Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, desaparecida hace casi un año en el Ajusco, lo dijo con una dolorosa claridad durante las protestas alrededor de la inauguración del Mundial: “No estamos en contra del deporte, no venimos a manifestarnos de forma violenta, el Estado ya ha ejercido mucha violencia contra nosotras, pero se han invertido millones en una fiesta mundialista cuando tenemos 133 mil desaparecidos”. Tiene razón, miles de desaparecidos sin voluntad política y sin recursos financieros para encontrarlos.
Esa frase debería bastar para desarmar cualquier intento de descalificar a quienes salieron a la calle. Las madres buscadoras no fueron a arruinar una fiesta. Fueron a recordarle al mundo, que mientras México presume estadios, pantallas y discursos de orgullo nacional, miles de familias siguen buscando a sus hijos con sus propias manos.
Hay recursos, coordinación y voluntad política para organizar espectáculos globales; para quienes buscan a sus hijas, hijos, hermanos, padres o madres, hay abandono, burocracia e impunidad. Hay dinero para blindar los alrededores de un estadio, pero no para garantizar la primera obligación de cualquier Estado: proteger la vida, buscar a los desaparecidos y hacer justicia.
La tragedia de las personas desaparecidas es la más dolorosa de todas, porque no hay nada más cruel que vivir sin saber dónde está una hija; porque no hay abandono más profundo que el de un Estado que obliga a las familias a buscar con palas, varillas, fotografías y miedo, y porque mientras unos celebran, otros siguen cavando.
Esa no fue la única tragedia que salió a la calle. A pesar del discurso oficial que insiste en negar el descontento social, la realidad se impuso. La inauguración de la justa deportiva mostró que hay muchas causas justas sin atender, aunque el gobierno quiera reducirlas a bots, campañas o provocaciones, éstas existen y son cada día más.
Se manifestaron familias buscadoras, transportistas, campesinos, trabajadores de la salud, pensionados, maestros, organizaciones sociales y ciudadanos que encontraron en la inauguración no una causa de protesta, sino una ventana para hacerse escuchar.
Los transportistas reclaman seguridad en carreteras tomadas por la extorsión. Los médicos denuncian hospitales sin insumos suficientes. Los campesinos reclaman apoyos, financiamiento y condiciones mínimas para trabajar la tierra. Los maestros protestan por promesas incumplidas. Las familias de desaparecidos exigen búsqueda, verdad y justicia. Son demandas distintas, sí, pero todas apuntan al mismo problema: un Estado que administra discursos, pero no resuelve el sufrimiento cotidiano.
El problema no es el futbol; tampoco lo es que millones de personas quieran celebrar. México ama el futbol y tiene derecho a vivir una fiesta mundialista. El problema es que el gobierno quiera usar esa fiesta como vitrina de normalidad, como si el país estuviera en calma, como si la violencia, la extorsión, la precariedad, el abandono del campo, la crisis de salud y las desapariciones pudieran esconderse detrás de una ceremonia inaugural.
El Mundial no provocó la inconformidad social, solo le quitó la cortina al país que el gobierno quería esconder. La protesta no mancha el evento, pero revela al México real. Mientras unos celebran, otros siguen pagando extorsiones, otros atienden hospitales sin medicamentos y otros trabajan la tierra sin recursos. Ese también es México. El México que no cabe en las imágenes cuidadosamente producidas para el mundo ni en la ceremonia inaugural.
Ningún espectáculo global puede tapar una realidad nacional tan dolorosa. Si el gobierno no quiere verla, la sociedad se la va a seguir poniendo enfrente. Cuando el mundo miró a México, no solo vio futbol; también vio un país herido que sigue exigiendo ser escuchado.
Presidenta de Causa en Común