Desde que el gobierno de Estados Unidos (EU) anunció sus objetivos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de julio de 2017, planteó que los temas laborales y ambientales se incorporarían como parte del acuerdo y no como cartas paralelas, como sucedió en 1993.
Cabe recordar que el TLCAN fue renegociado bajo el esquema de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés) en EU, por lo que se delegaba en su Ejecutivo el proceso. Luego de complejas negociaciones, los mandatorios de los tres países firmaron en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018 el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se cedieron en muchas de las exigencias de EU, bajo la premisa de que más valía un mal acuerdo que un buen pleito.
Los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, por lo que se expresaron temores de que ello podría atrasar la ratificación del T-MEC, como pasó con el TLCAN en 1992. El déjà vu era inevitable, sobre todo porque desde el principio la confrontación con el presidente Donald Trump fue patente al cerrar parte de las operaciones del gobierno al manifestar su desacuerdo con las restricciones presupuestales para la construcción del muro fronterizo.
Posteriormente, Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, mandó decir que su bancada no votaría a favor del T-MEC si no se hacía una reforma laboral en México y en la práctica se mejoraban las condiciones laborales.
En mayo, se aprueba una reforma laboral a pesar de las protestas de la cúpula empresarial mexicana y Trump elimina los aranceles al acero y al aluminio. Y, cuando parecía que todos los obstáculos estaban despejados, se amenazó con aplicarle aranceles generales a México si no implementa medidas para frenar el flujo de indocumentados centroamericanos a EU.
La lectura que le dieron los demócratas a este asunto marcó un mal precedente. Consideraron que si México cedía a las exigencias de Trump para conseguir que el T-MEC continuara, podrían hacer lo propio con algunas de sus demandas.
Por su parte, el Senado mexicano ingenuamente creía que la estrategia de ratificar primero el T-MEC presionaría a los Congresos de los socios comerciales a hacer lo propio, porque partía de la idea de que el TPA era un proceso fast track (todo o nada) y que ya no podría ser objeto de enmiendas.
Pronto, México se dio cuenta de que así no eran las cosas. La línea del tiempo del Congreso estadounidense no tiene plazos fatales para la implementación de proyectos de ley, y contra lo que el gobierno mexicano creía a finales de octubre, Nancy Pelosi le planteó a Jesús Seade, el solitario negociador mexicano, que los demócratas no ratificarían el T-MEC si no se establecían mecanismos de verificación para que la ley laboral se cumpliera efectivamente.
De esas pláticas surgió la propuesta de incorporar un Protocolo Modificatorio al T-MEC, conocido como adenda, mediante el cual los gobiernos de los tres países establecen que desean modificar el Tratado hecho en Buenos Aires en 2018, que finalmente se firmaría en México.
El sector empresarial mexicano comenzó a manifestar su preocupación de que habría inspectores que verificarían el cumplimiento de las condiciones laborales. El presidente Andrés Manuel López Obrador así lo reconoció el pasado 3 de diciembre, al revelar que EU pretendía supervisar la reforma laboral. Se rechazó tajantemente esa idea y se señaló que habría paneles de expertos para resolver las controversias. Para tranquilizar a la iniciativa privada, el canciller Marcelo Ebrard declaró enfáticamente “nunca cruzaremos esa línea roja”.
Finalmente, los negociadores firmaron la adenda en Palacio Nacional teniendo como testigo al presidente de México el pasado día 10. El documento fue enviado al Senado al día siguiente y votado sin ser discutido ni analizado el 12. A los legisladores, Jesús Seade les había hecho creer que ratificándolo rápido se abría la posibilidad de que el Congreso estadounidense hiciera lo propio el 20 de diciembre y que en caso de Canadá sería hasta febrero.
Mientras el Senado mexicano aprobaba el acuerdo modificatorio del T-MEC, se difundía el borrador de la legislación de implementación (HR5430), sobre el cual el subsecretario Seade reconoció que no estaba enterado, donde se planteaba contratar a agregados laborales para supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales contenidas en el mismo.
Cabe señalar que en EU la aprobación de un acuerdo comercial por el Congreso requiere de la reforma e implementación de leyes que son impactadas por el mismo. Al haber ratificado primero México las modificaciones al T-MEC, se perdió la posibilidad de saber en qué sentido vendrían aquellas. No extraña que el Congreso Europeo no ha querido ratificar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) hasta saber cómo queda el T-MEC.
Y aunque Jesús Seade se sienta muy tranquilo con la carta que le envió Robert Lighthizer, de que las verificaciones estarán a cargo de los panelistas y donde le explica el alcance de los agregados en materia laboral, el T-MEC abrió la posibilidad de aplicación de aranceles fast-track a México por éste y otros motivos. ¡Ya nos chamaquearon! ¿No nos volverán a chamaquear?
Maestro en Economía
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