Dentro de los principales malestares que acongojan a las sociedades del mundo se encuentra el hambre y la malnutrición de la población, que se reproduce como una deplorable condición cuyo impacto recae primordialmente en los grupos más vulnerables y se agrava de forma proporcional a los niveles de desatención que los gobiernos implementen para su erradicación.
Desde el aparato gubernamental se ha priorizado la definición de políticas públicas especializadas en mitigar esta onerosa situación. Destacando suscribir diversos tratados internacionales que reconozcan la lucha contra el hambre y la malnutrición y promover en la legislación interna herramientas y programas que combatan esta adversa situación.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar; y en especial, la alimentación. Además, en la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, se proclama el inalienable derecho de los hombres, mujeres y niños a no padecer estos malestares a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales.
En nuestra Carta Magna, el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el artículo 4º al estipular que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la cual será garantizada por el Estado.
Desafortunadamente, en nuestro país las consecuencias del acceso insuficiente a los alimentos son reales y colosales, afectando a un considerable porcentaje de la población en el país. De acuerdo con datos del Coneval en 2016 más de 24 millones de mexicanos padecían carencia alimentaria y si en la actualidad le sumamos los efectos de la crisis sanitaria y económica, esta situación se torna más compleja.
Por ello, en el sexenio anterior se implementó la Cruzada contra el Hambre, con el programa de comedores comunitarios que surgió como una medida para dar acceso alimenticio a la población. Justo es señalar que con base en el último reporte realizado en 2017-2018, el programa logró tener cobertura en las 32 entidades federativas, con presencia en el 26% de los municipios del país. Cabe señalar que al cierre de 2018, la Sedesol operaba más de 5 mil comedores comunitarios que beneficiaban a más de 540 mil personas. Generando no sólo acceso a la alimentación sino también fomentaba la relación familiar y social, la sana convivencia, la igualdad de género, la cultura, la comunicación, el encuentro, la participación, la cohesión e inclusión social.
No obstante, la importancia y eficiencia de esta política pública, en 2019 de forma inexplicable se eliminó el programa de comedores comunitarios, obligando su cierre. Es inconcebible hablar de un Estado de bienestar sin que este sea capaz de garantizar las medidas más elementales para hacer frente al problema del hambre y la malnutrición.
Las políticas sociales alimentarias son indudablemente una necesidad que trasciende colores y partidas, es una deuda con la población más desfavorecida.
Ante tal situación y en la actual coyuntura, es indispensable que el gobierno federal asuma su responsabilidad en esta materia. Por ello, el martes pasado presenté ante el pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Ayuda Alimentaria Social, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 4º constitucional en la que se regule el acceso irrestricto de cualquier persona a una ración alimenticia digna. Asimismo, esta ley institucionaliza el programa de comedores comunitarios y garantiza que toda persona que se encuentre en territorio nacional y no tenga los medios para conseguir alimento, pueda ser beneficiario de este derecho constitucional.
Senador de la República. @manuelanorve
