Durante semanas el gobierno mexicano sostuvo la misma línea frente al caso Sinaloa: no podía actuar hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos enviara pruebas formales. No podían mover un dedo. No había expediente. No había caso.
Y entonces llegó el giro inesperado. El mismo día que la FGR abandonó su argumento de que no podía actuar sin pruebas enviadas formalmente desde Estados Unidos, el gobierno colocó junto al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un citatorio contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Dos expedientes distintos. Dos tiempos procesales distintos. Pero una misma necesidad política: simular imparcialidad.
Porque jurídicamente ambos asuntos no tienen nada que ver. No comparten acusaciones, ni origen procesal, ni contexto político. Y aun así la Fiscalía decidió mezclarlos dentro del mismo comunicado. El mensaje parecía diseñado: “No perseguimos solo opositores. También investigamos a los nuestros".
Pero incluso dentro de la simulación se alcanza a ver la diferencia de trato.
Con Maru Campos hubo exhibición pública y fecha clara para comparecer. Con Rubén Rocha Moya, en cambio, todo apareció escondido entre párrafos y lenguaje burocrático. No hubo imagen. No hubo urgencia. Ni siquiera sabemos si ya recibió formalmente el citatorio o cuándo comparecerá.
Y entonces ocurrió algo todavía más extraño: la Secretaría de Gobernación salió después a aclarar que tanto Campos como Rocha fueron citados “en calidad de testigos”, recordando además que la FGR es autónoma. Pero si la Fiscalía es autónoma, ¿por qué Gobernación necesita intervenir políticamente para explicar los citatorios? ¿Y por qué sienten la necesidad de aclarar algo que jurídicamente debería ser obvio?
Al parecer, mientras más intentan administrar políticamente el caso, más preguntas aparecen. Y la principal ya no es si Rocha fue citado o incluso si ya declaró como “testigo”. La verdadera pregunta es si realmente vamos a obtener respuestas sobre financiamiento criminal de campañas, operadores políticos, intervención electoral del crimen organizado o por qué, si hace apenas dos años la propia FGR concluyó que la fiscalía de Sinaloa fabricó un montaje para encubrir el asesinato de Héctor Melesio Cuén —rival político de Rocha—, el gobernador nunca fue citado a declarar, entre muchos otros temas.
Ahí está el verdadero problema. El gobierno mexicano llega a este momento sin credibilidad institucional para convencer a nadie de que estamos frente a una investigación imparcial. No después de semanas minimizando el caso Sinaloa, cerrando filas alrededor de los señalados y desacreditando acusaciones provenientes de Estados Unidos. La propia Presidenta insistió en que los citatorios “no tienen nada de político”. Pero tienen todo de político.
Y eso conecta con algo todavía más preocupante. El gobierno llega tarde y forzado a “investigar” el caso Sinaloa. Porque incluso si mañana procesaran a todos los señalados, el pecado original seguiría intacto: la narcopolítica.
Y en lugar de concentrarse en extirpar ese tumor, el sistema parece moverse en sentido contrario. Ahora, bajo el argumento de combatir la “intervención extranjera”, Morena impulsa una propuesta para que autoridades electorales puedan anular elecciones por presuntas injerencias externas. El partido que asegura no haber visto la infiltración del crimen organizado en sus propias filas no parece escandalizado por el señalamiento, sino porque alguien desde fuera se atrevió a exhibirlo.
Porque quizá el verdadero giro ya no sea la investigación del caso Sinaloa, sino la construcción de un sistema capaz de sobrevivir políticamente a él…y a todos los otros Rocha. A cualquier costo.