La crisis de Miss Universo y sus propietarios tienen al certamen de belleza a punto de la quiebra. La franquicia que aún poseen en partes iguales la tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip y el mexicano Raúl Rocha Cantú —ambos acusados por diversos delitos— enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia, lo que podría llevarlo a su desaparición.
Además de los cuestionamientos tras el más reciente certamen que dio el triunfo a la mexicana Fátima Bosch —hija de un directivo de Pemex vinculado a Rocha Cantú—, la franquicia arrastra grandes problemas financieros, retrasos de pagos, reducción de personal y presiones para sostener sus operaciones internacionales.
Rocha Cantú, sin embargo, sigue apareciendo en algunos de los escenarios más exclusivos de Europa, mostrando su vida de magnate, pese a ser buscado por las autoridades mexicanas. París, Mónaco y Cannes se convirtieron en los últimos meses en el escaparate de Raúl Rocha, el empresario mexicano que posee 50% de la marca y que enfrenta investigaciones por delincuencia organizada, tráfico de armas, huachicol y operaciones financieras ilícitas.
“Miss Universe” fue adquirida en 2022 por la empresa tailandesa JKN Global Group por alrededor de 20 millones de dólares. Apenas un año después, JKN vendió la mitad del negocio a Rocha Cantú por 16 millones de dólares, una operación que valuó a la organización en más de 30 millones de dólares. Sin embargo, mientras la marca presumía expansión internacional, JKN se encaminaba a una reestructura financiera derivada de una deuda que superó los 190 millones de dólares. Acreedores e inversionistas comenzaron a cuestionar la administración del grupo y algunas de las operaciones corporativas relacionadas con Miss Universo. Las dificultades financieras de la empresa comenzaron a coincidir con los problemas judiciales de sus socios.
Fuentes vinculadas a la organización describen una realidad muy distinta a la imagen pública que proyecta Miss Universo. Hablan de ajustes presupuestales, retrasos en pagos, equipos reducidos y una creciente dependencia de eventos privados para financiar parte de las actividades de promoción internacional de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch. También refieren una estrategia intensiva de comunicación digital orientada a fortalecer la imagen de la reina de belleza y contener la conversación negativa alrededor de la organización.
El problema es la reputación de sus dueños. En diciembre pasado, Rocha Cantú fue fotografiado en el Ritz de París, uno de los hoteles más exclusivos de Europa. La imagen fue difundida por el periodista Sergio Sarmiento mientras en México avanzaban investigaciones judiciales y órdenes de aprehensión contra el empresario. Meses después aparecieron nuevas fotografías en Mónaco —donde ahora vive— y Cannes junto a Fátima Bosch.
La revista francesa Entrevue publicó recientemente un reportaje en el que colocó en una misma narrativa a Raúl Rocha Cantú, al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y los señalamientos de autoridades estadounidenses contra las estructuras financieras y políticas vinculadas al narcotráfico. La publicación utilizó la imagen de Rocha Cantú en Mónaco como parte de una historia alrededor de organizaciones criminales mexicanas.
Miss Universo no vive únicamente de un certamen anual, sino que obtiene ingresos de licencias nacionales, derechos de transmisión, patrocinios, acuerdos comerciales, mercancía oficial y contratos con gobiernos anfitriones. Su principal activo es la reputación. Así que cuando patrocinadores, marcas de lujo, televisoras y organizadores internacionales comienzan a asociar el nombre de la franquicia con investigaciones criminales, la quiebra luce como el camino más probable.
En lo que se refiere al caso de Rocha Cantú, sigue avanzando en la FGR. Como publiqué en enero pasado en este espacio, el empresario tiene órdenes de aprehensión, así como varias de sus cuentas congeladas por la UIF. El expediente FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024 es uno de los casos más relevantes dentro de la nueva etapa de la Fiscalía de Ernestina Godoy.
A ello se suma el contexto internacional cada vez más complejo para México. Desde la designación por parte de Estados Unidos de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas extranjeros y el escrutinio sobre las redes financieras, empresariales y políticas vinculadas con actividades ilícitas.
Y si bien Fátima Bosch no está acusada de delito alguno, su “reinado” se ve opacado por la crisis corporativa y reputacional de la marca y de sus propietarios, con quienes aún departe en los certámenes internacionales. Cada aparición pública junto a Rocha Cantú es tóxica para la joven Miss Universo. Ella lo sabe, pero no puede hacer gran cosa para evitarlo.
Posdata 1
La caída de más de 7% en las acciones de Banorte este jueves borró cerca de 38 mil millones de pesos en valor de capitalización bursátil del grupo financiero y arrastró al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores. La institución financiera presidida por Carlos Hank González se convirtió en la emisora con el peor desempeño del día, en un movimiento que sorprendió porque es una acción que acumulaba ganancias de doble dígito en lo que va de 2026 y que durante años fue considerada una de las apuestas más sólidas del sistema financiero mexicano.
