El reloj de Trump/ Norteamérica nos marca la hora

Pedro Isnardo de la Cruz

El gobierno de Washington actual traza al gobierno mexicano prioridades que en realidad tienen alcance interno en la política de seguridad y en el reloj geopolítico norteamericano.

EUA ejerce su posición de nación hegemónica y evidencia que el grado de integración multidimensional entre las sociedades y naciones de Norteamérica, es inevitable, potente y se fortalecerá siempre, por lo que requieren mayores garantías sobre la toma de decisiones ejecutivas y sobre las capacidades institucionales de México, dado el futuro compartido con Canadá y México.

El presidente Trump hasta ahora ha preservado respeto pragmático por la autoridad del Presidente AMLO, pero su gobierno -y el partido demócrata-, tratan a México como el actor más débil en la escena que debe entregar mejores cuentas.

Ambos presidentes coinciden en la defensa de un proyecto soberano / nacionalista, la visión de los efectos nocivos de la globalización, la importancia de proteger sus sectores y regiones productivas; el cuidado de la agenda con electores base que les dieron sus triunfos en la Presidencia; la decisión de preservar el TLC original en un TMEC norteamericano en proceso de aprobación; la esfera migratoria como caja negra de conflictos fronterizos; China como potencia mundial y a la vez como aliada inhóspito frente a las prioridades de Norteamérica: son tejido narrativo común de los presidentes de México y Estados Unidos.

Lo que no parece compartir el gobierno de Trump es el diagnóstico del problema de seguridad binacional y las expectativas de la presidencia de AMLO sobre el futuro de México en esta materia. Doble compuerta circunstancial -la captura frustrada de Ovidio y la no extradición del hijo del Chapo Guzmán y la masacre de familias de origen mexicano estadounidense- son trofeos de la guerra narco intestina combinada con una política de seguridad presidencial que no terminan de comprender y con el pasmo de las autoridades inter estatales mexicanas, por lo que han buscado resolver por sí mismos, con sus manos, agencias y con nueva agenda, sus expectativas de lo que debe esperarse y lo que debe hacer el gobierno mexicano.

En efecto, se sumó a la agenda del gobierno estadounidense la necesidad de romper el flujo ilegal de inmigrantes latinos y en particular de origen mexicano ante las resistencias que ha generado la construcción de un Muro fronterizo y el peso de los contrapesos del sistema judicial estadounidense contra la ofensiva antiinmigrante trumpiana; a su vez, dan por hecho el enraizamiento de la violencia endémica en México asociada al narcotráfico y a la corrupción, el desdén por los resultados de la militarización del país, más los riesgos que puede representar el terrorismo y el crimen transnacional vía México para sus propias fronteras, como hechos que despiertan desconfianza permanente en las autoridades mexicanas.

Sí, para EUA es evidente la responsabilidad de las presidencias de Zedillo a Peña Nieto en la corrupción, el fracaso de la militarización y la expansión de decenas de miles de muertes y de personas desaparecidas cada año como saldo de guerra interna con riesgos a la seguridad e intereses estadounidenses, llegandose a convertir en sus propios sexenios en actores de reparto y no en poderes del Estado mexicano capaces de atender de raíz los problemas.

Con la Presidencia de AMLO - a juicio del gobierno estadounidense-, se paró en seco la insensatez y la animosidad presidencialista por la guerra anti narco, pero no la militarización ni la espiral de violencia que derrama cada vez más sangre de inocentes y se extiende por todo el territorio, mientras los sistemas de justicia, judicial y de inteligencia del Estado mexicano, asumiendo que se mantienen aún en condiciones de debilidad presupuestal y estructural.

El caso Ovidio y el reclamo de la necesidad de intervención del gobierno estadounidense en México por la tragedia de la familia Lebaron (un verdadero atentado acontecimiento que removió el imaginario de legisladores bipartidistas y la psique de ciudadanos estadounidenses sobre lo que puede esperarse de los cárteles mexicanos al atentar de manera inmisericorde contra vidas de niñas, niños y madres), mostró que la sólo la mención del presidente Trump de que podría catalogar a los cárteles de México como organizaciones terroristas modificó nuevamente el reloj de tiempos, negociaciones y prioridades de la relación trilateral.

Irónicamente esto se da cuando el sistema democrático de Estados Unidos está más desafiado por el propio Presidente Trump, dada la cadena de iniciativas antiinmigrantes que jueces federales y gobiernos locales han resistido y en medio de un posible enjuiciamiento político que debe resolverse en el Senado estadounidense por incurrir en prácticas de obstrucción de la justicia y por conspirar contra aspirantes adversarios a la Presidencia.

A pesar de ello, el gobierno estadounidense marca la hora de cambios coyunturales y de mediano plazo a México dada la amenaza de la competencia global de China y a su vez, fuerza negociaciones unilaterales para hacer virar la dimensión penal, laboral, comercial y de justicia mexicanos, presionando su avance hacia los intereses de las agencias y empresas estadounidenses a corto plazo en cuanto a las prioridades de protección económica nacionalista y de seguridad nacional de EUA, y a su vez, presiona a las instituciones mexicanas para avanzar hacia el modelo de estándares de justicia y legalidad, de justicia laboral y salarial de Norteamérica.

