EU quiere operativos espectaculares contra los cárteles

El presidente Donald Trump quiere que México dé golpes más espectaculares contra los cárteles y que los exhiba. Fuentes estadounidenses aseguran que en la Casa Blanca consideran insuficiente la difusión de cifras sobre decomisos, detenciones y reducción de homicidios. Esperan operaciones que muestren a las fuerzas mexicanas sometiendo a los grupos criminales.

La expectativa alcanza al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las policías especializadas. Incluye a su vez las capturas, el desmantelamiento de narcolaboratorios, los aseguramientos de armas y la presentación pública de detenidos, pero todo al estilo Hollywood. Según estas fuentes, Washington quiere que los resultados se documenten y promocionen con mayor espectacularidad. Una cobertura al estilo S.W.A.T. o SEAL Team, con imágenes de los despliegues y de sus objetivos capturados, que muestre la dimensión de cada golpe.

La crítica incluye la comunicación del gobierno. A juicio de los interlocutores estadounidenses, los balances acumulados no alcanzan para modificar la percepción de un país donde los criminales mantienen capacidad de intimidación. La Casa Blanca quiere que las acciones de las autoridades disputen también ese espacio público y cada operativo trascienda los comunicados oficiales.

Para el gabinete de seguridad, esto añade una exigencia a los operativos. Tendría que mostrar en detalle a quién se detuvo, la estructura que fue desmantelada y sus capacidades de operación. En la lógica que describen las fuentes, los números necesitan acompañarse de escenas que el público pueda identificar y recordar. Esa difusión permitiría a Trump presentar los golpes como resultado de su presión.

El martes, Trump elevó la presión ante la Asamblea General de la ONU. Llamó a México el “epicentro de la violencia de los cárteles” y reclamó que recupere el control de su territorio. Dijo que resulta inaceptable para Estados Unidos compartir una frontera de unos 3,200 kilómetros con territorio controlado por esas organizaciones. El reconocimiento de una buena relación con México quedó acompañado de un cuestionamiento a su capacidad para ejercer autoridad.

Además, equiparó a los cárteles con el Estado Islámico y planteó que sus integrantes sean abatidos, exiliados o detenidos como combatientes enemigos, sin posibilidad de liberación. Trump colocó así el combate al narcotráfico dentro de su discurso sobre amenazas a la seguridad de su país y el uso de su poder militar. Bajo ese planteamiento, cualquier territorio dominado por una organización criminal puede convertirse en motivo de presión sobre México.

Este miércoles, el embajador Ronald Johnson llevó ese argumento a la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico. Ante empresarios, sostuvo que Washington quiere un México soberano frente a interferencias externas y también libre de la intervención de organizaciones criminales que controlan y aterrorizan comunidades. Ofreció ampliar la cooperación como buenos vecinos y rechazó que se trate de intervencionismo.

Johnson también reconoció los resultados de la cooperación y las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Citó el aseguramiento de más de 500 toneladas de narcóticos y destacó el combate a las estructuras financieras y logísticas de los cárteles, incluidas las empresas fachada.

La declaración del embajador y el discurso de Trump coinciden en exigir control territorial. Desde esa perspectiva, la soberanía mexicana también se mide por la capacidad del gobierno para impedir que los cárteles impongan sus reglas a las comunidades. Es un argumento que aumenta la presión sobre el gobierno de Sheinbaum incluso cuando Estados Unidos reconoce avances en la cooperación.

La Casa Blanca quiere un despliegue más visible de la fuerza del Estado mexicano. Es decir, resultados sí, pero un poco de show también.

Posdata 1

El conflicto entre Morena y el PT por las candidaturas de 2027 ya tiene un reclamo público de Alberto Anaya. El dirigente petista denunció el 23 de septiembre que Morena incumplió el procedimiento convenido entre los tres partidos de la coalición. Según su explicación, primero se elegirían cuatro finalistas de Morena y después se realizaría una segunda encuesta con las propuestas del PT y del Verde, mediante una metodología acordada. Anaya sostiene que esa medición sigue pendiente, mientras Ariadna Montiel asegura que sí se hicieron las encuestas espejo solicitadas por el PT. La discrepancia involucra directamente a Citlalli Hernández, quien encabeza la mesa de negociación con los aliados.

