprobó en la Ley de Austeridad que establece que al culminar sus encargos o en caso de renunciar los altos funcionarios del gobierno federal estarán impedidos de trabajar en la iniciativa privada por 10 años. Es decir, si usted creía que don Alfonso puede regresar de lleno a sus actividades como empresario, eso no podrá ser posible del todo.  Al menos hasta 2030, cuando culmine el plazo legal que impuso Morena para evitar el chapulineo de los altos funcionarios a la IP como en el  llamado “periodo neoliberal”, Romo estará limitado para realizar algunos negocios.

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