Chihuahua se convirtió en las últimas semanas en el laboratorio político donde ya se observan varios de los escenarios que marcarán las elecciones de los próximos años en el resto del país. La pugna entre los diferentes grupos de Morena, las complejas negociaciones para concretar alianzas y hasta la posible incidencia de Estados Unidos definirá el futuro de la entidad fronteriza.

La reciente designación de la senadora Andrea Chávez como coordinadora estatal de afiliación del Partido del Trabajo confirmó que en la Cuarta Transformación habrá una guerra interna por la candidatura al gobierno del estado. Esto, porque el Partido Verde insiste en que sólo irá en alianza con Morena si el abanderado común es el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

El propio Arturo Escobar, considerado uno de los liderazgos con mayor peso dentro del PVEM en la definición de candidaturas, ya hace política en tierras chihuahuenses para impedir que proliferen las cargadas a favor de Chávez. Sabe bien lo que representa que la senadora cuente con el respaldo del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En el PVEM consideran que su apuesta también tiene bases muy sólidas, como el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien Pérez Cuéllar no es el cuadro más cercano a la mandataria, tampoco mantiene conflictos con ella. Eso, según reconocen dentro de Morena, no puede decirse del caso de Andrea Chávez.

A todo esto se suma que Chihuahua es un estado fronterizo y, por tanto, de especial interés para el gobierno de Estados Unidos. Versiones confiables aseguran que una parte de los personajes involucrados en el proceso electoral se encuentra bajo la lupa de las agencias de inteligencia y seguridad del país vecino.

Un grupo de empresarios cercanos a los hermanos López Beltrán —hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador— fue conminado a no apoyar las aspiraciones políticas de Cruz Pérez Cuéllar.

Por su parte, la cercanía de Andrea Chávez con Adán Augusto López también la coloca en una posición políticamente vulnerable. El caso de Hernán Bermúdez Requena y sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora ha alcanzado a buena parte de los integrantes del llamado Grupo Tabasco, por lo que una eventual candidatura de la senadora estaría, sin duda, bajo el seguimiento de las autoridades estadounidenses.

Se sabe también que en Estados Unidos continúa la investigación para esclarecer por qué la aeronave que trasladó a Bermúdez Requena de regreso a México realizó una escala en Tapachula, Chiapas. Asimismo se investiga en México y presuntamente también en EU al empresario que financió durante varios meses las intenciones electorales de Andrea Chávez: Fernando Padilla Farfán, el zar de las medicinas que se asegura comparte un barco de ultralujo con Adán Augusto, el cual está atracado en Miami, Florida.

En este escenario de conflicto interno, el gran beneficiado podría ser el PAN, que ha logrado capitalizar políticamente la confrontación con el gobierno federal a partir del caso de la operación en territorio mexicano de agentes de la CIA. Hace unos meses, el llamado “estado grande” parecía encaminarse hacia la alternancia; hoy, conforme se profundizan las divisiones dentro de Morena y se acumulan factores externos sobre sus principales aspirantes, las posibilidades de continuidad para el PAN vuelven a fortalecerse.

Posdata 1

La renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República, oficialmente por “motivos personales”, coincide con la presión política y diplomática que enfrenta la institución que encabeza Ernestina Godoy. Su salida se produce apenas siete meses después de asumir la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes y la vocería de la FGR, desde donde condujo algunos de los casos más delicados del gobierno, entre ellos el caso de Ismael El Mayo Zambada y las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya.

Más allá de la explicación oficial, el relevo deja abiertas preguntas sobre el manejo interno de una investigación que escaló a un diferendo con Estados Unidos. En los últimos días, la FGR endureció públicamente su postura contra el FBI al acusarlo de entregar información “falsa, parcial e insuficiente” sobre la captura de El Mayo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum exigía de nueva cuenta respuestas a Washington.

El desafío ahora será para Ernestina Godoy. Además de nombrar a un sustituto, deberá mantener el control de investigaciones relacionadas con los intereses de Estados Unidos y México, varias de las que se quedaron empolvadas por intereses de la anterior administración de Alejandro Gertz Manero.

Posdata 2

Hablando de Estados Unidos, el director de la DEA, Terrance Cole, volvió a la carga y afirmó que los cárteles mexicanos mantienen una “peligrosa relación” con funcionarios del gobierno y sostuvo que ambas estructuras son “inseparables”, una de las acusaciones más severas lanzadas por un alto funcionario estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Sus declaraciones se producen en medio del endurecimiento de la estrategia de las agencias de seguridad de Estados Unidos contra las organizaciones criminales mexicanas y de una creciente presión sobre la cooperación bilateral.

El Gabinete de Seguridad rechazó categóricamente los señalamientos al asegurar que carecen de sustento y desconocen los resultados obtenidos por la actual estrategia de seguridad. La administración de Claudia Sheinbaum defendió que la colaboración con Estados Unidos continuará, pero bajo los principios de respeto mutuo, coordinación institucional y soberanía nacional, en un contexto marcado además por las diferencias entre la FGR y el FBI por el caso del Mayo Zambada.

A las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra integrantes del crimen organizado, las solicitudes de información a autoridades mexicanas y las diferencias por la captura de El Mayo, ahora se suma un discurso cada vez más confrontacional desde Washington, con implicaciones que rebasan el ámbito policial y alcanzan la relación política y diplomática entre ambos gobiernos.

Posdata 3

Más efectos de la política comercial de Donald Trump se notan ya en la industria automotriz de México. Kia, Mazda y Nissan redujeron de manera significativa sus exportaciones hacia Estados Unidos durante el primer semestre del año e, incluso, algunos modelos dejaron de enviarse por completo al mercado estadounidense. En contraste, los embarques a Canadá crecieron 18%, confirmando que las armadoras ya buscan reconfigurar sus destinos de exportación ante el nuevo entorno arancelario.

El ajuste va más allá de una caída coyuntural en las ventas. Las empresas ya están modificando sus estrategias de producción para privilegiar los modelos con mayor rentabilidad y menor exposición a los aranceles estadounidenses.

Estados Unidos sigue absorbiendo alrededor de tres cuartas partes de las exportaciones automotrices mexicanas y cualquier reducción en ese mercado impacta directamente la actividad manufacturera, las cadenas de proveeduría y el empleo en estados como Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León y Baja California.

El gobierno mexicano insiste en que la revisión del T-MEC permitirá recuperar certidumbre para el sector, pero las armadoras no parecen dispuestas a esperar. La diversificación hacia Canadá y otros mercados comenzó antes de que concluyan las negociaciones comerciales, una señal de que la industria está descontando un escenario de mayor proteccionismo.

@MarioMal

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