Hay una diferencia fundamental entre ganar una elección y ejercer el poder. Lenia Batres obtuvo la segunda mayor votación entre quienes integran actualmente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero los hechos muestran que una cosa es el respaldo en las urnas y otra muy distinta la capacidad para construir mayorías dentro del máximo tribunal del país.
Ese es hoy el principal problema de la ministra. Desde su llegada a la Corte ha buscado convertirse en la voz más visible del ala ideológica de la Cuarta Transformación. Sus posicionamientos suelen privilegiar el discurso político sobre el jurídico y, particularmente en materia fiscal, ha defendido sistemáticamente que el Estado cuente con mayores facultades para recaudar impuestos y limitar los márgenes de actuación de los grandes contribuyentes. Sin embargo, esa visión rara vez ha encontrado eco entre sus colegas.
La prueba más reciente fue la polémica que ella misma detonó al plantear la posibilidad de gravar las herencias. La propuesta provocó una inmediata reacción de especialistas, fiscalistas, jueces y representantes del sector privado, quienes cuestionaron tanto la viabilidad jurídica como los argumentos utilizados para justificarla. El golpe político definitivo llegó desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia y dejó claro que un impuesto a las herencias no forma parte de la agenda de su gobierno.
No deja de llamar la atención que una de las ministras más identificadas con el movimiento gobernante haya terminado desautorizada por la propia Presidenta de la República.
Tampoco fue un episodio aislado. Hace apenas unos días, en el litigio entre el SAT y FEMSA, Batres fue la única integrante del Pleno que votó por revivir un crédito fiscal por casi 2 mil 900 millones de pesos que ocho de sus compañeros consideraron jurídicamente improcedente. La escena se ha repetido en otros asuntos relacionados con grandes contribuyentes y controversias fiscales: mientras ella sostiene interpretaciones expansivas en favor del fisco, la mayoría de la Corte termina votando en sentido contrario.
Más allá del contenido de sus votos, el patrón revela que Lenia Batres no ha logrado construir consensos dentro del máximo tribunal. Ese déficit es relevante por la discusión que ya comenzó, aunque públicamente se niegue, sobre quién deberá presidir la Suprema Corte cuando concluya el primer periodo de Hugo Aguilar.
La interpretación más extendida sostiene que la presidencia correspondería automáticamente a quien obtuvo la siguiente mayor votación en la elección judicial, es decir, Lenia Batres. No obstante, varios ministros consideran que las lagunas existentes tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Judicial permiten otra interpretación, y es que, concluido ese primer periodo, el Pleno pueda elegir libremente a cualquiera de sus integrantes.
Recientemente la propia Corte difundió un comunicado para desmentir que ese debate exista. Pero puertas adentro el tema sigue siendo motivo de conversaciones entre ministros y sus equipos jurídicos. No es un asunto menor. Si finalmente prevalece la interpretación que privilegia la elección interna, Batres necesitaría algo que hasta ahora no ha demostrado tener: los votos de sus propios compañeros.
Y aun suponiendo que la presidencia le correspondiera automáticamente por el orden de votación, el problema se mantendría. Porque la Corte se gobierna construyendo acuerdos y conciliando posiciones. Ningún presidente puede conducir el tribunal si permanentemente queda en minoría.
La sesión de este jueves volvió a ofrecer una imagen lamentable. Mientras el ministro Giovanni Figueroa exponía un asunto ante el Pleno, debió interrumpir su intervención debido a las conversaciones que sostenían otros integrantes de la Corte, como la ministra Loretta Ortiz. Batres incluso se levantó para dialogar con el presidente Hugo Aguilar y cuando recibió el uso de la palabra tardó en ubicar el expediente que se discutía.
La Suprema Corte ha tenido presidentes con perfiles ideológicos muy distintos. Lo que distinguió a los más influyentes no fue su cercanía con el gobierno en turno ni el número de votos obtenidos en una elección, sino su capacidad para reunir mayorías alrededor de decisiones complejas. Ese sigue siendo el verdadero poder dentro del máximo tribunal.
