Sedena investiga a contratistas y “campaña negra”

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguen el rastro de un grupo de empresas, sus accionistas y una presunta campaña de desprestigio contra la institución y contra el general secretario, Luis Cresencio Sandoval. Sobre la información divulgada en torno al departamento del titular de la dependencia y los viajes de sus familiares al extranjero se considera que solamente pudo surgir desde el interior de las Fuerzas Armadas, por lo que en los últimos meses se ha reestructurado el equipo cercano al alto mando.

Los cambios impactaron los procesos de compra de la Sedena y pusieron fin a la bonanza de un grupo de empresas que acumularon en los últimos años contratos por casi mil 700 millones de pesos, vinculadas con la empresaria Anna Viesca Sánchez y a su esposo Carlos Prats García. Ambos personajes también son investigados como parte del grupo que participó en las filtraciones.

Las razones sociales investigadas son Bercale Services SA de CV, Avacor SA de CV y Grupo Servicorvel SA de CV, las cuales no tenían experiencia como contratistas de la administración pública federal y, de la noche a la mañana, se colocaron como proveedores especializados de equipos de alta seguridad.

A partir de los cambios realizados al interior de la Sedena, las ventas del grupo empresarial de Anna Viesca y Carlos Prats se fueron a pique: Avacor pasó de vender al Ejército unos 632 millones de pesos en 2022 a solo 10.3 millones de pesos en 2023; por su parte, el Grupo Servicorvel paso de 180.5 millones el año pasado a 7.8 millones de pesos.

Asimismo se revisa cada uno de los contratos que se entregaron a estas empresas en el pasado, como resultado de diversas denuncias presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República.

En dichos contratos abundan situaciones de sobreprecios, retrasos o incumplimientos en las entregas. Avacor fue señalada por la ASF de vender, entre muchas otras cosas, colchones con un sobreprecio mayor al 30% a la Sedena; también se retrasó cuatro meses para entregar 71 mil fornituras con un valor de más de 197 millones de pesos.

En lo que respecta a Grupo Servicorvel, se le rescindió un contrato con el gobierno federal por no entregar más de 9 mil 700 rodilleras y coderas de alta seguridad. Asimismo, esta empresa no suministró –en los plazos que marcaba la licitación– más de 10 mil chalecos antibalas, cuyo contrato superaba los 167 millones de pesos.

Se tiene información sobre que, frente a la nueva estructura en las Fuerzas Armadas y ante el avance de las investigaciones contra sus razones sociales, Anna Viesca y Carlos Prats buscan mantener presencia en los contratos de Sedena a través de una sociedad con el empresario Pedro Javier Quintana Yáñez, cuyas empresas familiares obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El objetivo de la investigación, además de detectar y sancionar los actos de corrupción que se cometieron con el presupuesto de la Sedena, es probar que la pareja de empresarios y su nuevo socio, Pedro Quintana, estuvieron involucrados en la campaña negra contra el general secretario y la Sedena. De ahí, el siguiente paso será confirmar que estos contratistas tuvieron como apoyo y patrocinador a una célula interna.

Posdata 1

La titularidad de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que quedó vacante tras la salida de Arturo Medina, podría ser ocupada en breve por Roberto José Amaro Cervantes, quien se venía desempeñando como subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones.

Luego de la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la llegada de Arturo Medina a este puesto de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal de la Federación quedó acéfala.

Entre los candidatos sonaban el actual subprocurador, Luis Cornu Gómez, y Eduardo Cruz Silva, director General de Legislación y Consulta, pero todo parece indicar que será Amaro Cervantes, quien es cercano al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y es familiar del exprocurador general de la República, Raúl Cervantes.

Posdata 2

Sobre la elección interna de Morena en Chiapas, donde es un hecho que va a ir en alianza con el Partido Verde -de mucho arraigo en el estado- las cosas siguen muy calientes con respecto a quién va a ser el coordinador hacia el 2024, es decir, el candidato o candidata.

La semana pasada dimos cuenta de la guerra que se vive dentro de Morena, la cual dejó fuera a Zoé Robledo y luego desastó una fuerte disputa entre la senadora Sasil de León y el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramirez Aguilar, ambos exmilitantes del Partido Verde. Algunas encuestas sitúan al llamado “Jaguar negro” arriba, pero las que se han hecho dentro de la coalición Morena-PVEM-PT ubican a De León con cerca de 10 puntos de ventaja.

Por si fuera poco, a Ramirez Aguilar también lo aventaja el exfuncionario de Salud, José Manuel “Pepe” Cruz, quien quedó entre los cuatro perfiles de Morena que participarán en la encuesta para definir al candidato a la gubernatura de Chiapas rumbo a las elecciones de 2024.

A “Pepe” Cruz se le relaciona con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a su hermana Rosalinda López Hernández, esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Según las encuestas internas, está en empate técnico con Sasil de León, y 10 puntos abajo, Eduardo Ramírez.

@MarioMal