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En diciembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo que haría públicos los términos de los contratos que se entregaron en los últimos dos sexenios para construir y operar reclusorios en el país. “Vamos a dar a conocer un informe de los robos cometidos (...) Se cancelan o se renegocian”, sentenció en su conferencia matutina.
El Presidente se refería a ocho Contratos de Prestación de Servicios para la construcción y operación de reclusorios que firmó en 2010 la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna , con la intención de reducir un déficit de 42 mil espacios en los centros penitenciarios del fuero federal.
De acuerdo con fuentes del gobierno, los términos de los contratos –los cuales se reservaron hasta 2022 por temas de “seguridad nacional”–, fueron por un monto total de 270 mil millones de pesos pagaderos hacia 2032, de los cuales el Estado se quedaría con una deuda a futuro superior a 190 mil millones de pesos. El retorno de inversión para los dueños de los contratos, por el contrario, rondaba una altísima tasa de 45%.
La renegociación se llevó a cabo de la mano del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer , y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera . Los propietarios de estos contratos son el multimillonario Carlos Slim y su Grupo Ideal, con el Cefereso Femenil de Jojutla, Morelos; Olegario Vázquez Aldir , de Prodemex, con el Cefereso 14 de Gómez Palacio, Durango, y el 17 de Tomatlán, Michoacán; ICA, cuyo principal accionista es David Martínez , con el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, y el 12 de Ocampo, Guanajuato; Adrián García Pons , de la empresa Arendal, encargada del Cefereso 15 en Comaltitlán, Chiapas; Hipólito Gerard , de GIA, responsable del Cefereso Femenil 13 en Miahuatlán, Oaxaca, y el fondo de inversiones BlackRock, de Larry Fink , que adquirió los derechos para operar los servicios del Cefereso 18 de Ramos Arizpe, en Coahuila.
El descuento acordado entre los empresarios con el gobierno fue de 15% en el monto total del contrato y la operación, con excepción de dos reclusorios que bursatilizaron su deuda en el mercado de valores mexicano y que ahora enfrentan problemas de liquidez por la falta de pago del gobierno federal.
Se trata del Cefereso de Ocampo, Guanajuato, cuyo contrato pertenece a ICA, el cual tiene colocados bonos por cerca de 7 mil 700 millones de pesos, y el Cefereso de Miahuatlán, Oaxaca, que vendió papel por unos 3 mil 300 millones de pesos.
El miércoles pasado, la calificadora S&P degradó los bonos de deuda respaldados por centros penitenciarios en México y los mantuvo en “Revisión Especial Negativa”.
Los analistas de la firma expusieron fuertes presiones de liquidez operativa, debido a la interrupción de los pagos por disponibilidad (del gobierno) y la incertidumbre asociada con la renegociación de las condiciones contractuales de los centros penitenciarios.
Desde que comenzaron las renegociaciones de contratos, en enero de 2021, los pagos se suspendieron, por lo que los concesionarios han utilizado las cuentas de reserva de los fideicomisos para mantenerlos en operación.
Los analistas de S&P alertaron que, de no restablecerse los pagos en el corto plazo, se afectaría la operatividad de los proyectos y podría detonarse un evento de incumplimiento de la deuda. Son cerca de 11 mil millones de pesos de bonos que están colocados entre inversionistas institucionales, la mayoría afores mexicanas, los cuales podrían caer en impago y desatarse una situación parecida a la de los bonistas del Aeropuerto de Texcoco.
Aclaración
En la columna de ayer se publicó que el candidato que disputó la gubernatura de Puebla en 2019, Enrique Cárdenas , es presidente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), “quienes tuvieron bajo su control por años la administración de la Fundación Mary Street Jenkins”.
El doctor Enrique Cárdenas fue director ejecutivo del CEEY hasta el 31 de agosto de 2017.
El actual director ejecutivo es el doctor Roberto Vélez Grajales , y desde el año 1999 la familia Espinosa Rugarcía no tiene ningún vínculo con la Fundación Mary Street Jenkins, ni con su administración.
En la mira de la SFP
Tras la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se han realizado diversos movimientos que apuntan a que Federico Héctor Marín se encuentra bajo la mira del ahora encargado de despacho, Roberto Salcedo Aquino , debido a que habría realizado malos manejos en su posición como titular de la Delegación Sur del IMSS en la Ciudad de México.
La historia tiene su origen en la adquisición de al menos 100 ventiladores mediante la adjudicación directa AA-050GYR025-E227-2020, proceso sin concurso del cual se habría echado mano para beneficiar con un jugoso contrato a una compañía cercana a Marín Martínez, según lo expuso en fechas previas Xóchitl Gálvez , senadora del PAN. Entre los problemas que se habrían presentado está la ausencia de los equipos, además de supuestos errores en el cálculo de penalizaciones por 4 millones de pesos, monto que ahora buscarían devolver.
@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com