Se dio a conocer el paquete económico 2020, que en esta ocasión vino acompañado de una miscelánea fiscal, mediante la cual el gobierno buscará allegarse recursos para poder cerrar la brecha entre egresos e ingresos. Nos centramos en el análisis de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), documento que resulta indispensable para comprender la estrategia de política económica y fiscal para el próximo año.

Se ratifica el compromiso de no incrementar impuestos existentes ni crear nuevos hasta demostrar eficiencia en el ejercicio del gasto público; es decir, el gobierno sabe que no puede proponer una reforma fiscal porque ello iría en contra del compromiso que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral, con el enorme costo político que implicaría llevarla a cabo. Además, un esfuerzo de ese tipo no puede ser acompañado si la sociedad civil no percibe primero el ejemplo del gobierno de apretarse el cinturón.

Los CGPE 2020 enfatizan desde el principio el compromiso de mantener la disciplina y la prudencia de la política fiscal, lo que fue bien percibido por el mercado y las calificadoras, por lo que va a apostar a incrementar la recaudación fiscal. Se propone una serie de medidas que van desde grabar las ventas al consumo con IVA en la economía digital, incrementar los impuestos a refrescos, bebidas saborizantes, energizantes, tabacos, hasta tipificar como delito grave la falsificación de facturas, con lo que la evasión de impuestos podría implicar la pena de cárcel, pasando por una serie de medidas como fiscalizar las ventas de los multiniveles, vigilar que las empresas que subcontraten en realidad acrediten el IVA, entre otras.

Es evidente que se retomó la experiencia de este año, en el que los ingresos tributarios aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2019 se ubicaban debajo de los estimados para ese año en los CGPE 2020, y más claramente si comparamos los ingresos observados en el informe de las finanzas públicas enero-julio de 2019 con los registrados en el mismo periodo del año pasado.

La caída de la actividad económica se refleja de manera más clara en que la recaudación por el impuesto sobre la renta y por IVA bajó en términos reales 10.1% y 7.9%, respectivamente, en julio pasado respecto al mismo mes de 2018, por lo que se acentuó el descenso al comparar el crecimiento real de los montos acumulados al séptimo mes de 0.0 y -1.7%, respectivamente. Por su parte, los ingresos petroleros disminuyeron 26% en julio en tasa anual, mientras que los acumulados cayeron -18.2%.

La inquietud sobre los ingresos presupuestarios para 2020 es que no se cumplan las estimaciones, como la de que el PIB crezca 2.0% como lo tienen proyectado las autoridades, por lo que es muy probable que se vuelvan a presentar recortes o retrasos en el ejercicio del gasto como los experimentados en este año.

Los menores ingresos petroleros en 2019, de acuerdo con las cifras de los CGPE 2020 se debieron a que la plataforma promedio de producción de crudo (mbd) aprobada resultase superior a la estimada (1.847 millones de barriles diarios contra 1.727), puesto que el precio promedio del petróleo aprobado y estimado para 2019 fue el mismo (55 dólares). Aunque se comenta que en 2020 entrará en vigor la regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el contenido máximo de azufre, no se aclara como se va a resolver este problema.

En 2020, se estima que la plataforma será de 1.951 millones de barriles diarios, compuesta de 1.866 millones extraídos por Pemex y el resto por agentes privados (85 mil barriles diarios); es decir, se apuesta a que su Plan de Negocios 2019-2023 funcione y que se revierta por primera vez la caída en la producción desde 2004. Por el ambiente de recesión global, se estima que el precio del crudo promedie 49 dólares, que estaría asegurado por las coberturas que se han adquirido.

Se priorizan los proyectos de inversión que tienen más incidencia en el crecimiento por su efecto multiplicador, considerando que ya se cuenta con los estudios de pre-inversión en los proyectos de infraestructura del gobierno. Se hace hincapié en el respaldo a Pemex para lograr su reactivación, conscientes de que un deterioro de su calificación crediticia descompondría todo el cuadro de las finanzas públicas. Se menciona una aportación patrimonial del Gobierno Federal a Pemex por 46.3 mil millones de pesos, que con las reducciones de impuestos de las que se beneficiara el apoyo suma 86 mil millones.

El Gobierno reconoce cinco riesgos: 1) retraso de la aprobación del T-MEC; 2) escalonamiento de conflictos políticos y comerciales; 3) mayor desaceleración de la economía mundial y en particular de la producción industrial de Estados Unidos; 4) deterioro de la calificación de Pemex, y 5) debilidad de la inversión privada.

En conclusión, tenemos un presupuesto muy ajustado, atrapado en la encrucijada de cumplir simultáneamente con la promesa de disciplina fiscal y, llevar a cabo programas sociales y de inversión prioritarios. El éxito que tenga en el manejo de las finanzas públicas podría ser definitorio en el futuro de la 4T, que seguramente querrá que no se cumpla la Ley de Murphy: "Si algo malo puede pasar, pasará".

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