2021, año de retrocesos legislativos en la lucha contra la contaminación plástica

Ornela Garelli

A pocos días de cerrar el año, vale la pena hacer un balance sobre cómo avanza la lucha contra la contaminación por plásticos en el país, particularmente en el plano legislativo. El 2021 fue un año de subidas y bajadas, donde hubo avances pero también grandes retrocesos.

Entre los avances podemos destacar la aprobación de nuevas prohibiciones de productos plásticos así como la entrada en vigor de otras ya aprobadas en diversos estados de la República. Al respecto, se destaca el inicio en enero de la segunda fase de prohibiciones de la Ciudad de México, la cual añadió a las bolsas plásticas otros productos como popotes, cápsulas de café, cubiertos, palitos mezcladores, vasos, varillas para globos, etc. Por su parte, Michoacán y Zacatecas estrenaron legislación de prohibición de plásticos con su aprobación por los congresos locales en febrero y abril, respectivamente.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, otros estados aplazaron la entrada en vigor de sus prohibiciones debido a la pandemia y a la presión de la industria del plástico que cabildeó en contra de estas medidas usando, entre otras estrategias, la promoción de la falsa creencia de que los desechables previenen contagios y haciendo alusión a las dificultades económicas de las empresas del sector. Tal fue el caso de estados como Sinaloa que retrasó la entrada en vigor de la segunda fase de su prohibición (cuchillos, cubiertos, platos) de febrero a agosto, luego a octubre, luego a noviembre, terminando el gobierno estatal su periodo en funciones sin ver la legislación implementada.

A pesar de esto, cerraremos el año con un total de 29 estados con prohibiciones de plástico aprobadas, sólo tres parmanecen sin aprobar alguna medida de este tipo (Estado de México, Tlaxcala y Guanajuato).

Más allá de los estados, el principal retroceso lo hemos visto en el Senado de la República, donde en octubre y noviembre se aprobaron modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) así como una nueva Ley General de Economía Circular (LGEC). Más que avances a favor del medio ambiente, como lo han querido pintar, se trata de legislaciones que levantan una gran preocupación entre quienes defendemos la urgente necesidad de evitar que los plásticos de un solo uso sigan inundando los ecosistemas.

Estas reformas legislativas son muy negativas porque no frenan la contaminación plástica desde su raíz, es decir, no frenan la producción y el consumo de plásticos, al contrario, lo alientan. Esto es así porque ambas leyes promueven por ejemplo la incineración de residuos para generar energía, lo cual genera un incentivo para seguir consumiendo plásticos para después ser incinerados, por ejemplo en hornos cementeros (proceso conocido como co-procesamiento). Esta práctica es una falsa solución que permite a las grandes empresas seguir produciendo y consumiendo plásticos, como en el caso de Nestlé, gran impulsor de esta medida. Por si esto fuera poco, esta práctica además genera emisiones de gases de efecto invernadero y contamina el suelo y el aire con sustancias tóxicas para la salud humana. Por todo esto, es muy grave que las y los senadores en lugar de cerrarle la llave a los plásticos impulsen abiertamente este tipo de prácticas ambiental y socialmente negativas.

Asimismo, las reformas a la LGPGIR ponen en peligro las prohibiciones estatales, las echan para atrás, y no establecen ninguna responsabilidad para el sector privado en la gestión de los residuos generados por los productos que ellos ponen en el mercado, ni promueve que las empresas avancen hacia nuevas formas de distribución de productos que no estén basadas en lo desechable. Es decir, no establece la responsabilidad extendida de los productores, mientras la carga de este problema sigue quedando en los gobiernos y en la ciudadanía.

Estas legislaciones ahora están en la Cámara de Diputados y esperamos que no sean aprobadas en lo que resta del año sin antes hacer un análisis exhaustivo de las mismas que involucre a los diversos sectores interesados, incluida la sociedad civil y la academia, no solo a la industria. Esperamos que las diputadas y los diputados nos permitan comenzar el próximo año con la buena noticia del bloqueo a estas legislaciones o de su modificación sustancial, de modo que realmente puedan cumplir con los objetivos de protección ambiental y de beneficio social que deben estar en el centro de cualquier legislación de este tipo.

 

*Ornela Garelli es especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México

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