Donald Trump lleva más de un año y medio construyendo una narrativa contradictoria sobre Claudia Sheinbaum y México. Por un lado, ha elogiado a la Presidenta mexicana con una frecuencia poco común para un mandatario estadounidense. La ha llamado una mujer inteligente, valiente, respetable, buena negociadora y hasta destacó su voz, su carácter y su liderazgo. Por el otro, ha convertido a México en uno de los principales objetivos de su discurso de seguridad nacional, al grado de describir al país como una nación controlada por los cárteles, con un gobierno incapaz de recuperar el control de su territorio.
La declaración de esta semana en el G7, en Francia, resume esa dualidad. Trump aseguró que Sheinbaum es “una muy buena mujer”, pero inmediatamente después afirmó que es “una mujer muy asustada” y que los cárteles “controlan totalmente México”. Es la culminación de una línea discursiva que ha venido construyendo desde el inicio de su segundo mandato.
Desde enero de 2025 Trump ha emitido al menos una decena de elogios directos hacia la Presidenta mexicana. En febrero de ese año, durante una conversación telefónica relacionada con la amenaza de aranceles, le dijo “You’re tough”. Un mes después la describió como una “wonderful woman” y sostuvo que mantenían una relación muy positiva. En distintos discursos posteriores la llamó “a very brave woman”, “a tremendous woman”, “a highly intelligent leader” y aseguró que estaba haciendo un “muy buen trabajo” al frente del gobierno mexicano.
Incluso cuando la presión política sobre México aumentó, Trump mantuvo los elogios personales. En octubre de 2025 afirmó que tenía “gran respeto” por la mandataria. En enero de este año la calificó como una líder “maravillosa y altamente inteligente”. En marzo reiteró que le agradaba mucho, que era una buena persona y una mujer admirable. Las críticas nunca han estado dirigidas directamente a Sheinbaum como figura política, sino al Estado mexicano y a su capacidad para enfrentar al crimen organizado.
La otra parte del discurso de Trump ha sido mucho más agresiva y tiene consecuencias prácticas. Desde el primer día de su administración, Trump firmó la orden ejecutiva que puso en marcha la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. A partir de entonces comenzaron las referencias a la supuesta infiltración criminal en las instituciones mexicanas. El 1 de febrero de 2025, la Casa Blanca acusó al gobierno de México de mantener una “alianza intolerable” con las organizaciones del narcotráfico. La expresión provocó una reacción inmediata de Palacio Nacional y marcó el tono de la relación bilateral.
La escalada continuó. En marzo de ese mismo año, durante su mensaje ante el Congreso estadounidense, Trump aseguró que el territorio al sur de la frontera estaba dominado por organizaciones criminales y sostuvo que los cárteles ejercían “control total sobre toda una nación”. Meses después afirmó que Sheinbaum tenía miedo de enfrentarlos. En marzo de 2026 fue más lejos al señalar que “los cárteles están dirigiendo México”. Esta semana elevó nuevamente el nivel al declarar que el país había perdido el control de sí mismo.
La aparente contradicción entre elogiar a la Presidenta y cuestionar al país no es accidental. Trump ha encontrado una fórmula política eficaz. Reconoce públicamente a Sheinbaum para mantener abiertos los canales de interlocución, mientras construye un expediente político y narrativo sobre México que le permite justificar medidas cada vez más agresivas en materia de seguridad, inteligencia, migración, comercio y cooperación fronteriza.
Detrás de cada elogio ha venido una exigencia. Esa narrativa es consistente con su intención de rebalancear la relación comercial en el contexto de la revisión del T-MEC, así como con las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos mexicanos y con el endurecimiento de la estrategia de seguridad de la Casa Blanca. Los elogios a Sheinbaum han servido para suavizar el tono diplomático y las acusaciones para justificar las presiones.
La declaración en el G7 es la síntesis de una estrategia que Trump ha repetido durante casi año y medio. La Presidenta mexicana es, según sus palabras, una mujer inteligente, respetable y capaz que gobierna un territorio controlado por los cárteles. ¿La defensa de la soberanía es evitar que Estados Unidos intervenga en operaciones contra los criminales mexicanos o que los criminales controlen amplias porciones del territorio nacional?
