Si bien hoy se discute en la agenda global el Producto Interno Bruto por persona en cada país, resulta de vital importancia medir la huella promedio anual de carbono por persona, en cantidad de toneladas. Éste es un tema crucial para reducir el calentamiento de la temperatura global y mitigar los efectos del cambio climático. Para el año 2020, la producción anual promedio de dióxido de carbono por persona en México fue de 3.05 toneladas, situándolo entre los países de Latinoamérica con mayor huella de carbono por persona.
En mesa de parlamento abierto del Senado de la República se analizó recientemente la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expedir la Ley para la Reglamentación del Expediente Judicial Electrónico y reducir el uso de papel físico, presentada esta última por la Senadora Olga Sánchez Cordero , Presidenta de la Mesa Directiva, quién además tiene la valiosa experiencia de haber sido Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El propósito de la iniciativa citada consiste en reducir el uso de papel en la función judicial, para contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Desde mi punto de vista, establecer las normas mínimas del expediente judicial electrónico requiere precisar cual o cuales principios regirán en los procesos judiciales: el de oralidad o el de proceso escrito o mixto —como actualmente se desahoga el juicio agrario—, motivo por el cual cobra importancia la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que incluirá la oralidad en estas materias y pudiera resultar aplicable en otras etapas del proceso y con base en las reglas del proceso, establecer el juicio en línea como optativo.
La iniciativa aborda las notificaciones electrónicas; el teletrabajo o trabajo en línea; las audiencias en línea; la creación de un sistema de justicia digital que, de aprobarse, facilitaría la integración de estadísticas para la toma de decisiones. Incluso, supone la digitalización de las actuaciones judiciales de los juicios que se desahogan. Para poner en marcha el juicio en línea de forma universal, se requiere de un presupuesto significativo, pero más importante un cambio cultural que sea reforzado constantemente, entre todos los que intervenimos en su substanciación.
En el año 2021, el Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió los acuerdos 13 y 14 que regulan el uso del correo electrónico como medio preferente para la comunicación entre los tribunales agrarios y otras instancias del ámbito administrativo; la celebración de audiencias de ley vía remota —siempre y cuando se cuente con el acuerdo de las partes en juicio—; las notificaciones que por su naturaleza lo permitan, así como la posibilidad de efectuar Visitas de Inspección a distancia a los Tribunales Unitarios Agrarios. Atendiendo el principio de certeza, es deseable que el Artículo 17 constitucional establezca el juicio en línea como opción de acceso a la justicia a fin de evitar que las poblaciones que aún no tienen acceso a internet queden excluidas, y regularlo para la materia agraria en la Ley Agraria y la parte que corresponda en Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
La impartición de justicia requiere emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación y, a partir de ahí, utilizar la inteligencia artificial para dar impulso procesal a los juicios agrarios. De lo contrario, avanzarán con mayor celeridad los juicios de quienes dispongan de más medios o de mejores representantes legales.
Los Tribunales Agrarios —en su agenda de renovación al cumplir 30 años de impartición de justicia— tienen contemplado dar mayor uso a dichas Tecnologías en la actividad jurisdiccional, y en la función administrativa, transitar de los Tribunales Agrarios a los Tribunales Agrarios Verdes.
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