Esta semana, México tendrá en teoría una oportunidad que, en cualquier otro contexto, sería oro molido: la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea. Un pacto que promete inversiones, acceso preferencial a mercados y una vía para reducir la dependencia económica respecto a Estados Unidos. Pero hoy, muy probablemente, ese acuerdo terminará engrosando la larga lista de posibilidades desperdiciadas por un país atrapado en las consecuencias de lo que su propio gobierno ha sembrado durante años.
Porque mientras el oficialismo prepara la fotografía del próximo 22 de mayo con banderas europeas, sonrisas y discursos sobre prosperidad; la realidad mexicana cuenta otra historia. La economía acaba de contraerse 0.8% en el primer trimestre de 2026. S&P degradó la perspectiva crediticia del país a negativa. Y amplias regiones del territorio viven bajo una dinámica donde el crimen organizado ya no sólo trafica drogas: cobra piso, desplaza poblaciones y controla corredores logísticos completos.
Ahí está la verdadera contradicción del acuerdo. Sobre el papel, el pacto con Europa promete ventajas enormes: reducción de aranceles, protección jurídica para empresas y nuevas cadenas de valor. Pero los tratados comerciales no funcionan en el vacío. Necesitan carreteras seguras, energía estable, agua, puertos funcionales y, sobre todo, Estado.
Y ese es precisamente el recurso que México empieza a agotar.
Hoy cerca del 75% del presupuesto federal está comprometido en pensiones, programas sociales y pago de deuda. El margen fiscal es prácticamente inexistente. No hay dinero suficiente para construir la infraestructura que los propios inversionistas europeos necesitarían para operar. México quiere atraer capital del siglo XXI mientras administra capacidades estatales cada vez más deterioradas.
La ironía se vuelve todavía más brutal en los capítulos del acuerdo dedicados a “certeza jurídica” y protección de inversiones. Mientras Bruselas negocia mecanismos para dar confianza a las empresas, México avanza exactamente en sentido contrario. La reforma judicial impulsada por el oficialismo dinamitó buena parte de la credibilidad institucional del país al abrir la puerta a jueces electos bajo presión política y captura de intereses. El gobierno celebra un tratado que exige reglas claras justo después de debilitar al árbitro encargado de hacerlas valer.
A eso se suma la dimensión más alarmante de la crisis: un Estado que comienza a perder, en los hechos, el monopolio del control territorial. Esta misma semana, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que el crimen organizado en México ha evolucionado hacia formas de gobernanza paralela que desafían a las autoridades locales. Y eso tiene consecuencias económicas inmediatas. El verdadero impuesto que hoy ahuyenta inversiones no son ya los aranceles. Es el impuesto criminal: extorsión, cobro de piso, robo de carga y bloqueos carreteros. Ninguna empresa europea decidirá sus inversiones únicamente comparando tarifas comerciales. Las decidirá preguntándose si sus mercancías podrán atravesar el país sin cruzar retenes del crimen organizado.
Por eso el acuerdo europeo también funciona como un intento desesperado de diversificación geopolítica frente a una relación cada vez más tensa con Washington. Pero incluso los salvavidas tienen límites. Europa puede ofrecer mercados e inversión. Lo que no puede ofrecer es gobernabilidad interna. Ningún tratado firmado en Bruselas resolverá un país fracturado desde dentro. Porque al final, los acuerdos comerciales pueden traer motores económicos nuevos. El problema es que México empieza a quedarse sin combustible institucional para hacerlos funcionar.