Vivimos en una época en la que la información circula a una velocidad nunca antes vista. Todos los días recibimos noticias, opiniones, análisis, contenidos virales y mensajes que influyen en la manera en que entendemos la realidad.
El problema es que no todo lo que circula informa. Mucho confunde. Mucho manipula. Mucho busca disfrazar intereses como si fueran hechos.
Por eso, hablar hoy de libertad de expresión también exige hablar de responsabilidad. La libertad de decir no puede convertirse en licencia para engañar; y el derecho a informar no puede usarse como excusa para desinformar.
En México hay quienes confunden deliberadamente la libertad de expresión con el derecho a manipular audiencias. Y hay que decirlo con toda claridad: eso no fortalece la democracia, la debilita.
Una democracia necesita medios libres, sí. Pero también necesita ciudadanía informada. Necesita pluralidad, crítica y debate público. Pero también necesita transparencia y reglas mínimas para que las personas sepan qué están consumiendo: una noticia, una opinión, un análisis, una publicidad o un contenido propagandístico.
Ese es el fondo del debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, analizados recientemente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Lo que debía ser una discusión jurídica y democrática fue reducido por algunos sectores a la misma narrativa de siempre: “censura”.
Pero no todo lo que incomoda a ciertos intereses es censura.
Censura sería impedir que alguien hable. Censura sería prohibir una opinión. Censura sería castigar una crítica. Censura sería condicionar la línea editorial de un medio. Nada de eso está en el centro de este debate.
Lo que se plantea es algo mucho más básico y mucho más democrático: que la ciudadanía tenga elementos claros para distinguir entre información, opinión, publicidad y propaganda.
Eso no debilita la libertad de expresión. La fortalece.
Porque la libertad de expresión no sólo protege a quien emite un mensaje. También debe proteger a quien lo recibe. La comunicación no es un privilegio exclusivo de quienes tienen micrófonos, pantallas o plataformas; también es un derecho de millones de personas que merecen recibir información clara, identificable y presentada con honestidad.
La libertad de expresión no puede entenderse como una vía de un solo sentido.
Quien informa tiene poder. Y todo poder debe ejercerse con responsabilidad.
En una época en la que una mentira puede viralizarse en minutos, destruir reputaciones, manipular emociones o alterar el debate público, defender el derecho de las audiencias no es un capricho: es una necesidad democrática.
La desinformación también daña. La propaganda disfrazada también influye. Y cuando una sociedad deja de distinguir entre hechos y opiniones, entre información y estrategia política, entre noticia y campaña, la democracia empieza a debilitarse desde adentro.
Por eso resulta profundamente irresponsable reducir este debate a una consigna.
Quienes gritan “censura” ante cualquier intento de proteger a las audiencias deberían explicar por qué les incomoda tanto que la ciudadanía sepa con claridad qué tipo de contenido está recibiendo.
¿Por qué molesta que una opinión sea identificada como opinión?
¿Por qué incomoda que una publicidad se reconozca como publicidad?
¿Por qué asusta que la propaganda no se disfrace de información?
La respuesta es evidente: porque la confusión también ha sido utilizada como herramienta de poder.
Durante años, ciertos sectores han querido que la ciudadanía consuma contenidos sin distinguir intereses, intenciones ni contextos. Han querido presentar como verdad lo que muchas veces es interpretación; como información, lo que a veces es presión política; y como análisis, lo que en realidad es propaganda.
Eso no es libertad. Eso es abuso de confianza.
Defender a las audiencias no significa atacar a los medios. Significa reconocer que la ciudadanía también tiene derechos frente a los medios. Significa entender que la democracia no sólo se juega en las urnas, sino también en la manera en que se informa, se debate y se construye opinión pública.
La crítica debe existir. La prensa debe ser libre. El periodismo debe incomodar al poder. Pero la libertad no exime de responsabilidad. Ningún derecho democrático se fortalece en la opacidad. Ninguna sociedad se vuelve más libre cuando la mentira circula sin freno y la ciudadanía queda indefensa frente a la manipulación.
Una ciudadanía mejor informada es una ciudadanía más libre. Una ciudadanía que distingue entre noticia, opinión y propaganda tiene más herramientas para decidir, exigir, participar y cuestionar.
Ese debería ser el objetivo de cualquier política pública en materia de comunicación: ampliar derechos, no restringirlos; fortalecer la deliberación pública, no empobrecerla; garantizar libertad, pero también transparencia.
Me siento profundamente orgullosa de formar parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un espacio que durante el receso constitucional mantiene viva la responsabilidad legislativa y atiende los debates que demanda el país.
Porque legislar no es sólo votar reformas. También es asumir posiciones en los debates de fondo. Es dar la cara cuando se quiere confundir a la opinión pública. Es defender principios aun cuando existan campañas para distorsionarlos.
Y este es uno de esos debates.
La protección de los derechos de las audiencias no debe verse como una amenaza para la libertad de expresión, sino como una condición para una democracia más madura: una democracia donde informar no sea manipular, donde opinar no sea engañar y donde comunicar no signifique aprovecharse de la falta de claridad.
El trabajo legislativo tampoco termina cuando se levanta una sesión. Continúa en el territorio, en las colonias, en las conversaciones con la ciudadanía y en la obligación permanente de escuchar lo que la gente vive, piensa y exige.
Porque la gente no quiere discursos vacíos. Quiere claridad. Quiere verdad. Quiere instituciones que estén de su lado. Quiere representantes que no se doblen ante campañas de miedo ni ante narrativas fabricadas para proteger intereses.
En las próximas semanas regresaremos al pleno de la Cámara de Diputados con debates importantes, reformas pendientes y una responsabilidad clara: legislar para ampliar derechos, fortalecer instituciones y responderle al pueblo de México.
Lo haremos con convicción.
Porque defender libertades también implica defender el derecho de la ciudadanía a no ser manipulada.
Porque informar no es imponer. Porque opinar no es ocultar intereses. Porque la democracia no se fortalece con confusión, sino con verdad, responsabilidad y transparencia.
La libertad de expresión se defiende con firmeza, pero también con honestidad. Y quien de verdad cree en la democracia no debería temerle a una ciudadanía mejor informada.
Diputada Federal
LXVI Legislatura