Detrás de la venta masiva hay una combinación de factores. Banorte recortó recientemente su expectativa de crecimiento para la economía mexicana y comenzó a reflejar en sus resultados un entorno menos favorable. Además, en el primer trimestre de 2026, la utilidad neta prácticamente se estancó, con un crecimiento de apenas 1%, afectada por mayores provisiones, una menor expansión de los ingresos financieros y un ritmo más moderado en la colocación de crédito. Aunque el banco mantiene indicadores sólidos de capitalización y calidad de cartera, el mercado comenzó a cuestionar si podrá sostener los niveles de rentabilidad que lo distinguieron durante la última década.
La caída también se produce en medio de un entorno más complejo para todo el sistema financiero. Tras el ajuste en la calificación soberana de México, Moody’s redujo las notas de varias instituciones bancarias, entre ellas Banorte, mientras que otras agencias han advertido sobre los riesgos asociados al deterioro de las finanzas públicas y al menor crecimiento económico. A ello se sumó recientemente una sanción de la nueva autoridad de competencia económica relacionada con su alianza comercial con Rappi, un asunto que el grupo financiero ha decidido impugnar.
Posdata 2
La reforma para anular elecciones por intervención extranjera llegó al pleno de la Cámara de Diputados muy distinta de la versión original presentada por Ricardo Monreal. Tras las objeciones de especialistas, legisladores y autoridades electorales, Morena terminó corrigiendo ligeramente el alcance de la iniciativa. Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los principales impulsores de los cambios, aseguró que la propuesta sufrió modificaciones radicales respecto de la redacción inicial, que abría la puerta a interpretar como causal de nulidad cualquier acción externa que influyera en las preferencias o en los resultados electorales. El texto aprobado elevó el umbral y exige acreditar una intervención extranjera con efectos determinantes sobre el resultado de la elección.
La corrección era necesaria, porque en el contexto global actual, donde gobiernos, empresas tecnológicas, grupos de interés y campañas digitales operan más allá de las fronteras nacionales, una definición ambigua habría convertido prácticamente cualquier elección competida en materia de litigio. Morena evitó ese riesgo, pero dejó abierta una interrogante fundamental: la reforma incorpora una nueva causal constitucional de nulidad sin establecer con precisión cómo se acreditará la intervención extranjera ni cuáles serán los criterios para determinar que ésta fue determinante para alterar el resultado electoral.
La decisión final recaerá previsiblemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el encargado de valorar pruebas, interpretar los alcances de la norma y eventualmente determinar si una elección debe anularse. Es decir, el debate ya no está en la iniciativa original de Monreal, sino en la enorme facultad que se deposita en el TEPJF para resolver uno de los asuntos más delicados de cualquier democracia: invalidar el voto ciudadano. El premio para los magistrados del Tribunal será su posibilidad de reelección, que también fue aprobada.
Lo que está por verse es si las leyes secundarias construyen un mecanismo excepcional, con estándares técnicos y jurídicos sólidos, o si terminan creando una herramienta susceptible de utilizarse a discreción en disputas postelectorales. La dimensión real de esta reforma se conocerá cuando se definan las reglas que permitirán aplicarla.
Mientras tanto la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que hay sospechas fundadas de que Estados Unidos quiere intervenir en las elecciones del 2027. ¿Y las pruebas?
Posdata 3
La licencia de apenas 22 horas que solicitó este jueves el senador Enrique Inzunza para ausentarse de una sesión clave del Senado terminó revelando que Morena está dispuesto a solapar y encubrir al sinaloense acusado por Estados Unidos de estar ligado al crimen organizado.
La frase que utilizó Ignacio Mier para justificar la maniobra y dijo: “ya les quitamos el show”. El coordinador morenista celebró que la ausencia de Inzunza evitara que la oposición centrara el debate en el senador acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el crimen organizado.
La postura de Mier no sorprende. Como publiqué el lunes en este espacio, el poblano ha sido uno de los principales escuderos del grupo político de Rubén Rocha Moya desde que estalló la crisis de Sinaloa. Su relación con el estado viene de años atrás, cuando fue delegado de Morena entre 2016 y 2018 y participó en la construcción territorial del movimiento. La cercanía con Rocha fue pública y constante. Ahora también lo es con Enrique Inzunza, quien fuera secretario general de Gobierno, operador político y uno de los hombres de mayor confianza del gobernador con licencia. No es casualidad que haya sido el propio Mier quien decidiera cuándo debía aparecer y cuándo debía desaparecer del Senado.
Para Morena, la estrategia de invisibilizar a Inzunza no resuelve el fondo del asunto. Durante semanas se argumentó que el senador no acudía a las sesiones por decisión propia o para evitar provocaciones de la oposición. Después se supo que desde la coordinación parlamentaria se había optado por no convocarlo a determinadas reuniones y actividades legislativas. Ahora se le concede una licencia exprés para evitar reflectores. Todo apunta a una misma lógica: contener el costo político de un caso que sigue escalando. ¿Por cuánto tiempo más?
@MarioMal
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