Con respecto al crimen organizado y el narcotráfico, Estados Unidos deja ver a México la importancia de la fuerza de la ley y la eficacia del aparato de investigación narco criminal -y no la guerra indiscriminada contra el narcotráfico- así como la necesidad de actuar contra las organizaciones narco criminales y los nuevos narco liderazgos emergentes, como el eje central para reducir drásticamente la dominación y exhibición de violencia impune de capos y sicarios en la vida pública del país.

Por ello, los ojos y la presencia del FBI en la investigación ministerial por la masacre de integrantes inermes de la familia Lebarón en la frontera interestatal Sonora / Chihuahua; la reapertura del capítulo laboral y automotriz del TMEC; la activación fuera de México, del exilio internacional itinerante del ex presidente Evo Morales; el retorno de las fuerzas élite de la Marina -y por lo tanto de la Agencia Antidrogas estadounidense-, a las operaciones encubiertas antinarcotráfico; la captura del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y hace unos días, la extradición de Ismael el Mayo Zambada Imperial hijo, sugieren un cambio radical en la política estadounidense de corto plazo y el punto de inflexión del gobierno estadounidense con la política de seguridad del presidente AMLO.

En los hechos, Estados Unidos encabeza un maxiproceso sobre la narco política mexicana: la jurisdicción extraterritorial de sus decisiones, sus políticas, sus estándares comerciales, de justicia y de carácter migratorio, se actualizan y se aplican en territorio mexicano progresivamente, con detención, captura y extradición de grandes capos para evidenciar el cómo Estados Unidos domina el mapa y puede desenmascarar las entrañas del narcotráfico y la narco política mexicanas, avanzando hacia la detención de funcionarios élite del gobierno federal y local donde el ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia y el ex Secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, serían dos joyas enjuiciadas impresentables recientes.

El gobierno italiano, hace unos días realizó un segundo maxiproceso anti mafia. En los ochenta, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino activaron una ofensiva contra la Cosa Nostra (mafia siciliana), enjuiciando a más de 450 personas por asesinato, lavado de dinero y asociación mafiosa así como con más de una centena de sentencias de personas en ausencia durante el proceso, mafia que por cierto respondió con una campaña de coches bomba y el asesinato de ambos fiscales. En 2019, después de tres años de investigación, la operación élite “Rinascita Scott” fue ordenada, logrando más de 300 detenidos entre abogados, contadores, empresarios, políticos y funcionarios italianos, pertenecientes a una red narco criminal de lavado de dinero, usura y extorsión que operaba en Alemania, Suiza, Bulgaria y 11 regiones de Italia.

No obstante que el país vecino es parte estructural de nuestro problema de narcoviolencia, el maxi proceso con tutela estadounidense ya se realiza, destilado y con cooperación mexicana, por el gobierno, jueces y despachos del sistema de justicia de EUA contra capos y funcionarios mexicanos, y un maxi proceso mexicano es un ideal alcanzable dada la convicción presidencial lopezobradorista anticorrupción, pero que requerirá la cooperación con agencias estadounidenses, así como de los servicios especializados de una parte élite de la nueva Guardia Nacional, un nuevo poder judicial, la transformación de raíz del sistema ministerial público, una fiscalía federal consolidada, presupuestal e institucionalmente. Vamos para largo.

Así, la última decisión sobre la órbita soberana de acción que jueces, gobernantes y fiscales mexicanos han dejado pasar por décadas la asume el sistema de justicia estadounidense y con ello su poder de gracia o sentencia de muerte en vida, sobre el destino de personajes que, presumiblemente, han traicionado a su propio país, por vía del negocio ilegal de las drogas, patrimonio inexplicable, o por participar en nexos inconfesos con el narco.

Con el maxiproceso contra el Cártel de Sinaloa y la sentencia lograda contra el Joaquín el Chapo Guzmán [en los últimos días se extraditó a sicarios y operadores de ese Cártel (Ismael Mayo Imperial hijo y del de Tijuana], y al enfilarse a personajes del propio entorno de redes de funcionarios producto de declaraciones de sobornos, testigos infiltrados y protegidos, Estados Unidos toca la puerta en un futuro próximo, al enjuiciamiento de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, pudiendo atribuirles omisiones, complicidades, delitos de lesa humanidad o por connivencia con organizaciones narco criminales.

No se trata sólo de atender el radar turístico en el que EUA mantiene alerta a sus ciudadanos de no viajar o reconsiderar viajar a 15 entidades de México. Las manecillas de las políticas de integración comercial, migratoria y de seguridad interna están integradas en el reloj del sistema de justicia y la visión de integración geopolítica estadounidense, sellando con ello el futuro económico de México y Norteamérica en el concierto mundial de competencia.

Ha sido vital para la presidencia de AMLO exceder en prudencia y cooperación proactiva con el gobierno de Trump, propenso a escalar conflictos, intervenciones y guerras comerciales. En los siguientes años México debe afinar sus reformas internas y decidir lo mejor en su propio reloj soberano para controlar la inseguridad y recuperar la gobernabilidad, refundar sus instituciones policiales y de justicia e impulsar el proyecto de integración regional con América Latina y el Caribe del presidente AMLO, lo que permitirá preservar la cultura y la cosmovisión milenaria mexicana.

Les deseo feliz fortuna de Nochebuena y en sus año nuevo 2020.

@pedroisnardo
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