De AMLO a Picketty. El nuevo Estado de bienestar mexicano

Pedro Isnardo de la Cruz

A más de un año de su arribo al poder federal, la Presidencia de AMLO avanza en el control de la política social como eje de transformación del régimen político.

La propuesta presupuestal del Presidente para el ejercicio fiscal 2020, se confirmó como prioridad de legisladores federales de Morena y partidos aliados. En esta circunstancia, la publicación del texto Economía moral, despeja toda duda sobre su perspectiva ideológica y sobre su voluntad estoica ante disidentes y críticos, así como sobre la dirección que pretende dar al cambio social.

El nuevo giro gubernamental debe ser, sin embargo, ideológico, pragmático y de alcance constitucional, para que no se quede en reformas parciales, programas sociales temporales y en la órbita gubernamental.

En la cosmovisión ideológica el propósito lopez obradorista es viable e imprescindible desde una perspectiva internacional:
las políticas económicas y sociales están estrechamente vinculadas: ellas son dos caras de la misma moneda...Para lograr un nuevo tipo de bienestar, se requiere que el Estado cumpla con una estrategia nacional de inversión industrial” [COM, Commission 1994: An Industrial Competitiveness Policy for the European Union, Brussels, 1994: 12].

En las tesis de Carlos Marx y Antonio Gramsci se observan las interconexiones entre ambos dominios y la necesidad de evitar el riesgo de poner el Estado en una caja y la economía en otra: mantener la separación fetichista entre el Estado y el mercado, supone que la lucha de clases económica se produce dentro del espacio de la racionalidad mercantil, la rentabilidad empresarial y la competitividad económica, y así mismo, los límites de la lucha política se relegan a la competencia político electoral.

Pragmáticamente, es necesario que la brújula presidencial no se averíe priorizando el desarrollo social y demeritando las bases y fuentes del crecimiento económico. Era necesario revertir radicalmente las prioridades del gasto público con fines de bienestar social, alejarse del Estado mínimo en lo social para expandir programas sociales a grupos y segmentos sociales más vulnerables, y por supuesto, minar los circuitos de arrogancia y corrupción estructural que han sido perjudiciales al país. Al mismo tiempo, son centrales la capacidad gubernamental para impulsar inversiones privadas en obra e infraestructura pública, mantener la sostenibilidad y redistribución progresivamente justa en recaudación de impuestos y contribuciones fiscales, manejo de los niveles de inflación y la balanza de pagos, viabilidad financiera del pago de la deuda externa, la protección de las reservas federales y la viabilidad del país en el acceso a créditos internacionales.

La viabilidad de articular prioridades de política económica con políticas sociales redistributivas y más justas, debe confirmarse incluso cuando el gobierno decide reformular indicadores sociales y financieros y poner en cuestión las estimaciones y sistema de incidencia de calificadoras y organismos financieros internacionales, dado que impulsa nuevos esquemas de intervención del Estado desde el paradigma del Desarrollo.

En este sentido, las variables e indicadores económico / financieros / tributarios, los equilibrios entre pasivos y activos del país, deben afianzarse en el periodo 2020-2021, para que el sexenio pueda darle sostenibilidad al nuevo y masivo caudal de recursos sociales, comunitarios y productivos vía transferencia directa y a escala local.

En la dimensión política constitucional, el escenario es inmejorable para impulsar un nuevo modelo social de redistribución de la riqueza, de eliminación de prácticas económicas predatorias y opresivas, donde la riqueza, el estatus y las oportunidades, dejen de verse como fines en sí mismos:

“Un nuevo modelo de bienestar puede traer consigo una serie de nuevas crisis y la necesidad de gestión de crisis por las nuevas reformas socioeconómicas emprendidas... reformas parciales pueden dejar intacto el régimen de acumulación de capital, por lo que deben modificarse las bases de organización social y constitucional del régimen de bienestar” [Jessop, Robert, The future of capitalism of state, Blackwell Publishing, 2002]

De ahí que el Presidente AMLO está ante un escenario político inmejorable para que -con el control de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los Estados de la República-, se propicie una nueva reforma fiscal integral, donde la riqueza y las inversiones no mantengan una espiral de perjuicios sociales, pero sobre todo, para aplicar los preceptos de economía mixta y Rectoría del Estado que sustentan la Constitución política en sus Artículos 25 y 26 vigentes, pero sobre todo, debiéndose buscar que se consagre en nuestro texto constitucional, un nuevo régimen de Estado de bienestar social mexicano, dada su cosmovisión presidencial y condición excepcional de las economías más avanzadas actuales.

Sí, la preocupación por el futuro de los regímenes de bienestar y el fenómeno de las desigualdades sigue siendo una preocupación mundial. De hecho, la propuesta del economista Thomas Picketty de un modelo de “socialismo participativo” en el que sea posible encontrar límites razonables a la propiedad privada, imponiendo un impuesto europeo sobre la fortuna del 90% sobre el patrimonio de los más ricos: “un 10 por ciento a quien tenga 1000 millones de euros y un 2 por ciento a los que tengan patrimonios superiores a cinco millones de euros, lo que podría implicar un universo de 100 millones de euros a todos desde los 25 años, cantidad con la que uno puede tener cierto número de proyectos en la vida” [Entrevista a T. Picketty, El País, 22/11/19].

Este impuesto real progresivo que se propone sería un primer paso paradigmático en la economía mundial, pero insuficiente estructuralmente, ya que una política de redistribución sólo puede funcionar con un fuerte compromiso con un estado de bienestar social, con sus propias instituciones y programas sociales incluyentes, que le hagan funcionar debidamente y que impidan estigmatizar a los segmentos sociales beneficiarios. Asimismo, la medida Picketty no funciona si el Estado mantiene una vocación de guerra, que en Estados Unidos supera un gasto presupuestal superior anual a los 600 mil millones de dólares y México, los más de 125 mil millones de pesos anuales.

Con la Presidencia lópez obradorista un nuevo Estado de bienestar social es viable para recuperar el control de la gobernabilidad y dar viabilidad a diversos procesos de consenso activo y gobernanza (en salud pública y en materia energética, alimenticia, fiscal, tecnológico-digital, climática, educativa, comunitaria), claves para marginar ni excluir del desarrollo a fuerzas democráticas y segmentos sociales en condiciones de pobreza extrema, recuperando la capacidad del Estado para atender las desigualdades e injusticias sociales: procesos que dependen a su vez de la permanente creación de condiciones y escenarios de confianza empresarial, inversión productiva y crecimiento económico.

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