El Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, libra una batalla jurídica contra un grupo de empresas proveedoras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que durante la última década obtuvo contratos públicos por más de 4 mil millones de pesos para el suministro de armamento, uniformes, maquinaria y otros insumos para el Ejército. Las autoridades fiscales atribuyen al consorcio, identificado con el empresario Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero, un presunto esquema de defraudación fiscal que dio origen a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en las que algunos de sus directivos ya fueron vinculados a proceso. Paralelamente, las empresas mantienen una estrategia legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para impugnar los créditos fiscales determinados por el SAT.
El origen del caso se encuentra en una serie de auditorías practicadas por el SAT a distintas razones sociales del grupo, entre ellas Nicela, Intman, Introm Textil, Operadora Safrat, Caroem Construcciones, Zagis, Industrial Gym, Hollond Textile Solutions y RAEG Textil. En el procedimiento GAD85000, la autoridad determinó a Nicela S.A. de C.V. un crédito fiscal por 98.1 millones de pesos, al concluir que existían operaciones por alrededor de 130 millones cuya materialidad no fue acreditada. Por su parte, Intman S.A. de C.V. fue auditada mediante el procedimiento GAD9000007/21, del que derivó un crédito fiscal por 95.7 millones de pesos, relacionado con operaciones observadas por aproximadamente 40 millones. Aunque éstos son los créditos más relevantes, las demás empresas del grupo también enfrentan resoluciones fiscales por distintos montos.
Las resoluciones del SAT fueron impugnadas ante el TFJA. En el caso de Intman, el juicio de nulidad fue desestimado en marzo de 2025, al considerar que la empresa no logró acreditar la materialidad de las operaciones cuestionadas por la autoridad fiscal. Posteriormente promovió el amparo directo 385/2025, que fue resuelto el 15 de abril de 2026 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual negó la protección constitucional solicitada. En el caso de Nicela, el TFJA confirmó en octubre de 2024 el crédito fiscal determinado por el SAT. Estos antecedentes forman parte del contexto de la investigación penal que derivó, a principios de este año, en la vinculación a proceso de Mario Alfonso Ortiz Romero, medio hermano de Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero, dentro de la causa penal 448/2025 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
No obstante, en marzo pasado, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió un amparo a diversas empresas del grupo para el efecto de que se emitiera una nueva resolución en la que se reexaminaran las pruebas y los conceptos de impugnación planteados en el juicio. La resolución se produjo mientras el SAT y la FGR sostenían, en sus respectivos procedimientos, la existencia de un presunto esquema de simulación de operaciones mediante empresas sin capacidad material para prestar los servicios facturados y avanzaban en las investigaciones correspondientes.
Más recientemente, el 22 de junio de 2026, la Quinta Sala Regional Metropolitana del TFJA, en una sesión en la que fungieron como ponente la magistrada Alma Rosa Mendoza Camacho y como secretaria de Acuerdos Diana Montes Flores, dejó sin efectos parte de las observaciones fiscales por aproximadamente 50 millones de pesos. La resolución se sustentó, entre otros aspectos, en presuntas irregularidades procedimentales atribuidas al SAT, particularmente en la forma en que requirió determinada documentación, al considerar que debió hacerlo mediante el Buzón Tributario. Se trata del primer revés relevante para la autoridad fiscal dentro de este litigio.
De manera paralela, la carpeta de investigación de la FGR sostiene que el grupo empresarial habría implementado una estructura para simular operaciones mediante empresas que presuntamente carecían de activos, personal o capacidad material para prestar los servicios facturados a la Sedena, hoy encabezada por el general Ricardo Trevilla Trejo. Además, la Fiscalía también investiga la posible existencia de sobreprecios cercanos a 700 millones de pesos en contratos relacionados con el suministro de bienes al Ejército. Tanto las investigaciones penales como los procedimientos fiscales y administrativos continúan en curso, sin que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
Posdata 1
La vinculación a proceso de Alejandro Álvarez Puga por el delito de defraudación fiscal forma parte de la reapertura de los casos considerados de alto perfil por parte de la nueva directiva de la Fiscalía General de la República y que se habían quedado en impasse durante buena parte de la gestión de Alejandro Gertz Manero.
