La reforma constitucional de 2024 que rediseñó al Poder Judicial instauró una nueva etapa en la vida democrática de México, particularmente al reconocer y posibilitar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a elegir mediante voto popular, libre y secreto a sus integrantes.
El primero de junio de 2025, se llevó a cabo una jornada histórica en la que 13 millones de mexicanas y mexicanos ejercieron por primera vez su derecho a decidir el rumbo de la justicia en nuestro país.
La viabilidad del nuevo modelo está confirmada; sin embargo, es necesario precisar diversas reglas a fin de establecer tiempos idóneos para el proceso electoral; reducir el número de candidaturas para que la ciudadanía pueda elegir sin complicaciones a las personas candidatas de su preferencia; simplificar el ejercicio del sufragio; así como garantizar la adecuada operación de los Comités de Evaluación para asegurar la competencia técnica y profesional de quienes aspiren a ejercer la función jurisdiccional.
En tal virtud, consolidar el modelo de democratización de la justicia es una condición indispensable para avanzar con paso firme hacia el desarrollo, la paz y el bienestar. De ahí el conjunto de reformas enviadas por la presidenta de la República al Congreso, las cuales se están discutiendo y se espera sean aprobadas.
Entre los cambios propuestos destacan: 1) la jornada electoral prevista para 2027 será el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local; 2) cada uno de los actuales tres Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión elegirán a un coordinador o coordinadora para establecer la Comisión Coordinadora, con el objetivo de que todas las personas aspirantes a juez y magistrado sean evaluadas a través de criterios objetivos unificados; 3) se adelanta a abril el plazo del Senado para emitir la convocatoria general a la elección que corresponda a fin de que los Comités tengan un plazo mayor para evaluar; 4) las personas juzgadoras que quieran contender por un cargo de elección popular deben presentar renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse en el proceso electoral correspondiente; y 5) se garantiza la paridad de género en las postulaciones para cada cargo.
En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasará de 81 a 54 candidatos; el Tribunal de Disciplina Judicial de 45 a 30; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasará de 63 a 42.
Fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales y en las personas candidatas es una exigencia de toda democracia moderna y de un Estado de derecho, por ello, se prevé la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, como la instancia encargada de coordinar mecanismos de intercambio de información entre autoridades electorales, de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras, con el fin de realizar análisis preventivos de riesgo sobre las personas que pretendan ser postuladas a cargos de elección popular; y de acuerdo a sus atribuciones, iniciar o continuar con las investigaciones correspondientes.
Es una reforma congruente que refrenda la adopción de un nuevo paradigma que pretende restituir la soberanía popular y devolver al pueblo el papel central en la vida pública nacional. Es una respuesta contundente a la demanda histórica de construir instituciones más cercanas al pueblo, transparentes, honestas y comprometidas con los principios de legalidad, austeridad, combate a la corrupción y justicia social.
Los resultados de los próximos comicios, el cabal ejercicio del derecho a la justicia y la legitimidad social serán los parámetros que nos permitirán medir la eficacia y pertinencia de las nuevas disposiciones.
Activista social
@larapaola1
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.