Boleros, franeleros, ‘viene-viene’, vendedores de billetes de lotería, organilleros y sexoservidores se encuentran en una categoría de trabajo que, en la Ciudad de México, aspira a una regulación. Entrevisté al diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, sobre la iniciativa que presentó para dar protección jurídica a quienes realizan estas actividades. Con respecto al sexoservicio me dijo que la idea es regularlo y evitar que se ejerza en las inmediaciones de escuelas, hospitales, parques o estaciones del transporte público. “La regulación propuesta no deroga ninguna ley sobre trata de personas o corrupción de menores. Se refiere únicamente a las personas que por decisión propia sin intermediarios, ofrecen servicios sexuales”, precisó el diputado Villanueva.
Esta nueva regulación busca la protección de quien ofrece el sexoservicio de forma voluntaria y, con ello, promover el reconocimiento de sus derechos laborales, el acceso a un seguro de desempleo en caso de enfermedad y la posibilidad de contar con un esquema de seguridad social.
Naciones como Alemania y Holanda apostaron por la legalización con resultados muy interesantes. Sólo en los Países Bajos, el comercio sexual legal representa 0.4% del Producto Interno Bruto, tanto o más que su mercado del queso. Pero más allá de los ingresos, la regulación ha permitido disminuir los contagios de enfermedades venéreas y ha protegido a este sector que antes estaba en gran vulnerabilidad.
En España se estima que 0.35% del PIB deriva de 600 mil personas que ejercen el sexoservicio de manera voluntaria; sin embargo, no hay legislación y se ha formado un boquete legal que da cabida a la explotación siempre condenable.
En México, el reglamento para oficios no tradicionales —entre ellos el sexoservicio— data de 1975. Hay una industria rodeada de temas a desmitificar, aun cuando no sepamos entender el origen de sus dividendos o insistamos en juzgarlos sin un estudio profundo, objetivo y científico.
HUERFANITO. La fecha límite para aprobar la iniciativa propuesta por el diputado Temístocles Villanueva vence este 17 de septiembre. Detrás de ella, tendrían que seguir en consecuencia, modificaciones a las leyes y normas sanitarias a favor de todos los implicados, así como la revisión y probable endurecimiento de los instrumentos legales contra el abuso sexual y la trata de personas.
