Las víctimas llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando casi todas las demás puertas del Estado se cerraron. Primero acudieron a policías que no investigaron, ministerios públicos que no escucharon, fiscalías que no encontraron la verdad y tribunales que tampoco les dieron justicia. Cuando cruzan la puerta de la CNDH no esperan milagros, pero conservan la esperanza de encontrar una institución cuya primera lealtad sea con sus derechos y no con el poder que los vulneró.
Para eso existe un ombudsperson, para exigirle al Estado explicaciones y responsabilidades cuando viola derechos o incumple su deber de protegerlos.
La Recomendación 208VG/2026 sobre Ayotzinapa me produjo una gran preocupación. Pensé que el problema central sería la forma en que deslinda institucionalmente al Ejército. Esto ya es grave, pero el documento deja ver que la CNDH cambió la dirección de su misión, y esto es más profundo.
La pregunta primordial debería ser ¿qué hizo el Estado?, ¿qué dejó de hacer y cómo responderá frente a las víctimas?
Entre una víctima y el Estado nunca hay igualdad de condiciones. El Estado concentra la fuerza pública, detiene, investiga, controla archivos e información y debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas, sus defensores, el GIEI, la CIDH y las organizaciones civiles no tienen ese poder.
Quien concentra el poder por sus obligaciones constitucionales debe soportar la mayor exigencia.
Sin embargo, la recomendación de 2026 altera esa jerarquía, cambia completamente la razón de ser de la Comisión. Desde el inicio la CNDH revisa críticamente la recomendación de 2018 y el trabajo del GIEI, de la CIDH y de organizaciones civiles. Examina sus interpretaciones, omisiones e inferencias, e incluso les atribuye la construcción de una narrativa contra las Fuerzas Armadas.
El resultado es muy delicado ya que pasa de las responsabilidades del Estado a legitimar a las instituciones públicas cuestionadas. Los documentos militares lo muestran. La Secretaria de Defensa explicó que las diferencias señaladas por el GIEI obedecían a problemas de clasificación documental. La CNDH dio por aclarada la controversia, sin exhibir una auditoría independiente del archivo militar ni un cotejo individual de los folios controvertidos.
No afirmo que Defensa haya mentido, sino que su versión debía verificarse plenamente. Las explicaciones del Estado no pueden ser el punto de llegada de una investigación de derechos humanos, sino el inicio de su escrutinio más exigente.
El contraste con la recomendación de 2018 confirma la transformación. Aquel documento tuvo deficiencias y aspectos revictimizantes, pero mantenía lo esencial: la mirada de la Comisión dirigida hacia el Estado. Defensa y Marina estaban entre las autoridades recomendadas; en 2026 ambas desaparecen de la lista.
El resultado es que la institución creada para exigirle cuentas al poder ahora dedica una parte importante de su autoridad a examinar a quienes le exigieron cuentas al Estado. Las instituciones no siempre se degradan dejando de hacer su trabajo; a veces se degradan porque voltean su mirada hacia otro lado.
Lo grave no es sólo lo que esta recomendación concluye sobre Ayotzinapa, sino el precedente que deja para las próximas víctimas. La confianza no exige que la Comisión les dé siempre la razón, sino que el poder sea sometido al escrutinio más riguroso.
Mientras existan víctimas, México necesitará una institución cuya primera lealtad no sea con el gobierno, sino con los derechos de las personas frente al Estado.
Ésa fue la promesa con la que nació la CNDH. Esta recomendación muestra hasta dónde se ha roto y deja a las víctimas ante una pregunta que nunca deberían hacerse: si esa sigue siendo la última puerta a la que pueden acudir.
AVISO: Esta columna tomará dos semanas de descanso, para publicarse nuevamente el 08 de agosto.
Presidenta de Causa en Común