Las sociedades no cruzan los grandes umbrales de un solo salto. Primero se acostumbran a pequeñas renuncias. A convivir con expedientes reservados, investigaciones inconclusas y responsabilidades diluidas. Cuando finalmente llega la decisión que meses atrás habría parecido impensable, buena parte del trabajo político ya está hecho. El umbral de lo tolerable se ha movido casi sin que nadie lo advierta.
Han pasado más de setenta días desde que Rubén Rocha Moya pidió licencia tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, el Gobierno Federal ha levantado uno de los mayores blindajes políticos e institucionales de la historia reciente alrededor de este caso. El expediente diplomático fue reservado hasta 2031. Las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Nadie ha rendido cuentas. Los sinaloenses continúan atrapados en un infierno de violencia. Lo único que sí ha cambiado es la conversación. Cada vez estamos más lejos de la verdad y más cerca del regreso de Rubén Rocha Moya al poder. Si es que en los hechos alguna vez se fue.
Que hoy el debate público gire alrededor del posible regreso de Rubén Rocha Moya es, por sí mismo, un síntoma del deterioro institucional que vive el país. Y si ese regreso llega a concretarse, no será únicamente el retorno de un gobernador políticamente radioactivo. Estaríamos frente a una de las expresiones más claras de la claudicación del Estado mexicano ante la lógica de la impunidad. Estaríamos, también, ante la confirmación de que el régimen está dispuesto a asumir el costo político y diplomático de ser visto como un narcogobierno señalado, antes que poner en riesgo la cohesión interna de su movimiento.
Defender la jurisdicción mexicana implica demostrar que las instituciones mexicanas pueden investigar con independencia, deslindar responsabilidades y aplicar la ley sin distingos. Sin embargo, cuando la presión sobre Rocha Moya aumentó, el Gobierno optó por otra estrategia: resucitar el caso Mayo Zambada para reinstalar el discurso de la injerencia estadounidense. La pregunta dejó de ser qué ocurrió en Sinaloa y volvió a ser la supuesta injerencia de Estados Unidos. Ese cambio de narrativa no esclarece un solo hecho. Solo evita discutirlos. Las investigaciones son contra personas, no contra el Estado mexicano. Confundir deliberadamente ambas cosas convierte cualquier exigencia de rendición de cuentas en un supuesto agravio contra la nación.
El eventual regreso de Rocha tampoco puede entenderse como un asunto exclusivamente local. Ocurre en el momento más delicado de la relación bilateral en décadas. Mientras México insiste en separar el caso Sinaloa de la agenda económica, en Washington la confianza institucional pesa cada vez más. La revisión anual del T-MEC es una señal de que el comercio ha dejado de ser el gran dique de contención entre ambos países. Si esa ancla comienza a ceder, expedientes como el de Rocha dejarán de ser vistos como asuntos internos para convertirse en un factor más de la relación bilateral.
La paradoja es evidente. En nombre de la soberanía, el Gobierno ha terminado debilitando aquello que dice defender. Ninguna soberanía se fortalece ocultando expedientes o blindando políticamente a quienes deberían ser investigados. Al contrario: se fortalece cuando las instituciones demuestran que la ley también alcanza al poder.
Si Rubén Rocha Moya regresa a la gubernatura, el verdadero problema no será el destino político de un solo hombre. Será el mensaje que el Estado mexicano habrá decidido enviar sobre sí mismo: que preservar el poder importa más que esclarecer la verdad. Hay decisiones que marcan un gobierno. Y hay otras que terminan definiendo una época.