Las niñas y niños son los más vulnerables durante y después de las catástrofes, enfrentan riesgos desproporcionados como la pérdida de su familia y entorno; interrupción de su educación; propensión a enfermedades, desnutrición; así como graves secuelas psicológicas. Su bienestar y calidad de vida dependen totalmente de las personas adultas y de las instituciones; sin embargo, la perspectiva de los derechos de los niños y las niñas no se ha hecho explícita ante el drama humano que se vive en Venezuela a raíz de los terremotos del pasado 24 de junio.
Si el recuento de los daños materiales resulta un reto, el de los daños humanos se antoja inconmensurable. De entre los escombros emerge un olor a tragedia, una crisis humanitaria que no permanecerá por más tiempo entre concreto y varillas retorcidas: la dolorosa situación de las niñas, niños y adolescentes que en soledad y orfandad enfrentan una cruda realidad.
Los esfuerzos realizados por las organizaciones civiles y la solidaridad individual no están siendo ni serán suficientes, es necesaria una respuesta institucional del Estado y de la comunidad mundial desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. La tragedia que vive la niñez y adolescencias venezolanas no puede ser asumida desde el aparato gubernamental como un asunto de azar o destino ni reducirse al asistencialismo; su grado de vulnerabilidad depende de la integralidad de cuidados que se les proporcionen y la protección social que se les garantice.
El reto es al menos, de la dimensión que cuantifica UNICEF 1.8 millones de personas requieren asistencia humanitaria, entre ellas 680 mil niños y niñas que necesitan atención urgente y prioritaria.
Las niñas, niños y adolescentes que hoy viven en espacios públicos alejados de sus familias enfrentan un alto riesgo de desamparo, explotación y trata de personas en medio de la crisis. En tanto víctimas del miedo, la angustia, la tristeza y el shock, el caos se erige como el mejor aliado de los delitos más aberrantes e inhumanos.
Ellas y ellos derrumbados internamente al igual que sus casas están expuestos a sustracción, trata de personas, abuso y adopciones ilegales, tal y como han alertado activistas y organizaciones. El peligro es inminente y crecerá ante la falta de registros oficiales y protocolos especializados.
Se requieren centros de acogida y lugares seguros, así como una política pública de largo aliento que garantice a todas las personas menores de edad un entorno seguro, una red de soporte primario y una vida digna que les permita regresar a una rutina habitual en su nuevo y desgarrador contexto.
En redes sociales circulan denuncias sobre presuntos intentos de captación irregular de niñas y niños. La vileza ante la crisis humanitaria se erige como un monstruo de mil cabezas, feroz, grotesco, inmoral y falto de escrúpulos.
Hagamos todo lo que esté en nuestras manos, no importa dónde estemos ni cual sea nuestro instrumento de apoyo denuncia, para que ese monstruo no triture entre sus fauces a miles de niñas, niños y adolescentes que hoy por hoy tienen un presente y un futuro incierto.
No puede haber justicia, ni democracia, ni igualdad donde hay niñas y niños sin felicidad. Ellas y ellos cuando lleguen a la edad adulta tratarán a la sociedad de la misma manera como se les trató, que nada nos sorprenda después.
Mi solidaridad con las familias venezolanas, mi compromiso con la niñez y adolescencias de este país hermano.
Activista social.
@larapaola1
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.