La inmobiliaria de los ‘juniors’ de la banca de desarrollo

Entre contratos millonarios con irregularidades, financiamiento a compras de infraestructura disfrazadas de expropiación y el rescate de empresas involucradas en proyectos prioritarios, la banca de desarrollo se descapitaliza y pierde su capacidad, mientras sus directivos y aliados hacen negocios inmobiliarios.

En Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, los negocios se realizan a través de un vehículo inmobiliario identificado como Plaza Insurgentes Sur, SA de CV. Se trata de una compañía privada encargada de proporcionar a la financiera estatal servicios de arrendamiento y administración de inmuebles y de mobiliario, la misma que opera sus dos edificios del conjunto de Plaza Inn, en los que también hay oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La inmobiliaria, constituida el 27 de junio de 1980 al amparo del artículo 88 de la Ley de Instituciones de Crédito, es propiedad en un 99.99% de Nacional Financiera, mientras que el mínimo restante le corresponde al empresario Jorge Romo Arredondo. En el gobierno de Vicente Fox absorbió a otras dos razones sociales: Sociedad Inmobiliaria y Fraccionadora SA de CV y Sociedad Mexicana de Bienes Raíces SA de CV, y a partir de ahí se dedicó a arrendar edificios para las dependencias públicas.

Plaza Insurgentes Sur SA de CV nunca ha tenido una operación del todo transparente. En los tiempos de Andrés Manuel López Obrador esta ha caído en manos de un grupo de funcionarios cercanos al subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botton, y por lo tanto al segundo hijo del Presidente, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy.

En específico controlan esta inmobiliaria la titular de Administración y Finanzas de Nafin, Paulina Moreno García, y otra excolaboradora del subsecretario De Botton, de nombre María Ibarra Hernández, que hace las funciones de directora de la empresa. De acuerdo con denuncias presentadas ante el Órgano de Control Interno y a esta columna, ambas llegaron a establecer un esquema de contratos a sobreprecio, aprovechando la facultad de la arrendadora para contratar los servicios de los inmuebles.

Se ha documentado la relación que Plaza Insurgentes Sur mantiene con la empresa de mantenimiento y limpieza Solulimp, que destina una cuadrilla de 85 personas para la limpieza de las Instalaciones de Nafin, todo por la cuota de un millón de pesos mensuales. Al renovarse el contrato se establecieron exactamente las mismas condiciones de servicio y se ordenó un pago mensual por 1.4 millones, con presuntos beneficios para los funcionarios de la banca de desarrollo.

Otro contrato señalado por irregularidades es el de las cámaras del circuito cerrado instaladas en los edificios de la financiera por la empresa Diseño e Ingeniería en Sistemas de Automatización SA de CV, mejor conocida como Graviton. Escudada en la calidad de sociedad anónima de la inmobiliaria, la firma vendió el sistema por un costo de más de 18 millones de pesos, cuando en el mercado puede cotizarse en un costo hasta 30% menor.

Se habla también de trabajos millonarios en oficinas de Nafin en Guadalajara y Monterrey, las cuales no se encuentran ocupadas y ni siquiera existen proyectos de regresarlas a la funcionalidad. También se habla de contratos de impermeabilización en la oficina matriz por más de 6 millones de pesos, y de la remodelación completa del departamento de María Ibarra Hernández, todo con recursos provenientes del erario, ejercidos a través de la inmobiliaria como un particular.

Esto sucede en las oficinas de Nafin. Los negocios podrían ser mayores en los edificios que se arrendan a otras dependencias, por lo que, en un ejercicio de transparencia como los que no les gusta hacer a los funcionarios del gobierno, debería hacerse pública la cartera de propiedades bajo la administración de esta inmobiliaria, además de los recursos que se invierten para su operación.

Posdata 1

Las deficientes negociaciones que ha llevado el accionista mayoritario de Grupo México, Germán Larrea, con el gobierno federal en torno a la recuperación de unos 120 kilómetros de vías ferroviarias de su subsidiaria Ferrosur en Veracruz no han movido un ápice las otras negociaciones que mantiene el magnate minero con Citi para hacerse de Banamex.

El enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el segundo hombre más rico de México se mantiene y lo más probable es que en los próximos días haya un acuerdo de indemnización por la ocupación de las vías férreas para el Corredor Interoceánico que impulsa el gobierno federal.

Ayer trascendió que, tras la toma de la Secretaría de Marina de la concesión de Grupo México, su accionista principal se desistiría de la compra de de Banamex, pero fuentes del grupo financiero y del minero aseguran que se mantienen y que la negociación va a cerrarse en los próximos días. Así que lo dicho ayer: es una guerra de trenes entre el poder político y el económico, pero en esa guerra habrá un acuerdo.

Posdata 2

Muy a la sombra ha andado el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, tras haber perdido y entregado la gubernatura a Morena. El priista es impulsado por su papá, José Murat, para que tome la presidencia del partido a punto de extinción, pero su antiguo aliado, Alejandro Moreno, a pesar de darle señales de que podría ser el ungido, ahora lo ha apartado de las decisiones más relevantes del partido.

Las intenciones presidenciales del hijo de Pepe Murat no están realmente fincadas en el PRI, sino en las elecciones federales del 2024. El exgobernador oaxaqueño quiere ir por la grande, quién sabe si por una alianza o por el partido que podría quedar desahuciado si pierden su último gran bastión, el Estado de México.

Lo cierto es que a Murat Jr. está por explotarle un nuevo escándalo relacionado con vuelos privados durante su campaña a la gubernatura de Oaxaca y en sus primeros años de gobierno que no pagó y que ahora, a la vuelta de algunos años, quiere seguir utilizando con el mismo prestador de servicios, a quien le debe cientos de millones de pesos.

@MarioMal