El Gobierno federal ha puesto en marcha el Plan México, una ambiciosa estrategia de digitalización y simplificación administrativa para impulsar el desarrollo del país. La promesa es modernizar el Estado para que funcione con la velocidad y transparencia que exige el siglo XXI.
Sin embargo, persisten muchas contradicciones a este empeño. Aquí hablaré de una de esas inconsistencias: las fiscalías. Mientras el Ejecutivo anuncia grandes proyectos de transformación digital, el corazón del sistema de justicia penal sigue operando con el cimiento de la aguja, hilo y papel.
El informe “Radiografía de las Fiscalías en México”, elaborado por México Evalúa bajo la coordinación de Susana Camacho, documenta que al cierre de 2024, las fiscalías estatales acumulaban más de 2.6 millones de casos sin concluir. En este caso el problema no es sólo el volumen; es cómo se gestiona.
El archivo temporal: una forma de perpetuar la impunidad
De todas las carpetas de investigación iniciadas en 2024, más de la tercera parte (34.42%) fueron enviadas al archivo temporal. En estados como Jalisco y Oaxaca, esta cifra supera el 70%. El archivo temporal, que debía ser una excepción para casos sin salida, se ha convertido en una válvula de descarga estructural: una forma de perpetuar la impunidad bajo el polvo de los expedientes.
Entre esos expedientes archivados hay 2 mil 308 homicidios. Sí, homicidios. Delitos que en cualquier país con un sistema de justicia funcional serían investigados hasta sus últimas consecuencias, en México se desechan administrativamente.
Para evitar este colapso, el sistema acusatorio —que entró en vigor formalmente en 2016— fue diseñado con válvulas de escape: los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). La ley permite que delitos del fuero común como robos no violentos, daños a la propiedad, o lesiones menores, se resuelvan mediante estos acuerdos reparatorios. Actualmente suman el 39.3% de las carpetas iniciadas. Las fiscalías, sin embargo, sólo utilizan esta vía en el 3.22% de los casos.
Es como tener un pase rápido y negarse a usarlo. ¿Por qué? Porque un acuerdo reparatorio exige dar seguimiento, supervisar el cumplimiento y generar reportes. En cambio, archivar un caso sólo requiere firmar un oficio y olvidarse del problema.
¿La causa de esta parálisis?
Todo nace de una estructura organizacional deficiente. Si una sola persona tiene que supervisar a decenas de áreas, la microgestión es inevitable. El Fiscal General no tiene tiempo para definir estrategias de persecución penal; está ocupado apagando incendios burocráticos desde las fiscalías especializadas hasta las unidades administrativas. El promedio nacional de áreas que reportan directamente al Fiscal General es de 19. En Puebla, son 40.
El problema más profundo es cultural. A pesar de la reforma, las fiscalías siguen trabajando bajo la lógica del expediente físico. El personal aún cose a mano las carpetas de investigación. Los sistemas informáticos, cuando existen, se usan sólo para generar números de carpeta; la información no se actualiza y las bases de datos no son confiables. Esta pobreza digital no es un tema de tecnología ni un accidente. Es un tema de gestión. Y la gestión en las fiscalías sigue anclada en el siglo XIX.
Este rezago es resultado de un servicio profesional de carrera que no existe. El artículo 123 constitucional permite remover sin causa justificada a fiscales, peritos y policías de investigación en cualquier momento. Esta excepción, pensada para purgar elementos corruptos, se ha convertido en un mecanismo de control político que desincentiva la profesionalización. ¿Cómo va a innovar un fiscal si su permanencia depende de la lealtad a su jefe inmediato y no de su capacidad técnica?
El Plan México requiere aún más voluntad política
En Alemania, la tasa de esclarecimiento de homicidios es del 94%. En Chile, que transitó a un sistema acusatorio similar al nuestro, el Ministerio Público obtiene sentencias condenatorias en el 78% de los homicidios. No es casualidad: ambos países invirtieron en profesionalización, coordinación interinstitucional y, sobre todo, en sistemas de gestión digital que permiten trazabilidad y rendición de cuentas.
México no puede seguir así. El Plan México debe incorporar la mejora de las fiscalías y subirlas a la ola de la digitalización. No se trata de comprar servidores o de contratar consultores. Se trata de rediseñar la operación cotidiana. Implementar sistemas integrales de gestión de casos que sustituyan el expediente físico; reducir los tramos de control para que la Fiscalía pueda enfocarse en lo estratégico; sobre todo, reformar el servicio profesional de carrera para que la permanencia dependa del mérito, no de la lealtad política.
La prioridad no se declara, se demuestra con presupuesto, con voluntad política y con decisiones concretas. La próxima vez que usted escuche hablar del Plan México, pregúntese: ¿Se puede presumir de digitalizar al país si en la justicia hay millones de casos sin ser atendidos que yacen en un expediente en papel?
Directora de México Evalúa. @Mariana_C_V