Un juez federal le impuso prisión preventiva justificada y concedió cuatro meses para la investigación complementaria, mientras la FGR mantiene vigente la solicitud de extradición de su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado el principal objetivo de este expediente.
La investigación contra Alejandro está estrechamente ligada a la estructura empresarial y fiscal que durante años encabezó Víctor Álvarez Puga, prófugo de la justicia mexicana desde 2021. Como se ha documentado en este espacio, ambos enfrentan acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, derivadas de presuntos esquemas de evasión y manejo irregular de recursos públicos. La captura de Alejandro fortalece una investigación que las autoridades buscan escalar hacia los principales operadores de esa red.
En la FGR consideran que el proceso contra uno de los hermanos puede aportar elementos para robustecer los casos pendientes y acelerar los procedimientos internacionales contra Víctor Álvarez Puga. El empresario permanece en Estados Unidos, donde continúa litigando para evitar su entrega a México, mientras las autoridades mexicanas insisten en concretar la extradición.
Posdata 2
El IMSS-Bienestar, dirigido por Alejandro Svarch, adjudicó a la empresa Biodist S.A. de C.V. el contrato abierto IB/549/2026 para la prestación del servicio médico de Cirugía de Mínima Invasión para la Ciudad de México, mediante la licitación LA-56-AYO-056AYO954-N-120-2026; esto por un monto máximo de 376 millones 304 mil 081 pesos, con vigencia al 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con el fallo, Biodist no obtuvo una calificación técnica perfecta porque no acreditó que parte del personal propuesto contara con estudios de especialidad, maestría o doctorado; tampoco presentó documentación suficiente en materia de inclusión laboral y experiencia del personal. Pero aun así, su propuesta fue considerada solvente.
Además, la firma Biodist ha sido mencionada en dos auditorías recientes. La Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2023 la incluyó en la lista de empresas señaladas por presuntas irregularidades detectadas en contratos del sector salud en Veracruz, lo que derivó en promociones de responsabilidad y observaciones para las autoridades estatales.
Y en la revisión de la Cuenta Pública 2024, nuevamente apareció en observaciones relacionadas con contrataciones del sector salud. En este caso, la ASF encontró que el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga le pagó de 214 millones 883 mil pesos sin que Biodist proporcionara evidencia documental de haber hecho efectivamente pruebas para el laboratorio central, ni de que se llevaran a cabo procedimientos relacionados con el banco de sangre.
Posdata 3
A pesar de que la licitación para construir la planta desaladora que abastecerá de agua a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, Baja California, continúa desierta tras dos procesos de licitación, la Comisión Nacional del Agua, encabezada por Efraín Morales, ya definió a la empresa que se encargará de la supervisión externa de la obra.
Se trata de Aseph SA de CV propiedad de Rafael Torres Ruvalcaba, que resultó ganadora del proceso de licitación LO-16-B00-016B00985-N-29-2026 al imponerse a otras 17 compañías y obtener el contrato 2026-B04-B04-RM-2-RF-LP-P-OR-0037, mediante el cual se compromete a elaborar informes diarios y mensuales sobre las actividades supervisadas en el sitio de los trabajos, incluidas las obras inducidas, el control topográfico, las excavaciones, los acarreos, la instalación de tubería, las pruebas de calidad de los materiales, el uso de maquinaria y equipo de instalación permanente, la plantilla de personal en obra, las modificaciones al proyecto y, en general, todo lo relacionado con la ejecución de la construcción.
El contrato de 207 millones 393 mil 304 pesos contempla una vigencia del 6 de julio de este año hasta agosto de 2029
@MarioMal
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