Diana Murrieta
Hace algunos días, México dio un paso que, en papel, parece histórico: la aprobación por unanimidad de una Ley General en materia de feminicidio. La promesa es ambiciosa —homologar el delito en todo el país, cerrar brechas jurídicas y garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede fuera de la categoría que nombra lo que es: feminicidio.
Sin embargo, en México las leyes suelen avanzar más rápido que la justicia y la realidad, a su vez, que las leyes.
La pregunta incómoda —pero urgente— no es qué dice la nueva ley, sino ¿qué va a cambiar realmente para las víctimas?. Porque la historia reciente nos ha enseñado algo doloroso: el problema no ha sido la falta de tipificación, sino la falta de aplicación. No ha sido la ausencia de normas, sino la ausencia de Estado.
El feminicidio en México no es un vacío legal. Es, más bien, un exceso de impunidad. Casos como el de Edith Guadalupe lo evidencian con crudeza. Su historia no es solo la de una mujer asesinada; es la de un sistema que, incluso cuando identifica la violencia, llega tarde, investiga mal o simplemente no investiga. Es la de expedientes mal integrados, de autoridades que minimizan señales previas, de contextos ignorados. Y, sobre todo, es la de familias que terminan convirtiéndose en investigadoras, abogadas y voceras porque el Estado no lo fue.
¿De qué sirve entonces homologar el delito si la investigación sigue fragmentada? ¿De qué sirve unificar criterios si las fiscalías carecen de capacidades técnicas, presupuesto o voluntad política?
La nueva ley parte de una premisa correcta: no puede haber justicia si cada estado interpreta el feminicidio de manera distinta. Pero se queda corta si no reconoce que el problema estructural no está en la definición, sino en la operación.
México no necesita únicamente claridad jurídica; necesita instituciones que funcionen.
El riesgo de esta reforma —como tantas otras en materia de género— es que se convierta en un triunfo simbólico. Una ley que permita al Estado decir que está haciendo algo, mientras las cifras siguen diciendo lo contrario. Hoy, en promedio, 11 mujeres son asesinadas al día en el país. La magnitud de la violencia no ha disminuido al ritmo de las reformas legislativas; por el contrario, parece resistirlas.
Esto no significa que legislar sea irrelevante. Significa que legislar, por sí solo, es insuficiente.
La experiencia de los últimos años muestra un patrón preocupante: cada crisis detona una reforma, cada caso emblemático impulsa una modificación legal, pero pocas veces vemos cambios sostenidos en la procuración de justicia. El feminicidio se ha convertido, en muchos sentidos, en una categoría jurídica consolidada, pero en una realidad social inalterada.
Y ahí está la tensión central de este momento: México avanza en el discurso, pero se estanca en la práctica.
El contraste entre la nueva ley y casos como el de Edith Guadalupe revela una fractura profunda entre lo que el Estado promete y lo que realmente garantiza. Porque, para las víctimas, la justicia no es la redacción de una ley, sino la detención del agresor, la correcta integración del caso, la sanción efectiva y la no repetición.
Nada de eso está asegurado con esta reforma.
Más aún, existe un riesgo adicional: que la homologación genere una ilusión de solución. Que se piense que, al unificar el delito, se ha resuelto el problema. Pero el feminicidio no es solo un tipo penal; es la expresión extrema de una cadena de violencias que inicia mucho antes y que, en muchos casos, fue visible, denunciada o ignorada por las autoridades.
Si la ley no viene acompañada de inversión en fiscalías, capacitación con perspectiva de género, mecanismos de supervisión y sanciones a funcionarios negligentes, su impacto será limitado.
El feminicidio en México no es un problema de definición. Es un problema de decisión política.
Decisión para investigar, para sancionar, para prevenir. Decisión para romper con la normalización de la violencia y con la burocracia que la reproduce.
Hoy, el país tiene una nueva ley. Pero las víctimas siguen teniendo el mismo sistema.
La verdadera pregunta no es si México puede legislar mejor, sino si está dispuesto a hacer que sus leyes importen.
Diana Murrieta es presidenta y fundadora de Nosotras para Ellas, A.C., conferencista y consultora especializada en violencia de género y feminismo. Ha impulsado iniciativas legislativas para la protección de las mujeres y ha representado a México en distintos foros internacionales sobre igualdad de género y derechos humanos.
Redes sociales:@dianamurrietam
Mail: diana@nosotrasparaellas.org
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