El proceso electoral 2027 ya comenzó. Será una batalla de amplio espectro: se renovará la Cámara de Diputados federal; en el ámbito local estarán en juego 17 gubernaturas, 1,098 alcaldías y cabildos —incluidas las de CDMX— y 31 legislaturas. Es mucho poder en la balanza y su definición se regirá por la ley de la selva, bajo la consigna cuatrotera “no me vengan de que la ley es la ley”. La competencia no será una liza democrática, edificante y civilizada. Imperará la barbarie del circo romano, en la que los jueces, serviles del emperador, con el pulgar decidían la vida o muerte de los contrincantes.

Y será así porque ya no existe el Instituto Nacional Electoral (INE) democrático y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó de ser una instancia que garantice la legalidad y legitimidad de los resultados. Su “jurisprudencia” es un monumento al fraude electoral, un codicilio de prácticas para subvertir la celebración de elecciones con voto libre y secreto.

Su aberrante resolución que legalizó los llamados “acordeones”, y la última invención, que seguramente se impondrá: validar “boletas planchadas”, o sea, votos que no se depositan en la urna son algunas de las aportaciones al catálogo a la endémica indecencia electoral mexicana que regresó por sus fueros. Mal que había logrado mitigar durante el periodo de la transición democrática (1997-2018).

Para todo efecto práctico, en 2027, las estructuras organizadoras y los árbitros del proceso ya son piezas del engranaje del partido de estado.

Si la oposición y los ciudadanos demócratas no asumimos plenamente esta cruda realidad, todos los esfuerzos y empeños que se realicen podrían desembocar en una nueva debacle electoral con muchos ilusos desilusionados.

Los hechos nos interpelan. Las campañas ya comenzaron pese a que la ley no lo permite. La maquinaria del régimen autoritario, en la que se articulan las células parapartidistas territoriales de los programas sociales con las estructuras del partido de estado, operan permanentemente en modo campaña, ya postuló candidatas y candidatos. Bardas, espectaculares y gastos multimillonarios, cuyo financiamiento se escapa a cualquier control y verificación, auspiciado por la simbiótica ceguera de la autoridad competente, cubren el territorio patrio.

Así, con las reglas de equidad trastocadas y atropelladas, avanzamos a la cita del 6 de junio del año próximo. En la selva, pues; con el imperio de la ley del más fuerte, del más desacatado y del más tramposo. Un territorio donde reina el cinismo impune. Ecosistema donde los delincuentes y criminales emergen como autoridades y legisladores.

¿Qué hacer? preguntan los ciudadanos libres. ¿Cómo actuar? se devanan los sesos los dirigentes de organizaciones cívicas independientes. ¿Cómo nos organizamos? reflexionan en los cenáculos de los partidos políticos, jaloneados por sus tribus internas que no ven más allá de sus intereses locales y particulares.

En esa búsqueda, surge la propuesta de formar alianzas entre partidos de oposición para enfrentar al Leviatán morenista que se dispone a devorar cualquier reducto de verdad, libertad y libre opinión en la sociedad mexicana. ¿Son las alianzas entre partidos con principios diferentes, contendientes durante décadas, una opción ética, y una herramienta pertinente en la actual situación política de México?

Presidente Nacional del PAN 1999-2005 @lf_bravomena

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