El otro uniforme

Raúl Guadalupe Magaña Martínez tenía 36 años y era policía municipal de Lagunillas, Michoacán. El 21 de abril salió con sus compañeros a atender el reporte de un camión robado. Cuando se aproximaron a la unidad, hombres armados los recibieron a balazos. Raúl no volvió a casa, como cientos de policías que tienen el mismo destino fatal. Casi cinco meses después, su familia acudió a los medios para denunciar que no había logrado ser recibida por el alcalde para preguntar qué apoyos y prestaciones le correspondían por su muerte en cumplimiento del deber.

El miércoles vimos desfilar por la Ciudad de México a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas con uniformes impecables, bandas de guerra, vehículos, aeronaves, honores y aplausos. Es una tradición nacional y una forma de reconocer a quienes arriesgan la vida en nombre del Estado. Está bien que así sea. Lo difícil de explicar es por qué tratamos de manera tan distinta a quienes también visten uniforme, enfrentan delincuentes y pueden no regresar a casa después de una jornada de trabajo.

En lo que va de 2026 han sido asesinados al menos 212 agentes de seguridad, según el registro de Causa en Común. Ochenta y cinco eran policías municipales y 66 estatales. Tan sólo entre el 4 y el 10 de septiembre asesinaron a diez. Desde que comenzó este sexenio, al menos 654 agentes han perdido la vida de manera violenta. La diferencia no está sólo en los honores, también está en los derechos.

México construyó para sus militares un sistema que contempla seguro de vida, pensiones, retiro, servicio médico integral, vivienda, créditos hipotecarios, becas para sus hijos y apoyos en caso de muerte. Es lógico, quien arriesga la vida por el Estado debe saber que su familia no quedará abandonada.

¿Por qué esa misma lógica no se aplica a los policías?

Apenas 52.5 por ciento de los policías municipales cuenta con algún esquema válido de seguridad social. Sólo 26 por ciento tiene prestaciones para retiro o jubilación y 51.6, seguro de vida. Apenas 7.6 por ciento accede a créditos para vivienda; 8.6 a becas escolares para sus hijos, y 21.4 dispone de algún apoyo para su familia si muere en cumplimiento del deber.

No se trata de quitar derechos a los militares. Se trata de garantizar un piso mínimo semejante para quienes patrullan nuestras calles, muchas veces con menos equipo, respaldo y salario.

Esta semana se presentó en el Senado una iniciativa para crear un Fondo Federal Permanente para fortalecer a las policías estatales y municipales, incluso en materia de dignificación laboral que se sumaría a otros fondos federales para seguridad existentes. Por supuesto es positivo que el problema se reconozca, pero sigue faltando lo esencial: garantizar derechos mínimos a todo policía, sin importar el estado o municipio donde sirva.

Si el riesgo de morir por portar un uniforme es nacional, también debería serlo la protección: seguro de vida, atención médica, vivienda, becas para sus hijos, retiro digno y respaldo real para su familia.

Podemos seguir enviando soldados a cubrir los vacíos que dejamos crecer durante décadas; podemos comprar patrullas, uniformes y armas, pero difícilmente construiremos buenas policías mientras quienes las integran sepan que, si faltan, sus familias estarán vulnerables, buscando o incluso rogando los apoyos que por ley les debería corresponder.

El miércoles aplaudimos a quienes desfilaron frente a nosotros. Muchos merecían ese reconocimiento. Raúl quien vestía un uniforme, salió a cumplir con su deber y no volvió, también merece reconocimiento y que su familia tenga el derecho a una vida digna.

A unos los honramos con desfiles. A otros, demasiadas veces, sólo los contamos cuando los matan.

Presidenta de Causa en Común

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