Posdata 1
La Comisión Permanente del Congreso ratificó este miércoles a Jennifer Krystel Castillo Madrid como administradora general de Grandes Contribuyentes del SAT, una de las posiciones más relevantes para las finanzas públicas del país. Durante su comparecencia, la funcionaria adelantó que una de sus prioridades será reforzar las auditorías contra empresas factureras y esquemas de evasión fiscal, además de fortalecer la certeza jurídica y la eficiencia administrativa en la relación con los contribuyentes.
La Administración General de Grandes Contribuyentes es la oficina encargada de fiscalizar a las empresas de mayor tamaño del país, responsables de una parte sustancial de la recaudación federal. Castillo Madrid sustituyó a Armando Ramírez Sánchez y llegó a ese puesto tras haber colaborado con Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Energía, donde formó parte del equipo de confianza de la actual administración.
El SAT sigue estando encabezado por Antonio Martínez Dagnino, funcionario identificado con el grupo político de López Obrador y quien antes ocupó precisamente esa Administración de Grandes Contribuyentes. Bajo su gestión se consolidó una política de fiscalización más agresiva hacia grandes corporativos, con resultados importantes en recaudación, pero que también ahuyentaron la inversión privada. La llegada de Castillo Madrid mantiene esa línea de combate a la evasión, pero al mismo tiempo fortalece la presencia del círculo cercano de Sheinbaum en una de las oficinas con mayor peso del gobierno federal.
Posdata 2
El gobierno federal reanudó este miércoles las negociaciones con la CNTE luego de que integrantes de la coordinadora amagaron otra vez con bloquear los accesos al Estadio Ciudad de México, sede de actividades relacionadas con el Mundial 2026. La mesa se reinstaló en la Secretaría de Gobernación con la participación de funcionarios federales y del secretario de Educación, Mario Delgado, apenas unos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera por cerrado el diálogo directo con los presuntos líderes del magisterio disidente y decidiera ir con los maestros de base.
La CNTE volvió a recurrir a la fórmula que la ha acompañado durante décadas: aumentar la presión mediante bloqueos, plantones y afectaciones a la población para después exigir una negociación política. Lo hizo en las últimas semanas con protestas en dependencias federales y amenazas de extender sus movilizaciones a eventos vinculados con el Mundial. La organización mantiene sus exigencias sobre pensiones y condiciones laborales, pero su principal herramienta sigue siendo la capacidad de generar costos políticos al gobierno en turno, pese a que en el pasado fueron aliados.
Lo problemático para Palacio Nacional es que cada nueva mesa de negociación refuerza la percepción de que la presión funciona. Después de semanas de afectaciones en la Ciudad de México y de advertencias sobre posibles protestas en escenarios mundialistas, la coordinadora consiguió recuperar el diálogo con el gobierno federal.
Posdata 3
Hablando de Mario Delgado, pocas figuras del gabinete de Claudia Sheinbaum arrastran tantas crisis como el secretario de Educación Pública. A la compleja negociación con la CNTE se suman las secuelas de la polémica por los nuevos libros de texto gratuitos, la desaseada renuncia de Marx Arriaga, así como los constantes cuestionamientos políticos que lo han acompañado desde su etapa como dirigente nacional de Morena. En los círculos de la 4T se menciona cada vez con más frecuencia que su permanencia en el gabinete enfrenta un desgaste creciente.
A esto se agregan los señalamientos que desde hace varios años han surgido en Estados Unidos en torno al presunto financiamiento de campañas políticas y la sombra que hace sobre su persona el caso del extinto Sergio Carmona, apodado el “Rey del Huachicol”. Ninguna autoridad estadounidense ha formulado públicamente acusaciones en su contra, pero, al igual que varios de sus compañeros de movimiento, tampoco tiene visa vigente, pese a que está relacionado con activos en Texas y familiares suyos estudiaron en esa parte del sur de Estados Unidos.
Por eso ya se habla de una eventual salida ordenada de la SEP. Entre las versiones que circulan se menciona desde una candidatura a la gubernatura de Colima hasta alguna posición política o legislativa que le permita mantenerse activo en la vida pública. Por ahora no hay una decisión tomada, pero sí preocupaciones por el costo político que representan los múltiples frentes que rodean al secretario.
@MarioMal
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