Antes del terremoto, Venezuela ya era un país lleno de ruinas invisibles.
No las que dejan los edificios derrumbados ni las carreteras fracturadas, sino las que se acumulan cuando un régimen pasa décadas erosionando aquello que sostiene a una nación. Un terremoto destruye en segundos. Un proyecto autoritario lo hace lentamente: vacía instituciones, degrada los servicios públicos, normaliza la corrupción y convierte al Estado en un instrumento para conservar el poder antes que para proteger a los ciudadanos.
Por eso la tragedia que hoy conmueve al mundo merece una reflexión doble. La primera sólo puede ser de solidaridad con las víctimas. La segunda deja una advertencia que trasciende a Venezuela. Se puede acumular todo el poder y saquear un país durante años. Lo que no se puede hacer es ocultar las ruinas para siempre. Tarde o temprano, toda borrachera de poder termina.
Y las catástrofes tienen esa extraña capacidad de desnudar a los Estados. Eliminan la propaganda y derrumban los decorados. Lo único que queda es la capacidad —o la incapacidad— de un gobierno para proteger la vida. Y cuando el polvo empezó a asentarse, quedó al descubierto una devastación mucho más antigua. La de un país al que el chavismo fue despojando, durante casi tres décadas, de Estado de derecho, servicios públicos, garantías, seguridad, riqueza y futuro; obligando a millones de ciudadanos al exilio.
Hoy los testimonios son devastadores. Bomberos sin equipo. Hospitales desbordados. Vecinos removiendo concreto con las manos mientras esperaban maquinaria que nunca llegaba. Edificios construidos bajo el discurso triunfalista de la revolución, pero sin supervisión técnica. El terremoto no provocó esas carencias. Sólo las dejó al descubierto.
Sin embargo, la historia no termina ahí. Venezuela enfrenta ahora una paradoja inédita. Nicolás Maduro cayó, pero el sistema sobrevivió. Delcy Rodríguez gobierna con el respaldo de Donald Trump en un experimento que muchos ya describen como un “chavismo trumpista”. Cambió el padrino internacional, pero persisten demasiados reflejos del viejo régimen. Bastaron unas horas para que la prensa internacional comenzara a documentar cómo el gobierno intenta monopolizar la ayuda humanitaria, obstaculizar a la sociedad civil y convertir la reconstrucción en una operación de legitimación política.
Ahí reside la verdadera prueba para Washington. Durante meses, la Casa Blanca defendió su estrategia en Venezuela argumentando que primero vendría la estabilidad y después la transición democrática. El terremoto amenaza con alterar ese calendario. Porque la estabilidad nunca puede construirse sobre instituciones devastadas. Reconstruir carreteras, hospitales y viviendas será infinitamente más sencillo que reconstruir un Estado cuya capacidad fue sacrificada durante años en nombre de la revolución.
La oposición también enfrenta una hora decisiva. La reconstrucción exige liderazgo, al igual que cercanía, legitimidad y una brújula moral capaz de acompañar a una sociedad rota. Las tragedias suelen suspender la política durante unos días, pero no la cancelan. Y más temprano que tarde volverán las preguntas sobre el futuro democrático del país.
Los escombros que hoy asfixian a Venezuela tendrán que ser removidos. La devastación invisible tardará mucho más. Pero la historia tiende a recordarnos una ironía implacable: los pueblos casi siempre encuentran la manera de reconstruirse. Los regímenes autoritarios, en cambio, terminan contemplando, tarde o temprano, sus propias ruinas.
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