Durante décadas, México imaginó al “extraño enemigo” como una amenaza que llegaba de fuera para profanar con su planta el suelo nacional. Un ejército extranjero. Una invasión visible cruzando la frontera. Jamás pensamos que para encontrarlo habría que dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro.
Y eso es precisamente lo que vuelve explosivo el caso Sinaloa.
Mientras México y Estados Unidos elevan el tono de una confrontación que parece avanzar sin frenos, la pregunta ya no es únicamente hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump. La pregunta más incómoda es hasta dónde está dispuesto a llegar el propio gobierno mexicano para proteger a actores políticos señalados de vínculos criminales. Aunque en el proceso termine poniendo en riesgo al país entero.
Washington ya cruzó líneas que hace apenas unos años habrían parecido impensables. La designación de los grandes cárteles mexicanos como organizaciones terroristas abrió la puerta a una discusión antes inimaginable: la posibilidad de que México sea visto como un “narcoestado”, es decir, un Estado incapaz —o renuente— a romper los vínculos entre crimen organizado y poder político.
Quienes rechazan llamar terroristas a los cárteles suelen decir que esos grupos no persiguen objetivos políticos. Pero basta mirar ciertas regiones del país para entender que eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo. Un grupo armado que decide candidatos, controla territorios, financia campañas y asesina funcionarios para mantener dominio territorial ya no opera únicamente como una estructura criminal.
Y ese es el corazón del problema.
Porque el gobierno mexicano hoy pide “pruebas irrefutables” en el caso contra Rubén Rocha y otros funcionarios señalados por Estados Unidos. Como si durante años no hubieran existido investigaciones periodísticas, informes independientes y una realidad completa frente a los ojos del país. Al pretender que nada era visible hasta que apareció una acusación formal, lo que termina comunicándose es negligencia. O peor aún: complicidad.
La contradicción resulta todavía más evidente con el doble estándar. Durante los últimos quince meses, el propio Estado mexicano entregó a 92 personas reclamadas por Estados Unidos mediante mecanismos extraordinarios y opacos. Para todos ellos bastó un umbral mínimo. Pero cuando las acusaciones alcanzaron a figuras del poder político, el estándar cambió súbitamente hasta volverse prácticamente imposible.
Mientras tanto, Donald Trump escala la presión pública. “Si no van a hacer el trabajo, nosotros haremos el trabajo”, dijo esta semana al referirse a operaciones terrestres contra el narcotráfico. Y aunque semejante amenaza representa un nivel alarmante de tensión bilateral, también obliga a mirar el origen del desastre: México fue el primero en comprometer su soberanía al permitir que organizaciones criminales alcanzaran niveles de control territorial y penetración institucional incompatibles con cualquier democracia funcional.
Y en medio de esta escalada, el gobierno mexicano intenta colocar al país frente a una disyuntiva insoportable: elegir entre la injerencia extranjera o la injerencia criminal. Hoy llaman a “defender la soberanía” frente a Washington. Pero ¿dónde estuvo esa defensa de la soberanía cuando comunidades enteras quedaron bajo control del crimen organizado? ¿Dónde estuvo cuando los cárteles impusieron candidatos y capturaron estructuras de gobierno?
Quizá por eso el himno tenía razón. Sí existe un extraño enemigo. Y quizá por eso el gobierno evita buscarlo a toda costa: correría el riesgo de encontrarse a sí mismo.
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