Posdata 1
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo un reconocimiento público a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México por la colaboración que ha mantenido en las investigaciones para desarticular las redes financieras vinculadas al huachicol fiscal. El mensaje, dirigido a la dependencia que encabeza Omar Reyes Colmenares, cobra relevancia porque se produce apenas días después de las fricciones diplomáticas generadas por los señalamientos de Washington sobre presuntos vínculos de instituciones financieras mexicanas con operaciones de lavado relacionadas con el tráfico ilícito de combustibles. Más allá del ruido político, la cooperación entre las áreas de inteligencia financiera de ambos países continúa activa.
La información intercambiada entre la UIF y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha permitido rastrear empresas, operadores y esquemas utilizados para mover recursos provenientes del contrabando y la comercialización ilegal de combustibles. El reconocimiento del Tesoro confirma que la colaboración técnica entre ambas instituciones se mantiene como uno de los principales canales de comunicación entre México y Estados Unidos en el combate a las finanzas del crimen organizado, aun en medio de episodios de fricción política.
La UIF también firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para fortalecer la detección de fraudes financieros y compartir herramientas de análisis de riesgo. El acuerdo busca identificar patrones de operación, prevenir nuevas modalidades de fraude y robustecer la protección del sistema financiero, sin contemplar el intercambio de datos personales o información bancaria de los usuarios.
Las dos acciones reflejan el perfil que busca imprimir Omar Reyes a la UIF desde su llegada al organismo. Por un lado, mantener y profundizar la cooperación con las autoridades estadounidenses en investigaciones de alto impacto; por el otro, reforzar la coordinación con las instituciones nacionales encargadas de supervisar el sistema financiero. El lavado de dinero, el huachicol fiscal y los fraudes electrónicos se han convertido en tres de los principales frentes de trabajo para la inteligencia financiera mexicana.
Posdata 2
La Secretaría de Relaciones Exteriores elevó el tono frente a las autoridades estadounidenses tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California. La Cancillería anunció que emprenderá acciones legales para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades, mientras el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, confirmó que ya se brinda acompañamiento permanente a la familia y que solicitará reuniones con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el propio ICE y legisladores estadounidenses para exigir una investigación transparente y la revisión de los protocolos utilizados en este tipo de operativos.
La respuesta marca un cambio en la estrategia de la diplomacia mexicana. En lugar de limitarse a la asistencia consular, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco fue llevar el caso a las instancias políticas y jurídicas de Estados Unidos. La SRE aseguró que agotará todas las vías legales disponibles para determinar si hubo un uso indebido de la fuerza y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse contra ciudadanos mexicanos.
El caso adquiere una dimensión mayor por el endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump y el incremento de los operativos migratorios en distintos estados del país. La muerte de un connacional durante una intervención de ICE pone bajo revisión los protocolos de actuación de esa agencia y reabre el debate sobre el trato que reciben los migrantes mexicanos durante los procesos de detención.
Posdata 3
Un juez del Estado de México vinculó a proceso al alcalde panista Fernando Flores Fernández por el presunto delito de abuso de autoridad, derivado de los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, de Metepec, donde ingresó acompañado de policías municipales para intervenir en un conflicto de carácter personal. Aunque enfrentará el proceso en libertad y permanecerá en el cargo, la resolución judicial representa un golpe para uno de los alcaldes que el PAN consideraba para competir por una candidatura hacia el 2029.
El caso revive un viejo problema de la política mexicana. Y es que cuando los recursos y la fuerza pública del Estado se mezclan con asuntos privados, la línea entre el ejercicio de autoridad y el abuso de poder se vuelve cada vez más delgada. Esa es precisamente la conducta que ahora deberá valorar el Poder Judicial, mientras el edil insiste en que es inocente y rechaza separarse del cargo.
El costo político para Fernando Flores ya es un hecho. El personaje que pasó de ser empresario a convertirse en un alcalde, ahora gobierna bajo proceso judicial y con posibilidades de enfrentar las consecuencias de sus actos de prepotencia.
@MarioMal
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