Zacatecas concentra parte de la inconformidad. Anaya había respaldado públicamente a Geovanna Bañuelos para buscar la gubernatura, pero el 15 de septiembre Morena designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal. La senadora petista había participado en el proceso junto con otros seis aspirantes. El resultado dejó fuera de la coordinación a una de las principales apuestas del PT y profundizó los cuestionamientos sobre las condiciones en que ese partido negocia con Morena.

En ese contexto apareció una versión sobre un supuesto pacto entre Citlalli y Bañuelos. Según ese relato, Hernández habría ofrecido a la senadora la candidatura por Zacatecas a cambio de que consiguiera concesiones de la dirigencia petista. Bañuelos habría aceptado promover el reconocimiento de las encuestas de Morena, desistir de una medición propia y contener las objeciones a las designaciones y al reparto de candidaturas. El señalamiento es que habría comprometido la capacidad de negociación del PT para obtener una postulación personal.

La misma versión sostiene que, después de la designación de Díaz, Bañuelos habría insistido ante sus compañeros en mantener a Citlalli como interlocutora y evitar la confrontación. A cambio, conservaría la expectativa de sustituir a la coordinadora en Zacatecas si esa definición cambiara. Lo que requiere esclarecerse es si existió un compromiso personal entre ambas y si se tradujo en concesiones aceptadas por el PT. Para Anaya, la cuestión sería determinar qué negoció su representación, con qué autorización y si los compromisos asumidos correspondían a los intereses del partido.

Posdata 2

Cinco recién nacidos murieron en cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango. Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre, tres de ellos el primer día. El Instituto que dirige Zoé Robledo confirmó que cuatro bebés dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae, aunque hasta el reporte del 23 de septiembre seguía sin establecer si ésta provocó las muertes. Cinco decesos en la misma unidad obligan a revisar también la oportunidad de las decisiones de sus responsables.

El IMSS suspendió nuevos ingresos a la unidad neonatal y extendió los estudios microbiológicos al resto del hospital. Robledo se trasladó a Durango después de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera atender el caso. El problema es que las medidas de contención y la visita del director no resuelven la pregunta sobre lo ocurrido durante esos cinco días. El Instituto debe precisar cuándo detectó el problema, qué hizo después de las primeras tres muertes y si sus protocolos se aplicaron a tiempo.

Las familias salieron inconformes de la reunión con funcionarios del IMSS y anunciaron que acudirán a la Fiscalía General de la República. “Estamos frente a una atrocidad”, expresó Diego Tovalín, padre de uno de los bebés. Los familiares señalan presuntas irregularidades en la higiene y la atención, además de retrasos para conocer los resultados de los estudios de sus hijos.

La representación legal prepara la denuncia y busca esclarecer cuánto tiempo transcurrió entre los fallecimientos, la detección del problema y la comunicación a las autoridades y a las familias. Todavía no hay una determinación de negligencia ni de responsabilidades penales. Eso no exime a Robledo de explicar la actuación del IMSS y entregar la documentación necesaria para investigarla. Su responsabilidad como director incluye que se examine si hubo omisiones del personal y de los mandos del hospital.

Posdata 3

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre en un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades de Oaxaca. También fue capturado Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La intervención involucró a instituciones de seguridad federales y estatales en una investigación sobre una estructura criminal que opera en el Istmo de Tehuantepec.

El señalamiento contra el alcalde incluye una presunta relación con “Los Cromos”, identificados por la Fiscalía de Oaxaca como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. García Harfuch explicó que las investigaciones relacionan a los detenidos con una organización dedicada a extorsionar a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios. Las autoridades también investigan mecanismos de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la región. Ése es uno de los aspectos centrales del caso, por la posible participación de una autoridad municipal.

La investigación tiene también un componente financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con el expediente, de acuerdo con el secretario de Seguridad. Las medidas buscan afectar la capacidad económica de la organización y acompañan las detenciones. Su alcance deberá precisarse conforme avance el caso, al igual que la responsabilidad individual de los señalados.

El gobernador Salomón Jara respaldó el operativo y reconoció el trabajo del gabinete federal y de García Harfuch. “En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, afirmó el mandatario, cuyo gobierno anunció que mantendrá la coordinación con las autoridades federales. El seguimiento deberá establecer hasta dónde llegaba la presunta protección institucional y quiénes más participaban. La detención de un alcalde y el bloqueo de cuentas son resultados concretos; desarticular la red exige acreditar sus vínculos, identificar a sus operadores y sostener las acusaciones ante los jueces.

@MarioMal

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